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Los reguladores y la sostenibilidad, por Jorge Melo

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Jorge Melo-Vega Castro

Presidente de Responde


Jorge Melo-Vega Castro
Presidente de Responde

Es muy poco lo que se conoce respecto al papel que cumplen los organismos reguladores en nuestro medio. Sabemos que son los responsables de hacer seguimiento a las empresas que brindan servicios públicos y a aquellas que tienen un contrato de concesión. Es la parte moderna de la administración pública que reúne a los mejores profesionales, con mayores calificaciones, con un perfil más joven y, por tanto, mejor remunerados. Su tarea, a diferencia del resto del sector público, que está enfocado en el servicio del ciudadano, es la del relacionamiento G2B (si usamos las clásicas siglas del inglés), esto es, de gobierno a empresa.

Estas instituciones son esenciales para el desarrollo económico del país, ya que tienen a su cargo la promoción de la inversión privada en la industria que supervisan: la minería, la banca, las telecomunicaciones, los fondos de pensiones, los hidrocarburos, los seguros, las universidades, la energía, las infraestructuras, entre otros. Precisamente los sectores que más aportan al PBI del país, los más modernos, competitivos y con fuertes componentes de inversión extranjera. Se trata de la parte del Estado que tiene a su cargo la difícil tarea de transmitir seguridad jurídica y confianza. Es importante entender estos equilibrios, porque también componen el Estado las municipalidades y el Poder Judicial, actores de alto riesgo para los inversionistas en nuestro país, y los reguladores deben saber así entenderlo.

Las empresas reguladas suelen ser muy grandes, no son PYMES, lo que significa que son muy rigurosas con sus políticas del gobierno corporativo, porque detrás de ellas hay accionariado difundido o fondos de inversión. Aquí es donde empieza a operar la rueda de la sostenibilidad, ya que estos inversionistas exigen mucha transparencia en la gestión y extremo cuidado con los impactos sociales y ambientales de las operaciones. Es así entonces que estas empresas cuentan con un modelo de sostenibilidad que se reporta y emplean indicadores de gestión. Son pocas las grandes empresas que siendo reguladas no cumplan con estos estándares.

No es coincidencia entonces, que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) exija a las empresas que están en su lista, que en adición a la obligatoriedad de presentar los Hechos de Importancia y sus informes económicos trimestrales y anuales, también cumplan con reportar la dimensión social y ambiental de su gestión. Esto se hace fundamentalmente para ofrecer transparencia a los emisores e inversionistas.

¿Qué ocurre entonces con los demás organismos reguladores?

En realidad sorprende la falta de involucramiento y conocimiento, por parte de los reguladores, de la gestión en sostenibilidad de las empresas en su industria. Se limitan a revisar y evaluar los indicadores técnicos y económicos y poco, muy poco, sobre la gestión integral del Compliance, la gobernanza, los indicadores sociales y metas ambientales que estas empresas gestionan por su compromiso, no solo con sus inversionistas, sino con la sociedad en general.

Probablemente las SBS, el SUNEDU y la propia SMV, son los organismos que más han avanzado, pero sólo desde la norma, en involucrar los aspectos de sostenibilidad en sus empresas supervisadas. Creemos que si esta parte moderna del Estado se involucrase más en el conocimiento y valoración del trabajo que realizan las empresas en los temas sociales y ambientales, lo más seguro es que mejorarán en su capacidad de análisis regulatorio para entender la realidad de nuestro país. Cuidado, no vayamos a caer en la torpeza de creer que estamos demandando regular la RSE en sus ámbitos, sino todo lo contrario. Hay mucha regulación y casuística en estos temas que el organismo sectorial necesita conocer, para involucrarse más. Un hallazgo potencial de esa asimetría regulatoria, puede ser que esta parte moderna del Estado no está incorporando adecuadamente en su modelo la realidad socio-ambiental del administrado.

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