Por Stakeholders
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Una decena de líderes de comunidades indígenas afectadas por derrames de petróleo ocurridos en septiembre pasado en la Amazonía pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exija la presencia del Estado y proteja a los defensores ambientales que, denuncian, son criminalizados.
Un mes después de los vertidos de más de 2.500 barriles de crudo en la quebrada de Cuninico, en el departamento de Loreto, varios líderes de las comunidades nativas de la zona viajaron hasta Lima para denunciar la inacción de las autoridades y la falta de contención y remedio por parte de la estatal Petroperú, que opera en el Oleoducto Norperuano,
Los líderes de las comunidades se reunieron en Lima con la relatora de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Soledad García Muñoz, para pedirle «que intervenga la comisión en este momento crucial».
Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (Acodecospat) y líder de la cuenca del Marañón, señaló que Petroperú y Perúpetro no han contenido adecuadamente los derrames que siguen expandiéndose en su territorio y poniendo en riesgo la salud, la seguridad alimentaria, el acceso a agua limpia y golpeando las actividades económicas de los pueblos indígenas de la zona.
«Hay contaminación en el territorio, el agua que tomamos, el pescado que comemos, los animales del bosque, que son base de nuestra alimentación», se lamentó López, tras recordar que el territorio es «la escuela, el hospital, la ferretería, el mercado y la vida» de los pueblos indígenas.
López dijo que las comunidades nativas están «dispuestas» a sentarse con el Gobierno peruano y «juntos encontrar una ruta con responsables, con tiempo y presupuesto para dar soluciones» al problema.
Pero alertó que «nunca va a haber una convivencia pacífica» entre los pueblos indígenas y las empresas petroleras porque, aseguró, unos «siempre van a ir destruyendo», mientras que los otros no van a parar de «luchar para que esto no ocurra».
La presidenta del Gobierno Autónomo Territorial de la Nación Chapra, Olivia Bisa, insistió en que, tras los derrames de los días 10 y 16 de septiembre, se necesitaba una «inmediata intervención y que se declare emergencia ambiental», pero lamentó que, a la fecha, los 100 metros cuadrados inicialmente contaminados por crudo se han multiplicado por 30 en un mes, alcanzando una superficie afectada de 3 kilómetros cuadrados.
«Realmente estamos apenados y no sé a dónde más recurrir», dijo la activista contra quien Petroperú -según afirma- interpuso una denuncia penal por «poner en riesgo la seguridad».
«Petroperú, por el simple hecho de yo reclamar estos derechos de la naturaleza y de derechos humanos me está denunciando penalmente y esto quería pedir directamente a la comisionada (de la CIDH), que basta de criminalización a los defensores de los derechos humanos y de su territorio», señaló la presidenta de la Nación Chapra.
