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¿La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos está promoviendo la economía circular en el Perú?

Para el Bicentenario se proyecta llegar a 75 % en la disposición segura y valorización de los residuos sólidos, reveló el Minam. En este contexto, los municipios serán los óptimos aliados para lograr estas metas, precisó.

Por Rudy Chávez
rchavez@stakeholders.com.pe

Del total de los residuos sólidos que se generan, el 54 % es residuo sólido orgánico y 20 % es residuo sólido inorgánico valorizable. Todo lo que es residuo orgánico se puede convertir en abono de manera sencilla con poca inversión.

Asimismo, del total de residuos sólidos generados en el territorio nacional, el 52 % termina en los treinta y cuatro rellenos sanitarios autorizados, mientras que el 48 % van a parar en 1585 botaderos, que son lugares que ponen en riesgo la calidad del ambiente y la salud de los ciudadanos.

Con la finalidad de responder a esta problemática, se creó la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la cual se basa en tres pilares: reducir residuos, ser eficiente en el uso de los materiales y ver los residuos como recursos y no como una amenaza.

En este escenario, Stakeholders conversó con Sonia Aranibar, directora de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos (DGRS) del  Ministerio del Ambiente (Minam), para revisar cómo va el proceso de implementación de una ley capital para el desarrollo sostenible del país.

Gobiernos locales: Aliados fundamentales

De acuerdo a Sonia Aranibar, directora de la DGRS, los gobiernos locales son aliados fundamentales para revertir la mala gestión de los residuos sólidos que actualmente existe en las ciudades del país.

«Por esta razón, el Minam brindará asistencia técnica y promoverá la formalización de los recicladores y la segregación en fuente para las autoridades ediles», reveló.

Aranibar  afirmó que el mayor desafío que tienen los alcaldes es reducir la gran cantidad de residuos que se genera en el país.

«Para el Bicentenario, el Minam proyecta llegar a 75 % en la disposición final segura y valorización de los residuos sólidos, por parte de las municipalidades y de la ciudadanía, incluyendo la adecuada separación y disposición final de los mismos», indicó.

En vista de ello, la directora de la DGRS señaló que el Minam, en coordinación con los municipios provinciales y distritales del país, viene desarrollando el Primer Censo Nacional de Recicladores y Recicladoras, a fin de recabar información sobre la situación socioeconómica de las personas que se dedican a esta actividad económica y sus rutas de trabajo.

«Junto con el MTPE y el Produce, se definió el perfil ocupacional de los recicladores para certificar sus competencias. Hay que tener presente que no hay economía circular, si no contamos con el apoyo de los recicladores, la ciudadanía en general para que separe los residuos que genera y del sector empresarial para cambiar el geodiseño de sus productos», explicó.

Reforzando esta labor multisectorial, dijo que el Minam, mediante su eje estratégico Perú Limpio, está realizando la campaña de información y educación ambiental En casa yo reciclo, con el objetivo de fomentar la adecuada separación de los residuos aprovechables y no aprovechables desde cada hogar, empresa, comercio, escuela, universidad y entidades públicas.

«Buscamos que la población separe sus residuos, colocando como ejemplo la elaboración de compost en sus casas, con el uso de los residuos orgánicos, siendo los residuos inorgánicos entregados a las asociaciones de recicladores y recicladoras formalizados. De esta forma no solo promovemos el reciclaje, sino también la implementación de la economía circular en el Perú», señaló.

Siguiendo esta misma línea, manifestó que el Minam y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) están diseñando un plan de trabajo para que los grifos tengan contenedores o cilindros, con el fin de que la población pueda depositar el aceite vegetal usado o el aceite mineral cuando se realiza el cambio de lubricante de un vehículo.

«Inclusive estamos trabajando con el Ministerio del Interior (Mininter) para impulsar una iniciativa para que las comisarías tengan un programa de separación de residuos sólidos, en el marco de nuestro Programa Perú Limpio», destacó.

Incentivo presupuestal por meta

Sonia Aranibar recordó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuenta con un programa de incentivo económico que otorga a las municipalidades a cambio de que implementen programas de segregación para las viviendas.

«Esto está funcionando en grandes ciudades del Perú, solo necesita ampliarse y hacer un seguimiento a los municipios para que cumplan sus metas», subrayó.

En cuanto al problema de la morosidad, Aranibar apuntó que debería impulsarse un círculo virtuoso en el que el municipio brinde un buen servicio de limpieza pública para que el vecino sienta que vale la pena pagar sus arbitrios.

«Más del 70% de los residuos sólidos  en el Perú se pueden valorizar económicamente, lo cual constituye una oportunidad para la creación de nuevos negocios», resaltó.

En ese sentido, hizo hincapié en que supervisan, a través de la OEFA, el manejo adecuado de residuos sólidos que realizan los municipios.

«Nos toca fiscalizar, por medio de la OEFA, que las municipalidades hagan su trabajo. A medida de ello, con el MEF, mediante el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal,  coordinamos las transferencias presupuestales para los municipios que hayan cumplido sus metas», explicó.

Este incentivo —indicó— varía según el presupuesto de cada municipalidad, dado que es un porcentaje que se destina según los recursos que dispongan.

«Solo en este año el MEF dará en incentivos S/. 800 millones, monto menor al del 2017 y 2016 que fue de S/. 1000 millones», detalló.

Estos incentivos, continuó explicando Aranibar, premian el buen desempeño en la gestión pública de los diferentes gobiernos locales del país, los cuales deben presentar mejoras en varios ámbitos de su gestión.

«Deben presentar mejoras en los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales; en la ejecución de proyectos de inversión pública; en la simplificación de los trámites; en la provisión de servicios públicos locales; y en la prevención de riesgos de desastres», finalizó.