Por Stakeholders
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El anuncio del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, confirmando que la presidenta Dina Boluarte duplicará su salario de S/ 15,600 a S/ 35,568 mensuales, ha encendido el debate público sobre prioridades, legitimidad y desconexión del poder frente a las urgencias reales del país. El incremento marca la primera variación sustancial del sueldo presidencial en casi dos décadas, pero lo hace en un momento en que millones de peruanos apenas pueden cubrir lo esencial.
Según datos del INEI, la pobreza monetaria en el Perú afecta al 27.6% de la población, es decir, más de 9 millones de personas, mientras que 1.87 millones viven en pobreza extrema. Estos hogares no alcanzan ni siquiera a cubrir el valor de una canasta básica alimentaria: S/ 256 mensuales por persona, o S/ 1,024 para una familia de cuatro miembros. En contraste, la presidenta pasará a percibir más de S/ 1,185 diarios, es decir, más de 4 veces el costo mensual de la canasta alimentaria de una familia entera… en un solo día.
Salario de Dina Boluarte es 31 veces el sueldo mínimo
La nueva cifra presidencial también contrasta con otro dato clave: el salario mínimo en el Perú se mantiene en S/ 1,130 desde enero de 2025. Es decir, la mandataria ganará más de 31 veces el sueldo de un trabajador formal que percibe el mínimo legal. Esta diferencia no es solo aritmética, sino simbólica: evidencia una brecha de prioridades que genera ruido político y rechazo ciudadano, sobre todo en un contexto donde el aumento del salario mínimo ha sido postergado una y otra vez bajo el argumento de “no afectar el empleo”.
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La incongruencia se profundiza cuando se toma en cuenta que, en 2024, la propia presidenta afirmó que con S/ 10 diarios se puede hacer “sopa, segundo y postre”. La frase, duramente criticada por diversos sectores, reaparece con fuerza ahora que el Ejecutivo decide autoasignarse un incremento salarial equivalente a 120 veces ese monto diario estimado por ella misma.
Además, si se analiza la canasta básica total de consumo (alimentos y no alimentos), el INEI estima que esta asciende a S/ 454 por persona al mes. Para una familia de cuatro miembros, se requieren al menos S/ 1,816 mensuales para sobrevivir sin caer en pobreza monetaria. Aún así, millones no llegan a cubrir este monto.
Un cambio luego de 20 años: ¿justo o innecesario?
Frente a esta realidad, la decisión del Gobierno no solo parece políticamente inoportuna, sino que además rompe con el espíritu de austeridad instaurado desde el 2006, cuando Alan García redujo el salario presidencial a S/ 15,600 mensuales, cifra que se mantuvo inalterada durante los gobiernos de Humala, Kuczynski, Vizcarra, Sagasti y Castillo.
El Ejecutivo ha intentado justificar el incremento alegando que el cargo presidencial debe tener una remuneración acorde con su responsabilidad, pero la sociedad no reclama austeridad por simbolismo, sino por consecuencia. Si el salario mínimo y la informalidad afectan a más del 70% de los trabajadores, si la pobreza avanza y si los servicios públicos colapsan, la imagen de un Gobierno que prioriza su propio beneficio se vuelve tóxica y deslegitimante.
Hoy, mientras millones de peruanos ajustan sus gastos, comen menos o viven endeudados para cubrir lo básico, el aumento presidencial es percibido como un acto de privilegio desconectado del país real. No se trata de si una presidenta merece ganar más, sino de si es éticamente sostenible hacerlo en este momento. El Perú necesita señales de liderazgo y responsabilidad. Y duplicar el salario presidencial, en medio de una crisis social, económica y de confianza, es exactamente lo contrario.
El Decreto Supremo N.º 136-2025-EF oficializa el incremento de la remuneración presidencial a S/35,568 mensuales.
