Por Stakeholders
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El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional sentenció a cuatro responsables por el asesinato de Quinto Inuma Alvarado, líder de la comunidad nativa kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín. Genix Saboya Saboya y Limber Ríos Ruiz recibieron 35 años de prisión efectiva por delito de sicariato; Segundo Juan Villalobos Guevara fue condenado a 28 años y cuatro meses como coautor, mientras que Jerly Saboya Saboya recibió 15 años en calidad de cómplice primario.
Inuma fue asesinado el 29 de noviembre de 2023 en el río Yanayacu, cuando regresaba de un evento sobre defensores ambientales en Tarapoto. Pese a contar con garantías personales del Ministerio del Interior, fue emboscado junto a su familia. Los sicarios talaron un árbol para bloquear la embarcación y dispararon con tres armas de fuego distintas. En el ataque también resultó herida su sobrina Axeldina Barbarán Tapullima.
La sentencia estableció que el crimen fue planificado para frenar su labor de defensa de los derechos humanos y ambientales. El líder kichwa había denunciado a los acusados por deforestación y delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas.
El fallo incluye una reparación civil de S/ 1 millón: S/ 750 mil a favor de los deudos de Inuma y S/ 250 mil destinados a Axeldina Barbarán. La Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA) destacó que el traslado del juzgado de Lima a Tarapoto permitió recoger directamente los testimonios de la comunidad, lo que calificaron como un hito de justicia intercultural.
“Para el movimiento indígena, esta sentencia representa un paso firme frente a la violencia sistemática y reafirma la exigencia urgente al Estado de implementar garantías reales y efectivas para proteger la vida de quienes defienden la Amazonía”, señaló la federación.
Los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Ambiente y Cultura saludaron la decisión judicial, destacando que constituye un paso importante en la lucha contra la impunidad de crímenes contra defensores de derechos humanos e indígenas.
Para Silvana Baldovino, directora de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, el fallo es un avance, pero recordó que la justicia debe actuar antes de que se concrete un crimen. “Quinto Inuma había denunciado amenazas y solicitado protección; su muerte evidenció las graves fallas del Estado para responder oportunamente. Este fallo debe marcar un precedente, pero también impulsar medidas efectivas que garanticen que ningún defensor vuelva a ser abandonado frente a las economías ilegales que amenazan sus territorios”, afirmó.
