Por Stakeholders
Lectura de:
JORGE MELO VEGA CASTRO
Presidente de Responde
En un reciente artículo, el destacado experto en sostenibilidad Antonio Vives, entre sus ácidos pronósticos para el 2020 señala que “se inventará un nuevo término para referirse a la responsabilidad de la empresa ante la sociedad”. Su pesimismo está asociado a lo que ha ocurrido en los últimos 20 años con la RSE y el comportamiento de muchas empresas que no les preocupa los impactos que generan sus actividades y por el contrario nos embelesan con sus buenas prácticas de siempre y los estudios y rankings de los CEOs diciendo lo estratégico que es la sostenibilidad en su gestión.
Pero más allá de la evolución en los términos y algunas inacciones, hemos podido observar la preocupación de algunas grandes empresas, en conocer e involucrarse en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que forman parte del marco normativo internacional impulsado por las Naciones Unidas y que tienen implicancias jurídicas y económicas para las empresas; por ahora, otra vez, en las grandes empresas. Pero hablar de empresas y derechos humanos en el Perú no es un tema fácil, por toda la implicación política asociada a la conflictividad armada reciente. Pero, también saben estas empresas maduras que estos principios hay que cumplirlos y sobre todo, gestionarlos.
Esa gestión consiste en realizar una debida diligencia para que de manera proactiva las empresas identifiquen los riesgos reales y potenciales que ocurren por efecto de sus actividades y puedan afectar los derechos humanos. Si realizan esa tarea van a poder hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas que adoptan y saber si están dando resultados. Esa gestión, las medidas y la mitigación de impactos deben ser puestas en conocimiento, dialogadas, con los colectivos involucrados y de ese modo los riesgos se minimizan haciendo sostenible la operación.
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que como sabemos es la instancia que promueve la cooperación y desarrollo de las principales economías, en base a recomendaciones, fijación de estándares y mediciones, también se ha involucrado en esta problemática y ha adoptado los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos como la Conducta Empresarial Responsable que deben seguir todas las empresas de sus países miembros y puesto especial énfasis en su desarrollo en América Latina y el Caribe.
Pero ha ido más allá, para aquellos que quieran tomar distancia y no tocar los derechos humanos por temas de escrúpulos o semántica, y ofrece una nueva propuesta, “el nuevo testamento”, que es la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable.
Entonces, la Conducta Empresarial Responsable permite trabajar con un modelo de gestión sostenible, manejando un proceso de debida diligencia para la gestión de riesgos por impactos en los derechos humanos e identificar con mayor claridad y profundidad la participación de la empresa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos dice la OCDE que las empresas ya no pueden invocar la falta de conocimientos como excusa para no comenzar, sencillamente empiecen.
