Por Jesús Meza, gerente comercial en Inversiones IO
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En el Perú, hablar de vivienda social es hablar de desarrollo inclusivo, ya que representa empleo, formalidad y progreso. Sin embargo, detrás de aquello se esconde un problema estructural como la falta de financiamiento para proyectos de impacto. Sin acceso a capital, miles de proyectos con potencial social y económico se detienen antes de comenzar. Sin ello, no podemos hablar de inclusión financiera.
El país enfrenta una brecha habitacional de 1.8 millones de viviendas, y aunque los programas gubernamentales como Techo Propio han avanzado, el ritmo de construcción formal apenas cubre una fracción de la demanda. La vivienda social como motor de desarrollo, necesita de un ecosistema financiero que entienda su impacto y lo valore como una inversión sostenible.
Durante los últimos años, el sistema financiero peruano ha mejorado su cobertura. Más del 60% de los ciudadanos ya tiene una cuenta bancaria o billetera móvil. Sin embargo, el acceso no es sinónimo de inclusión. Las grandes inmobiliarias acceden con facilidad a la banca corporativa, mientras que las empresas pequeñas y medianas, las que podrían transformar comunidades enteras, quedan fuera del circuito crediticio.
Mecanismos como el crowdfunding inmobiliario regulado por la SMV están demostrando que la inclusión financiera también puede venir desde la inversión. Esto permite que ciudadanos comunes participen directamente en proyectos de vivienda social, aportando capital a desarrolladores que construyen hogares para familias de bajos ingresos, mientras obtienen una rentabilidad respaldada por activos reales.
Este modelo rompe la lógica tradicional del financiamiento concentrado y democratiza la inversión. No solo moviliza recursos hacia donde más se necesitan, sino que convierte al ciudadano en actor activo del desarrollo.
El desafío ahora es escalar con propósito, consolidando un sistema financiero que integre a más actores y multiplique el impacto social. Para ello, se requiere avanzar en tres frentes: el acceso al financiamiento para pequeños desarrolladores y proyectos sociales, uso de tecnología para reducción de tiempos administrativos y fortalecer alianzas público-privadas que sostengan el crecimiento del sector.
La vivienda debe verse como un eje estratégico de desarrollo económico. Cada 100 viviendas construidas generan alrededor de 300 puestos de trabajo, impulsan la formalización y fortalecen el consumo local. Más allá del beneficio directo para las familias, la cohesión social se mejora cuando promovemos instrumentos financieros que permitan invertir en el desarrollo sostenible del Perú.
