Por Stakeholders
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En una acción legal conjunta, los grupos ecologistas Greenpeace y Uplift han presentado denuncias contra el Gobierno británico, buscando detener la explotación del yacimiento de Rosebank en el Mar del Norte, que alberga las mayores reservas de petróleo en la región. Ambas organizaciones argumentan que los planes del Gobierno de Rishi Sunak son inconsistentes con los objetivos climáticos, especialmente la meta de reducir un 68% las emisiones de CO2 para 2030 y lograr la neutralidad de carbono en 2050.
Ubicado a 130 kilómetros de las islas Shetland, el yacimiento de Rosebank posee un potencial de hasta 500 millones de barriles de petróleo, con emisiones de CO2 equivalentes a las de 56 centrales de carbón durante un año.
El Gobierno británico ha rechazado las acusaciones, reafirmando su compromiso con la neutralidad de carbono en 2050 y citando las consideraciones del Comité de Cambio Climático (CCC), que reconoce la necesidad continua de combustibles fósiles en el mix energético.
En su informe de junio pasado, el CCC reconoció la necesidad de gas y petróleo hasta lograr la neutralidad de carbono, pero advirtió contra nuevos proyectos petrolíferos en el Mar del Norte.
El proyecto Rosebank fue adjudicado a las compañías noruega Equinor y británica Ithaca Energy, quienes aseguran que podrían suministrar el 8% de las necesidades de gas y petróleo del Reino Unido para 2030.
«Si Rosebank avanza, el Reino Unido sabotea sus propios planes climáticos», afirmó Tessa Bank, directora ejecutiva de Uplift. Greenpeace acusó al Gobierno de utilizar una evaluación climática manipulada para aprobar el proyecto, ignorando las emisiones derivadas de la quema de combustibles generados por 500 millones de barriles de petróleo.
Los demandantes señalan directamente a la Autoridad de Transición del Mar del Norte (NTSA) y a la secretaria de Energía Claire Coutinho por ignorar los impactos en la salud humana, el medio ambiente y el cambio climático. Un tribunal en Edimburgo decidirá a principios de año si admite la denuncia.
Esta acción legal surge una semana después de las críticas al Gobierno británico por abandonar el liderazgo climático durante la COP28 en Emiratos Árabes Unidos, resaltando la creciente presión sobre las decisiones medioambientales en el ámbito internacional.
