Por Stakeholders
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Por: José Salazar
Experto en comunicación y sostenibilidad
Debemos articular las necesidades del pasado, que aún se mantienen, con objetivos del futuro.
En julio del 2021, cuando estemos celebrando jubilosamente nuestro Bicentenario, estaremos, al mismo tiempo, a nueve años de reportar si cumplimos o no con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), cuya fecha límite es el 2030. Habiendo transcurrido más de tres años desde el lanzamiento de estos indicadores por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el panorama no luce nada optimista respecto a los progresos que estamos obteniendo, como país, para cumplir satisfactoriamente con las metas.
Por ello, antes que una fecha de celebración, esta oportunidad debe servirnos para reflexionar sobre cuán libres estamos de aquellos temas críticos que nos han acompañado durante los últimos 200 años y que han impedido un verdadero desarrollo de nuestro país. Enfoquémonos tan solo en aquellos indicadores que no están relacionados directamente a la economía o a las finanzas públicas pero que tienen un gran impacto en la tarea de lograr un país realmente civilizado. Lo que hemos visto estos días respecto a los niveles de corrupción en el Poder Judicial nos obligan a dar esta mirada distinta.
Desde 1996, el Banco Mundial (BM) aplica una metodología para medir el grado de desarrollo de los países en temas de Estado y Gobernabilidad, y lo hace a través de índices, como el de Efectividad Gubernamental y Estabilidad Política; Ausencia de Violencia y Estado de Derecho; Voz y Rendición de Cuentas y Control de la Corrupción; Credibilidad en los Políticos y Percepción de la Corrupción; y, finalmente, sobre Independencia Judicial.
Solo en el primer caso, en el indicador de Efectividad Gubernamental, el Perú se ubicó en el puesto 118 de un total de 209 países en el 2014. En el caso de Estado de Derecho, puesto 140, y en Control de Corrupción, puesto 141. Es decir, en todos los indicadores salimos jalados y muy rezagados de los países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que aspiramos ser parte, y también de aquellos de la Alianza del Pacífico. El país sudamericano mejor posicionado fue Chile.
Como está claro que estas cifras no van a moverse positivamente de aquí al 2021, realmente no tenemos mucho para celebrar. Lamentablemente, los índices de desigualdad son los mismos de hace 200 años porque no encontramos héroes verdaderos que quisieran librar esa batalla. De modo que una fecha tan importante para nuestra independencia debe servirnos, más bien, para articular las necesidades del pasado, que aún se mantienen, con objetivos de futuro que nos permitan cerrar la gran brecha que tenemos en estos temas críticos y plantearnos estrategias adecuadas y cumplibles de cara al reporte que tenemos que entregar en el 2030.
El tiempo es corto y los objetivos ambiciosos. Para alcanzarlos se requiere voluntad política y un alto nivel de compromiso que se vea reflejado en el discurso del presidente y los ministros, en las políticas y programas nacionales, y también en el discurso de líderes políticos y empresariales. En otras palabras, se trata de crear consciencia y ciudadanos más comprometidos y exigentes de cara al cumplimiento de la agenda.
Las carencias de nuestra sociedad fueron identificadas en un documento del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) del 2011, que se redactó con miras al Bicentenario y se basó en la Declaración Universal de los Derechos Humano y en los Objetivos del Milenio. Por ello, los ODS se convierten en una excelente oportunidad para enfocar la responsabilidad de todos en alcanzar un país viable, de alto desarrollo humano y, sobre todo, con un sentido de ciudadanía.
