Trabajo indecente

Por: Jorge Melo Vega Castro
Presidente de Responde

En el  mes de mayo celebramos el Día Internacional del Trabajo que reivindica la histórica lucha de los obreros de Chicago por obtener jornadas laborales justas, debido a que venían trabajando hasta 18 horas diarias. Pero esta reivindicación no es reciente, sino que sucedió 130 años atrás, como resultado de una relación entre capital y trabajo en el contexto de la revolución industrial. Entonces, ¿qué tiene que ver esa celebración con la realidad laboral peruana donde el 77% de la Población Económicamente Activa Ocupada no tiene un trabajo decente, con seguridad social y aporte a un sistema previsional?

El 1 de mayo nos vincula a un hito que representa el reconocimiento de derechos de la clase trabajadora respecto a sus relaciones laborales, relaciones reguladas en las que existe un empleador, un empleado y un contrato de trabajo. Este no es nuestro caso ya que esas relaciones la tienen muy pocas personas, por lo que esta celebración resulta claramente excluyente frente a las mayorías. La realidad es que el tema del empleo en nuestro país nunca ha sido priorizado en la agenda de las políticas públicas, y nos hemos acostumbrado a vivir con una economía informal, que genera empleo informal y que disfraza el indicador del desempleo, bajo el eufemismo del subempleo.

El drama es que la informalidad laboral esconde una larga lista de elementos que limitan nuestro desarrollo. Es la punta del Iceberg de una montaña submarina que no vemos o nos negamos a ver. Por ejemplo, cuando como sociedad nos entusiasma, el gran valor que tiene ese emprendedor que sale adelante solo enfrentando a las dificultades del entorno, lo que en verdad ocurre es que hemos perdido la capacidad de discernir éticamente las relaciones sociales. Esa persona que desarrolla su iniciativa contra la corriente, en realidad  ha basado sus fundamentos en el no cumplimiento de la ley. Son, por ejemplo, los casos del conductor del bus o taxi que no tiene licencia de circulación, que no cumple las reglas de tránsito, que se le sanciona y no paga la multa; pero para el consenso ciudadano la actitud es la del “déjalo trabajar” y que, para el caso, cualquier emprendimiento en el transporte público es un problema social y no se debe sancionar ni prohibir.

Al final, la convivencia con la informalidad destruye la posibilidad de desarrollar instituciones, se desarrolla una complicidad generalizada para no pagar arbitrios al municipio, ni impuestos al Estado, ni cumplir estándares de seguridad en la construcción, en el transporte, en la oferta de servicios y productos. De allí entonces que también se tolera y promueve el trabajo fuera de planilla y así en todo, el comportamiento cotidiano normaliza el incumplimiento.

El Estado y la sociedad deben convencerse que el primer problema nacional es la carencia de empleo formal. Para los ciudadanos la percepción de inseguridad ciudadana es su mayor preocupación, sin embargo se deja de lado que su principal causa se encuentra en la ecuación desempleo=delincuencia. Por ello es que en muchas partes del mundo las autoridades pactan con las empresas la creación de puestos de trabajo a cambio de algunos beneficios fiscales, porque el objetivo no es la recaudación sino el empleo; del mismo modo los sindicatos pactan disminuciones salariales o reducciones de jornada para que no se eliminen puestos de trabajo. El bienestar colectivo consiste en que las personas y sus familias cuenten con la tranquilidad de saber que tienen un horizonte protegido, gracias a que destinan su tiempo a mejorar sus capacidades laborales y a generar ingresos con un empleo decente.