Por Socio del Área De Proyectos, Energía e Infraestructura de DLA Piper
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La Semana del Clima de Nueva York volvió a poner sobre la mesa una oportunidad concreta para financiar proyectos de mitigación mediante los mercados de carbono. El ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, presentó los avances de los acuerdos con Suiza, Singapur y Corea, así como una cartera que el Ministerio del Ambiente (MINAM) valoriza en US$ 250 millones. A ello se suma la autorización bilateral de Tuki Wasi, programa de cocinas mejoradas, anunciada en marzo de 2026.
El artículo 6 del Acuerdo de París permite la cooperación entre los países parte para cumplir sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). Bajo las reglas y autorizaciones aplicables, también contempla otros usos internacionales, como el cumplimiento del esquema de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional (CORSIA). Esta cooperación puede canalizar inversión privada hacia actividades que necesitan ingresos del mercado de carbono para desarrollarse.
Los mercados de carbono atienden obligaciones legales y compromisos voluntarios. Los sistemas de comercio de emisiones negocian derechos para emitir; los mercados de créditos comercializan reducciones o remociones para usos voluntarios o regulados, según su elegibilidad. Según el Banco Mundial, los impuestos al carbono y los sistemas de comercio de emisiones recaudaron US$107 mil millones en 2025. El valor negociado en el mercado voluntario de créditos se estimó en US$535 millones en 2024.
Las operaciones bajo el artículo 6.2 del Acuerdo de París ya ofrecen referencias públicas de contratación. En septiembre de 2025, Singapur anunció la compra de 2.175 millones de toneladas de créditos de proyectos en Perú, Ghana y Paraguay por aproximadamente US$58 millones, para uso entre 2026 y 2030, equivalente a un precio medio implícito de US$26.7 por tonelada de CO₂ equivalente. Por su parte, la fundación suiza KliK reporta un costo medio previsto para su cartera internacional de 2025 a 2030 equivalente a aproximadamente US$36.6 por tonelada. En la aviación internacional, los créditos plenamente elegibles para CORSIA rondaban entre US$15 y US$22 por tonelada durante el periodo analizado por el Banco Mundial, de septiembre de 2025 a abril de 2026. Son referencias de compras futuras, costos de cartera y cotizaciones de créditos, respectivamente, cuyo alcance depende de las condiciones de cada operación.
Para el Perú, autorizar transferencias implica vincular inversión y cumplimiento climático. El ajuste correspondiente impide que las reducciones transferidas se contabilicen también para cumplir la NDC peruana. Al mismo tiempo, los ingresos del carbono pueden financiar mitigación adicional que no ocurriría sin esos recursos. Por ello, la decisión debe evaluar tanto el efecto de la transferencia en el cumplimiento nacional como el aporte de la inversión privada.
El punto central es definir las condiciones de acceso al mercado, es decir, qué reducciones pueden autorizarse para su transferencia internacional y cuáles no. Para ello, el MINAM y los sectores competentes deben precisar qué resultados de mitigación se requieren para cumplir la NDC peruana y qué reducciones de los proyectos privados pueden autorizarse, en función de su adicionalidad y del efecto de la transferencia sobre el cumplimiento nacional. La inclusión de una tecnología en las medidas de la NDC no debería excluir automáticamente a todos los proyectos que la utilizan.
Estos criterios deben ser públicos, conocerse desde el inicio del proyecto y aplicarse de forma consistente a través del Registro Nacional de Medidas de Mitigación (RENAMI), con requisitos y plazos previsibles. Así, los desarrolladores pueden estructurar contratos de venta de créditos de carbono y determinar si los ingresos esperados permiten financiar el proyecto. Si las reglas de elegibilidad y cálculo del volumen autorizable solo se conocen durante la tramitación, el riesgo puede traducirse en menores precios, mayores exigencias contractuales o inversiones postergadas.
Los US$ 250 millones anunciados muestran una oportunidad cuyo alcance dependerá de la calidad de los proyectos, la demanda y la certeza regulatoria. El Perú necesita atraer inversión privada que amplíe su capacidad de mitigación y genere beneficios concretos. Para lograrlo, los desarrolladores deben poder evaluar la viabilidad de sus ingresos por carbono antes de comprometer capital.
