Por Stakeholders
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La COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, celebrada en Ulán Bator, Mongolia, terminó sin un acuerdo global para enfrentar las sequías, pese a que este fenómeno afecta cada vez a más regiones y agrava problemas como la degradación de los suelos, los incendios y la inseguridad alimentaria.
Los países decidieron continuar las negociaciones durante la COP18, prevista para 2028 en Egipto. La falta de consenso supone un nuevo retraso para establecer un marco específico contra la sequía, mientras distintas regiones ya enfrentan episodios extremos.
La cumbre sí consiguió avances en materia de financiamiento y herramientas para prevenir y enfrentar estos fenómenos. También reconoció que la sequía deberá recibir un tratamiento específico en los próximos trabajos de la convención y de sus órganos científicos y de implementación.
COP17: ¿por qué no hubo un acuerdo contra la sequía?
La decisión de postergar el acuerdo llega en un contexto de creciente presión sobre los territorios. En Bolivia, algunas regiones se encuentran en alerta por sequía extrema; en Colombia, los incendios registrados en Tolima han destruido al menos 27.000 hectáreas de vegetación, bosques, pastos y cultivos.
Más de 70 países ya cuentan con planes para gestionar la sequía, según Naciones Unidas, pero los avances siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema. Durante la COP17, los Estados acordaron que el Mecanismo Mundial de la convención continúe ayudando a los países a movilizar recursos y desarrollar metas y planes de acción.
Uno de los puntos que quedó pendiente fue la creación de un protocolo específico para financiar proyectos de prevención de sequías en los países y regiones más vulnerables, una demanda impulsada principalmente por naciones africanas.
Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, consideró positivo que la discusión continúe pese a la falta de consenso.
“En estos procesos las cosas no se dan lo rápido que a uno le gustaría, pero por lo menos sigue vivo. Hay que poner de relieve que ha habido compromiso para seguir las discusiones y no poner en un cajón sin abordar una problemática a la que ningún país escapa ya”, señaló al medio Mongabay Latam.
¿Qué avances dejó la COP17?
Aunque el principal acuerdo contra la sequía quedó pendiente, los países y organismos participantes anunciaron mecanismos para aumentar la capacidad de respuesta ante este fenómeno.
Uno de ellos es el Fondo de Inversión para la Resiliencia ante la Sequía, conocido como DRIF, una iniciativa de la Convención de Naciones Unidas y el Gobierno de Luxemburgo que busca movilizar hasta US$400 millones de recursos públicos y privados.
El fondo financiará iniciativas relacionadas con seguridad hídrica, agricultura sostenible, soluciones basadas en la naturaleza y restauración de tierras. Además, gobiernos, bancos de desarrollo y empresas anunciaron compromisos por US$1.300 millones para 23 países de cinco continentes.
La cumbre también presentó la herramienta IDRO, diseñada para evaluar la capacidad de los países para medir, prevenir y adaptarse a las sequías mediante el procesamiento de información científica.
La sociedad civil queda fuera de decisiones clave
Otro de los puntos más polémicos de la COP17 fue la participación de la sociedad civil. Pueblos indígenas, comunidades locales, mujeres y jóvenes esperaban fortalecer su participación en las decisiones relacionadas con la restauración de tierras, la gestión del agua y la resiliencia frente a la sequía.
Sin embargo, Estados Unidos objetó desde el inicio la inclusión de varios de estos temas en la agenda oficial, lo que terminó bloqueando su discusión formal y trasladándola a la COP18.
La exclusión también se reflejó en algunos textos aprobados durante la conferencia. El borrador relacionado con la postergación del acuerdo sobre sequía no incluyó referencias a género ni a pueblos indígenas.
La situación generó críticas entre representantes de organizaciones sociales. Di Pangracio advirtió que la decisión podría convertirse en un precedente para otros procesos ambientales internacionales.
“Se teme que sea un precedente que después pueda replicar y hacer mecha en otras convenciones”, sostuvo. La especialista añadió que la sociedad civil deberá defender los avances alcanzados durante años en las tres grandes convenciones ambientales de Naciones Unidas.
Beth Roberts, directora del Centro para los Derechos de las Mujeres sobre la Tierra de Landesa, consideró que Estados Unidos utilizó las reglas de consenso de la convención para excluir asuntos que su Gobierno considera poco relevantes.
Para Roberts, la evidencia muestra que una mayor igualdad de género favorece el desarrollo de las sociedades. “No cambia la realidad de que con mayor igualdad de género tenemos un mundo mejor para todas las personas en toda su diversidad”, afirmó al citado medio.
Andrea Meza Murillo, secretaria ejecutiva adjunta de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, también defendió la necesidad de mantener una participación activa de la sociedad civil ante un escenario geopolítico cada vez más complejo.
“Si existe una sociedad civil y un sector privado fuertes pueden continuar con eso. Creo que en el nuevo contexto geopolítico tendremos cada vez más dificultades para lograr resultados ambiciosos mediante la negociación”, señaló.
