Por Stakeholders
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La justicia peruana dictó el último jueves 28 años y tres meses de prisión a los cinco culpables de homicidio calificado de cuatro líderes indígenas asháninkas defensores de los recursos naturales, un caso conocido como ‘Caso Saweto’, y que es considerado como el mayor crimen de la historia reciente de Perú contra defensores ambientales. Los cuatro líderes ambientales fueron asesinados el 1 septiembre de 2014, en medio de amenazas por defender su territorio y denunciar la deforestación, actividad que afecta el ecosistema y la biodiversidad de la zona. Los fallecidos dejaron 17 huérfanos. El hecho ocurrió en una zona de la Amazonía fronteriza entre Perú y Brasil.
El Poder Judicial informó en la red social X que el colegiado de la Corte de Ucayali dictó esta sentencia para los empresarios madereros José Carlos Estrada Huayta y Hugo Soria Flores, en calidad de autores mediatos, así como para Eurico Mapes Gómez, Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix, como coautores. Además, estableció 200.000 soles (unos 54.000 dólares o 50.000 euros) como reparación civil a favor de los parientes de los agraviados, e informó que la lectura integral de sentencia se dará el próximo 23 de abril.
El primera instancia, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali había acusado a 35 años de cárcel a los declarados como culpables por la muerte del jefe de la comunidad asháninka Tamaya – Saweto, Edwin Chota Valera, y de los dirigentes Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez. “Según la acusación fiscal, el 1 de septiembre de 2014, las víctimas fueron emboscadas y asesinadas con arma de fuego cuando se dirigían a la comunidad de Apiutxa, en Brasil, para participar en una reunión de coordinación con sus pares indígenas”, explicó el Ministerio Público en su página web.
Desde inicios de 2008, Chota Valera denunciaba frecuentemente la existencia de una mafia de traficantes de madera que operaba en su comunidad ubicada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, en el departamento central de Ucayali. En el momento del crimen, los cuatro indígenas se dirigían a la comunidad de Apiwtxa, ubicada al otro lado de la frontera, en el estado de Acre (Brasil), y también de etnia ashéninka, para reclamar ayuda a sus parientes y acordar estrategias comunes contra la tala ilegal. Desde hace 14 años, las familias de los líderes buscan justicia y diversas organizaciones de derechos humanos han apoyado su reclamo.
De acuerdo con la ONG Global Witness, desde 2012 en Perú han sido asesinados al menos 54 defensores de la tierra y el medioambiente, de los cuales más de la mitad pertenecía a pueblos indígenas.
Por su parte, la revista Scientific Reports desde hace una década denunció que la política del gobierno peruano para proteger los bosques de la tala ilegal de madera ha provocado de manera indirecta un saqueo de recursos a gran escala.
