Por Stakeholders
Lectura de:
La comunidad LGBTQ+ y muchos otros peruanos han expresado su indignación y ha anunciado manifestaciones pacíficas tras la publicación de un Decreto Supremo del Ministerio de Salud (Minsa) que clasifica la transexualidad y otras identidades de género como problemas de salud mental. Esta medida, incluida en la actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), ha generado una fuerte controversia a nivel nacional e internacional.
¿Qué dice el Decreto?
El decreto, firmado por la presidenta Dina Boluarte, actualiza el PEAS, el cual define los beneficios mínimos de los seguros de salud en Perú. En este plan, se han incluido condiciones como la transexualidad, transvestismo de rol dual, trastorno de identidad de género en la niñez y transvestismo fetichista bajo la categoría de problemas de salud mental. Según el Minsa, esta actualización se basa en la clasificación de enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aún está en uso en Perú.
En un comunicado, el Minsa aclaró que la diversidad de género y sexual «no son enfermedades» ni «trastornos», y afirmó que la actualización del PEAS busca «garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental«.
Reacciones de la Comunidad LGBTQ+
A pesar de las aclaraciones del Minsa, la comunidad LGBTQ+ ha manifestado su rechazo categórico. Jorge Apolaya, portavoz del colectivo Marcha del Orgullo LGBTI+, señaló que la decisión del Gobierno representa un «grave peligro y retroceso», ya que permite la «patologización» de la orientación sexual e identidad de género, basándose en una normativa obsoleta de la OMS. La CIE-11, vigente desde 2022, ha eliminado las categorías de identidad de género como trastornos, despatologizando estas condiciones.
Las organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ+ planean realizar protestas pacíficas para exigir una revisión de esta normativa. Además, la organización Más Igualdad Perú ha enviado una carta al Minsa, firmada por 414 profesionales de la salud mental y respaldada por 176 organizaciones de derechos humanos, demandando la eliminación del uso del CIE-10.
Condena internacional
La polémica ha trascendido fronteras, llegando hasta el Congreso de Estados Unidos. Robert García, el primer latino abiertamente homosexual en llegar al Congreso de EE.UU., condenó la medida del Gobierno peruano, calificándola de discriminatoria y peligrosa.
García aseguró que trabajará directamente con el Departamento de Estado de EE.UU. para rechazar esta acción, destacando que la medida de Perú es un retroceso en los derechos humanos.
