Por Stakeholders
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Un nuevo informe advierte que el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de tierras han dejado de operar como actividades aisladas y hoy funcionan como parte de una misma red criminal en la Amazonía peruana.
La investigación titulada La encrucijada amazónica: decisiones urgentes o consolidación del poder criminal en el Perú, elaborada por Amazon Watch junto a organizaciones indígenas y presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), alerta sobre la expansión de estas economías ilícitas en territorios indígenas y su creciente articulación con redes transnacionales.
Expansión de cultuvos ilícitos y narcotráfico como amenazas territoriales
El informe señala que en 2024 se cultivaron más de 12 mil hectáreas de coca en territorios de 252 comunidades nativas amazónicas, un crecimiento del 147 % entre 2018 y 2024. Además de la expansión de cultivos ilícitos, las comunidades enfrentan invasiones, deforestación y la presencia de pistas de aterrizaje clandestinas vinculadas a actividades ilegales.
El reporte sostiene que el narcotráfico y la minería ilegal se han convertido en actividades complementarias. Los recursos del tráfico de drogas financian la expansión de operaciones mineras ilegales, mientras que el oro se utiliza como mecanismo para el lavado de activos. Estas redes han consolidado su presencia en zonas estratégicas como el eje Ucayali–Huánuco, la Cordillera del Cóndor, la Triple Frontera y Madre de Dios.
La investigación también alerta sobre la presencia de organizaciones criminales transnacionales como las disidencias de las FARC, el Comando Vermelho y el Primer Comando da Capital (PCC), que han encontrado en el Perú un espacio atractivo para expandir sus operaciones.
El documento advierte que determinadas reformas legislativas aprobadas en los últimos años habrían debilitado la capacidad del Estado para enfrentar estas amenazas, facilitando la expansión de actividades ilegales bajo mecanismos que aparentan legalidad.
La defensa indígena y recomendaciones para el próximo gobierno
Frente a este escenario, el informe destaca el rol de las organizaciones indígenas en la defensa de sus territorios. Iniciativas como la Guardia Kakataibo, la Guardia Shipibo en Ucayali y el Sistema de Seguridad Indígena Amazónica en Junín se han convertido en barreras frente al avance del crimen organizado, pese a operar en contextos de alta vulnerabilidad y con recursos limitados.
En un contexto marcado por el proceso electoral, los autores plantean medidas urgentes para los primeros 100 días del siguiente gobierno. Entre ellas figuran la recuperación del control estatal en territorios críticos, una mayor articulación entre instituciones responsables de la seguridad y el fortalecimiento del trabajo conjunto con comunidades indígenas.
La presentación del informe contó con la participación de Iván Brehaut, periodista y consultor especializado en pueblos indígenas; Vladimir Pinto, abogado y coordinador de Amazon Watch en Perú; Ricardo Soberón, expresidente ejecutivo de DEVIDA; y Herlin Odicio, líder kakataibo y vicepresidente de ORAU.
