Por Stakeholders
Lectura de:
El Congreso de la República busca reformar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) mediante diversas propuestas legislativas que fomentan la deforestación en la Amazonía y benefician a empresas que han cometido delitos ambientales.
El Proyecto de Ley 0649-2021 está en agenda del Pleno desde 2022, a pesar de que diversos expertos, organizaciones ambientales e instituciones del Gobierno han expresado su rechazo.
Los proyectos de ley que vulneran la LFFS, se centran en las disposiciones complementarias que se refieren a la suspensión de la zonificación forestal para la entrega de títulos habilitantes sobre los bosques y las modificaciones en las reglas para la autorización del cambio de uso de suelo.
A esto se le suma el último Proyecto de Ley 3912-2022, presentado por el congresista Eduardo Salhuana de Alianza Para el Progreso, el cual propone que los gobiernos regionales tengan mayores facultades sobre ecosistemas forestales.
En esa línea, Julio Guzmán, Procurador Especializado en Materia Ambiental, detalló que la aprobación de esta norma impactará en los procesos que aún están abiertos por delitos contra los bosques como son los casos en los que se ha producido deforestación sin contar con autorización de cambio de uso de suelo.
Agregó que, esto sería terrible para los bosques, porque se trata de dar carta legal a todas las ocupaciones ilegales de bosque público, otorgamientos de títulos al margen de la norma, de la ley y de la Constitución, lo cual crearía un precedente realmente terrible”
Por su parte, la Procuraduría Especializada en Materia Ambiental señaló que de aprobarse esta norma más de cien procesos por delitos contra los bosques serían archivados.
Instituciones como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Ministerio del Ambiente (Minam), la Defensoría del Pueblo y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), han expresado su rechazo en contra de estas iniciativas, ya que ponen en riesgo la existencia de los bosques en la Amazonía, atentan contra la biodiversidad y ponen en peligro a las comunidades indígenas.
Lucia Pautrat, directora de la organización ambientalista Kené, expresó que de aprobarse esta norma los bosques que han sido deforestados de manera ilegal pasarían a un régimen agrario y podrían ser titulados, lo que representa un delito.
Además, la ley beneficiará a todas las empresas que han deforestado ilegalmente y que se encuentran actualmente bajo investigación fiscal por diversos delitos ambientales.
