Por Stakeholders
Lectura de:
Jorge Melo Vega-Castro
Presidente de Responde
La pobreza, el hambre, la salud, la educación, el empleo, dentro de una importante lista de temas fundamentales, son parte de la agenda 2030 que nos plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas – ODS. Si reparamos en ellos, nos daremos cuenta que también son los mismos temas centrales que aborda la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que ocurre en el caso de los ODS, es que se fijan metas para que los diversos actores involucrados se comprometan realmente a actuar y medir esa actuación.
Tenemos entonces las limitantes para el desarrollo con sus temas (esos son los 17 objetivos), las metas que son 169 y sus indicadores respectivos para el cumplimiento de esas metas. Pero es el caso que el Objetivo 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” puede resultarnos algo alejado de los aspectos sensibles y muy tangibles como el empleo, la educación de calidad o la producción y el consumo responsable que son parte de la agenda; sin embargo este objetivo resulta clave para que las cosas ocurran.
El mayor o menor desarrollo de un país se refleja en sus instituciones, no importa si ese país tiene más o menos recursos económicos, si tiene instituciones sólidas, que funcionan bien y sobre todo, son respetadas, ese país tiene las mayores oportunidades de afrontar sus retos. Esas instituciones no son, como muchos creen, los organismos del Estado, sino que son instancias mucho más próximas a los ciudadanos que requieren su participación y respeto para alcanzar su legitimidad y así lograr solidez. Es el caso de los gremios, clubes, sindicatos, municipios, iglesias, ONG, empresas, asociación de padres de familia, comunidades y claro, también los organismos del Estado.
La meta 16.6 de los ODS nos plantea “Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”. Una gestión positiva, de lo que fuere, siempre intenta ser eficaz, esto es, cumplir con sus metas y no distraerse perdiendo su foco. Ese es el mandato que prescribe esta meta. Que esa lista de instituciones que hemos mencionado opere eficientemente, que no se distraigan de sus objetivos y eso exige transparencia, que sean fácilmente observadas y se obliguen a reportar y dar cuenta del nivel de cumplimiento de sus objetivos: sus métricas.
Cualquier actividad de una institución que se aleje de sus objetivos se estaría inclinando a ser corrupta. No se trata de la comisión de delitos necesariamente, sino de no cumplir de manera eficiente con sus labores. Por eso, si los líderes no se renuevan en el gremio, comunidad, ONG o empresa, no nos está transmitiendo un compromiso con la eficiencia. Si la organización no brinda información de sus actos y no nos cuenta el nivel de avance en sus objetivos, rindiendo cuentas, no está siendo eficiente. En concreto, la ineficiencia es en cierta medida una señal de corrupción.
Vivimos en el país una severa crisis de institucionalidad. Vemos a las instituciones como una instancia ajena, legal, con normas y estatutos, pero no somos capaces de entender que los protagonistas somos los propios ciudadanos, hoy divorciados de ellas. Participar en ellas, acompañarlas y demandar que cumplan con rigor sus tareas es indispensable. La legitimidad sólo se consigue en la medida que las instituciones alcancen la participación y confianza de los ciudadanos.
