Por Stakeholders
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El reciente dictamen aprobado por mayoría en la Comisión de Educación del Congreso ha generado un verdadero terremoto en el sistema universitario peruano. La propuesta legislativa plantea imponer el “ciclo cero” como única modalidad de ingreso a todas las universidades del país, tanto públicas como privadas, lo que ha encendido las alarmas de autoridades académicas, organizaciones civiles y empresariales, así como de especialistas en educación superior.
El denominado “ciclo cero” obliga a los postulantes a cursar un semestre académico previo en un centro preuniversitario operado por la propia universidad. Solo aquellos que aprueben con nota mínima de 13 podrán acceder a una vacante. Según los congresistas Waldemar Cerrón y Segundo Montalvo, impulsores de esta iniciativa, la propuesta busca garantizar igualdad de oportunidades y mejorar los niveles académicos de los ingresantes.
No obstante, diversos sectores han calificado esta iniciativa como un atentado directo a la autonomía universitaria, al derecho de las universidades a establecer sus propios procesos de admisión, y como una imposición arbitraria desde el Congreso que, además, carece de estudios técnicos, evaluaciones presupuestales o respaldo del Ministerio de Educación.
En un pronunciamiento público firmado por más de 40 organizaciones del sector privado —reunidas bajo el “Pacto por la Educación de Calidad”— se rechaza tajantemente esta medida. “No existe ninguna base legal que faculte al Congreso a imponer contenidos académicos, ni formas de ingreso ni costos de los servicios educativos. Esta norma desconoce el rol rector del Ministerio de Educación y constituye un grave retroceso institucional”, señala el documento.
El pronunciamiento también acusa al Congreso de llevar adelante una serie de iniciativas populistas y sin sustento técnico, como la creación de 20 nuevas universidades públicas y 40 nuevos institutos tecnológicos sin presupuesto, ni evaluación técnica ni opinión favorable de las entidades competentes.
Universidades públicas advierten colapso financiero y posible inconstitucionalidad
El rechazo ha sido particularmente enfático desde las universidades públicas. La Asociación Nacional de Decanos del Perú señaló en un comunicado que la implementación del “ciclo cero” no solo vulnera la autonomía universitaria, sino que también representa una carga financiera imposible de asumir. “El dictamen constituye un atropello inaceptable que pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema público universitario. Se pretende financiar con S/42.90 mensuales por alumno todo un semestre preuniversitario, incluyendo docentes, materiales, laboratorios, servicios y personal administrativo”, indica el texto.
Los decanos precisan que ni siquiera los ingresos generados por 40 estudiantes alcanzarían para pagar el sueldo de cinco docentes, mucho menos para garantizar condiciones básicas de calidad. “Este dictamen impone a las universidades una función que corresponde al Estado, sin una asignación presupuestal, en un contexto donde ya sufrimos recortes sistemáticos y falta de plazas remunerativas”, advirtieron.
Además, anunciaron que, de aprobarse esta ley en el Pleno del Congreso, se interpondrán demandas de inconstitucionalidad por violar el artículo 18 de la Constitución, así como jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre autonomía universitaria y sostenibilidad presupuestaria.
Universidades privadas también alzan la voz: “No aceptaremos imposiciones políticas”
Desde el sector privado, el Consorcio de Universidades (integrado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima y la Universidad Peruana Cayetano Heredia) expresó su rechazo tajante. En un comunicado conjunto, sus rectores calificaron el dictamen como “una intromisión injustificada en la gestión universitaria” y recordaron que las universidades tienen el derecho legal de definir sus criterios de selección y procesos de admisión.
“La propuesta del Congreso desconoce la diversidad de realidades institucionales y académicas del país. No se puede imponer un modelo único de admisión sin consultar a las propias universidades ni al Ministerio de Educación”, afirmaron.
Además, alertaron que esta medida podría impactar negativamente en los programas para talentos, becas internas y sistemas meritocráticos consolidados durante años. “La autonomía universitaria no es negociable. No aceptaremos que intereses políticos definan cómo y a quiénes podemos admitir”, concluyeron.
Un llamado a la reflexión antes de que sea tarde
El dictamen aún debe ser debatido y votado en el Pleno del Congreso. Mientras tanto, las voces críticas continúan creciendo. Gremios como CONFIEP, IPAE, la Cámara de Comercio de Lima y la Asociación de Emprendedores también han expresado su preocupación por la injerencia legislativa en el sistema universitario.
“El país necesita ampliar el acceso a la educación superior, pero no con medidas improvisadas, sin sustento ni presupuesto. Se requiere liderazgo del Ministerio de Educación y una reforma responsable, no populismo legislativo”, señala el “Pacto por la Educación de Calidad”.
Con una posición firme desde todos los sectores, queda claro que las universidades públicas y privadas no están dispuestas a aceptar una imposición que consideran injusta, inaplicable y contraria a los principios de calidad, equidad y autonomía que deberían regir la educación superior en el Perú.
