Por Bryam Esquen Del Carmen
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El Perú conmemoró su Bicentenario hace cinco años con la expectativa de consolidar un pacto social capaz de superar las fracturas históricas y avanzar hacia un desarrollo inclusivo. Sin embargo, a 205 años de independencia, los indicadores muestran que el país no logró transformar su crecimiento económico en bienestar social. Según datos del INEI, en 2024, la pobreza monetaria alcanzó al 27,5% de la población, lo que equivale a más de 9 millones de peruanos. Sin embargo, la informalidad laboral continúa siendo uno de los principales obstáculos: más del 70% de los trabajadores se desempeñan fuera del sistema formal, lo que limita la recaudación fiscal y la capacidad del Estado de financiar políticas públicas sostenibles.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se convirtieron en un marco de referencia para medir avances en reducción de desigualdades, institucionalidad y sostenibilidad ambiental. No obstante, los informes del INEI, CEPLAN y organismos internacionales como la ONU y la OCDE coinciden en que los progresos han sido parciales y que persisten rezagos estructurales. En este contexto, las voces de especialistas como Jorge Ramos Chang, experto en desarrollo económico-social, y José Magallanes, en Ciencia política, permiten entender por qué el Bicentenario no se tradujo en un pacto social efectivo y qué reformas son necesarias para el futuro.
Los retos del post-bicentenario en el marco de las ODS
El país ha tenido crecimiento económico en los últimos 30 años, pero este no se refleja en la reducción de la pobreza, de acuerdo con el INEI. Jorge Ramos Chang, director de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Autónoma del Perú, señala que, a pesar del crecimiento, existen deficiencias en la articulación entre Estado, comunidad y grupos de interés. “Es un tema que viene de varios años, el cual devasta a las diferentes instituciones. Se puede tener voluntad política bien fuerte y transformadora, pero el no innovar, no genera el tema tecnológico y vamos a disminuir como nación”, afirma.
Desde el ángulo político, José Magallanes, politólogo y director de Pulso PUCP, sostiene que “El Bicentenario no logró articular un pacto social porque la crisis política se convirtió en el eje de la agenda nacional”. Como dato a complementar, entre el 2016 y 2025, el Perú tuvo como ocho presidentes, lo que refleja la inestabilidad política y que, según el politólogo, bloquean la continuidad de políticas públicas.
“En el Perú las élites siempre encuentran mecanismos para ponerse de acuerdo, mientras que los sectores populares han tenido que luchar por sus demandas. Algo que hemos visto en estas últimas elecciones”, añade.
Ramos Chang advierte que la informalidad laboral es otro síntoma de la inestabilidad política y de una independencia inconclusa. De acuerdo con el informe del INEI, en 2025, la informalidad nacional abarca a un 70% de la población. “Ese 70% afecta directamente la inversión y la recaudación fiscal”, señala.
A este panorama se suma la insatisfacción social, marcada por el temor al Fenómeno del Niño, las muertes por friaje en los Andes y una inseguridad ciudadana. La inseguridad, de hecho, generó pérdidas equivalentes al 1,7% del PBI en 2025, según el Ministerio de Economía.
El modelo extractivo peruano y la transición verde
Otro eje crítico es el modelo extractivo, que aparece como un punto de encuentro entre ambos especialistas. Ramos Chang subraya que la deforestación amazónica y la minería ilegal reflejan las limitaciones de este modelo. “Necesitamos responsabilidad compartida entre empresas, Estado y comunidades”, afirma. Los datos son alarmantes: la deforestación avanza a 150.000 hectáreas por año y en 2025 se perdieron más de 106.000 hectáreas de cultivos por desastres naturales, de acuerdo con un informe de La República.
Magallanes complementa señalando que los informes internacionales muestran que el Perú no ha logrado consolidar una transición verde. La OCDE advirtió en 2025 que la disciplina fiscal se debilitó y que la recaudación apenas alcanza el 17% del PBI, lo que limita la capacidad de inversión en sostenibilidad.
La desigualdad de género es otro eje que ambos destacan. Ramos Chang plantea que las reformas económicas deben fortalecer la inclusión laboral y de género. Según el INEI, la participación femenina en el Congreso alcanzó el 40% en 2025, pero la brecha salarial persiste. Magallanes añade: “No existe una política remunerativa clara basada en perfiles de puestos; el sector público debería dar el ejemplo”. La violencia de género se mantiene en niveles críticos: en 2025 se registraron 133 feminicidios y el 75,7% de adultos tolera la violencia contra mujeres, según el Ministerio de la Mujer.
Finalmente, ambos coinciden en que la corrupción es el principal obstáculo para cualquier reforma. Ramos Chang advierte que “la corrupción disminuye la confianza de los mercados y de las organizaciones, y sin liderazgo fuerte no habrá sostenibilidad institucional”. Magallanes complementa: “El nuevo pacto social no debe ser solo entre élites, sino incluir a gobiernos regionales, provinciales y a los grupos representativos de la sociedad, con políticas claras de justicia, equidad y transparencia”.
A días de celebrar los 205 años de independencia, Perú inicia un nuevo gobierno con cifras de alarma: pobreza que afecta a millones, informalidad laboral que se ha convertido en parte de la cultura nacional, deforestación que avanza sin freno en el Amazonas y una institucionalidad debilitada por la corrupción y la inestabilidad política.
El reto es monumental, pero ineludible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcan un horizonte que exige reformas profundas: inclusión laboral y de género, fortalecimiento institucional, transición verde y lucha frontal contra la corrupción.
