Por Stakeholders
Lectura de:
Ana Belen Sanchez
Especialista de empleo verde de América Latina y el Caribe, Organización Internacional de Trabajo (OIT)
Los datos que describen la situación ambiental actual son muy preocupantes. El cambio climático se agrava. Las emisiones de gases de efecto invernadero han llegado a nuevos máximos nunca antes vistos (Elcacho, 2019). El impacto en nuestras economías y en el mundo del trabajo es evidente. Por un lado, los desastres naturales vinculados al cambio climático –inundaciones, sequías, huracanes y otros– provocan cada año el desempleo de miles de personas, la interrupción de cadenas de producción globales y el cierre de empresas, especialmente pequeñas y medianas, que disponen de menos capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas.
El estado de la biodiversidad mundial empeora cada año. El número de especies animales y vegetales se está reduciendo a niveles sin precedentes y más de un millón de especies están en peligro de extinción hoy (IPBES, 2019). En América Latina ya se ha perdido el 31 % y se espera llegar al 40 % en 2050 si todo sigue igual. Esta degradación ambiental está provocada por la actividad humana y tiene un impacto directo negativo en la seguridad alimentaria, en la salud, en los ingresos y en el empleo de una buena parte de la población mundial. Se calcula que más de 1.200 millones de empleos dependen de que nuestros ecosistemas, terrestres y marinos, estén en buen estado (OIT, 2018).
Los desafíos sociales para América Latina no son menos preocupantes. Alrededor de 25 millones de personas se encuentran desempleados en la región, la tasa de desocupación juvenil triplica la de la población adulta y el 53 % del total del empleo en la región es informal. Es decir más de la mitad de los trabajadores y sobre todo trabajadoras en América Latina y el Caribe no tienen contratos de trabajo ni acceso a los sistemas de protección social que de ellos derivan (salud, desempleo, pensiones) (Oficina Regional OIT para América Latina y el Caribe, 2018).
Revertir esta situación pasa por cambiar la matriz económica de la región. Desde la década de 1990, América Latina ha basado su modelo de desarrollo en la explotación de los minerales, combustibles fósiles y materias primas agrícolas y cada vez más porcentaje del PIB proviene de estos sectores y menos de la producción de bienes manufacturados o con valor agregado (Heinrich-Böll-Stiftung, 2015). Por ejemplo, en el caso de Perú, más del 60 % de las exportaciones corresponden a productos mineros.
Es por tanto evidente la urgente necesidad de transformar la economía y el empleo de la región hacia un modelo de producción y consumo más sustentable ambiental y socialmente. ¿Cómo hacerlo? De acuerdo a la OIT, si los países adoptan prácticas más sostenibles ambientalmente se crearían hasta 24 millones de nuevos puestos de trabajo en 2030. Se trata de empleos creados en la producción de energías renovables, de electro-movilidad, eficiencia energética, construcción sostenible o alimentación orgánica entre otros (OIT, 2019).
Las directrices de transición justa de la OIT hacia la sustentabilidad ambiental dan idea de qué pasos se deben dar a nivel de país (OIT, 2016). Perú ya ha comenzado este camino y desde 2014 forma parte de la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde. Su objetivo es promover una economía con crecimiento y empleo verde que mejore el bienestar de todos, propicie el uso eficiente de los recursos y la sostenibilidad ambiental en un marco de inclusión y equidad social.
