Por Stakeholders
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La Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados aprobó, con el voto dirimente de su presidente Arturo Alegría García, el informe de opinión que respalda el pedido de facultades legislativas formulado por el Poder Ejecutivo en materia ambiental.
El documento contempla la optimización de los procesos de certificación ambiental, la remediación de pasivos y el impulso a la transición energética. La medida busca modernizar el marco normativo mediante la promoción de fuentes renovables, el desarrollo del hidrógeno verde y la diversificación de la matriz energética nacional.
El informe logró aprobarse con el apoyo decisivo de los bloques de derecha y de la parlamentaria Jeenny Samanez de Obras, sumando nueve votos a favor junto con Fuerza Popular y Renovación Popular. La oposición reunió también nueve votos en contra por parte de Juntos por el Perú, Partido de Buen Gobierno y Ahora Nación, mientras que la diputada Andrea Medina, del partido Obras, optó por la abstención.
“Conservar cuesta, no es gratis”, afirmó Alegría al destacar la labor de familias y organizaciones que protegen áreas naturales como Tingana y Santa Elena en San Martín, pero que enfrentan dificultades para obtener autorizaciones que les permitan desarrollar actividades sostenibles.
El informe técnico precisa que la simplificación administrativa y el enfoque de riesgo no implicarán el debilitamiento de los estándares vigentes. Se establece que el Ejecutivo deberá realizar un análisis exhaustivo del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para garantizar mecanismos institucionales y financieros sólidos.
Debate parlamentario sobre garantías y regulación energética
Durante la sesión, legisladores expresaron observaciones respecto al uso del silencio administrativo positivo en trámites ambientales. El diputado Harvey Colchado advirtió sobre sus implicancias, mientras que la parlamentaria Giannina Avendaño Vilca sostuvo que cualquier modificación del SEIA requiere un análisis profundo, ya que protege derechos vinculados a la vida y al ambiente.
La congresista Jessica Guevara Ramírez remarcó que la delegación de facultades no constituye un “cheque en blanco” y que las medidas deberán estar acompañadas de fiscalización y monitoreo.
En relación con las reformas energéticas, la comisión respaldó la actualización de la Ley de Concesiones Eléctricas para brindar seguridad jurídica, reducir la dependencia de combustibles fósiles e impulsar una matriz descarbonizada.
El texto final condiciona al Ejecutivo a definir la capacidad de transmisión del sistema eléctrico nacional y evaluar el impacto en las tarifas de los usuarios antes de ejecutar las modificaciones. La Comisión remitió el informe al Pleno del Congreso para continuar con el trámite legislativo sobre el pedido de facultades.
Postergación de la norma Euro 6 y alternativas de abastecimiento
El debate también abordó el plazo para que el parque automotor acceda a combustibles de menor impacto ambiental. Petroperú informó que produce gasolinas y diésel con un máximo de 50 ppm de azufre, pero requiere infraestructura adicional para alcanzar los 10 ppm. La unidad de nafta craqueada estaría lista en agosto de 2029 y la de diésel en 2030.
La senadora Patricia Iturregui rechazó una nueva prórroga y sostuvo que el paso de Euro 4 a Euro 6 permitiría reducir en 80% los óxidos de nitrógeno y en 67% las partículas, planteando alternativas como la importación directa o el aporte de operadores privados.
El Ministerio de Energía y Minas confirmó que Refinería La Pampilla podría adecuarse en seis meses a los 10 ppm, aunque no cubriría todo el mercado nacional, defendiendo un esquema gradual que combine producción local y seguridad energética.
¿Qué señalaba las facultades legislativas de Fujimori en materia ambiental?
Si bien el proyecto principal mantiene un carácter general, la exposición de motivos que lo acompaña ofrece mayores precisiones y deja claro que el Ejecutivo ha incluido en su agenda la modificación de normas ambientales específicas. Entre ellas figura la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP), con el objetivo de incentivar la inversión privada en el subsector hidrocarburos.
El documento señala como problema central la caída de las inversiones, especialmente en la etapa exploratoria, e identifica a la “tramitología” como uno de los principales desincentivos. También pone en debate la Ley de Protección de Pueblos Indígenas, que actualmente prohíbe otorgar derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales.
En ese marco, el gobierno de Fujimori plantea cambios normativos con un objetivo concreto: permitir la reducción física de determinadas áreas protegidas cuando sea necesaria para ejecutar proyectos declarados de necesidad pública e interés nacional, entre ellos la exploración y explotación de hidrocarburos, según se detalla en el documento enviado al Congreso.
