Por Stakeholders
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Defender los bosques amazónicos, los territorios indígenas y los derechos colectivos continúa siendo una actividad de alto riesgo en América del Sur. Así lo advierte el informe Defender la Amazonía bajo amenaza, elaborado por Amazon Frontlines, que documentó 39 casos urgentes de afectación a defensores ambientales, comunidades indígenas y organizaciones territoriales en Perú, Colombia y Ecuador.
La investigación, desarrollada entre julio de 2024 y mayo de 2026 a través del programa Defender Defensorxs, analiza situaciones de violencia, criminalización y limitaciones en los sistemas de protección. El estudio también identifica la influencia de actividades extractivas, economías ilícitas y disputas por el control de recursos naturales como algunos de los principales factores que incrementan los riesgos en la Amazonía.
Según el informe, la criminalización mediante procesos penales y administrativos representa el 39,5% de las amenazas registradas. Le siguen las intimidaciones y agresiones directas con el 23,7%, las presiones indebidas con el 15,8%, la ruptura del tejido social con el 13,1% y los desplazamientos forzados o restricciones a la movilidad con el 7,9%.
Para Amazon Frontlines, esta situación evidencia que muchos líderes indígenas y defensores ambientales enfrentan no solo amenazas físicas, sino también acciones legales y administrativas que dificultan su labor de protección territorial.
Perú registra 38 líderes indígenas asesinados en la última década
En el caso peruano, el informe identifica a la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras como algunas de las principales amenazas para las comunidades amazónicas.
De acuerdo con cifras de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), al menos 15 indígenas fueron asesinados entre 2020 y 2026. La organización eleva la cifra a 38 víctimas durante los últimos diez años.
Durante la presentación del estudio, el apu Julio Cusurichi Palacios, integrante del Consejo Directivo de Aidesep, cuestionó la respuesta de las autoridades frente a las denuncias.
“En el Perú, por defender nuestros territorios, nuestra Amazonía, nuestra vida somos criminalizados, somos denunciados, somos incluso muertos y hoy más. En estos últimos 10 años 38 hermanos murieron por defender su territorio”, afirmó.
El documento también señala dificultades en la implementación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Asimismo, indica que la no ratificación del Acuerdo de Escazú limita la capacidad de prevención y respuesta frente a las amenazas que enfrentan los defensores ambientales.
Ecuador y Colombia enfrentan desafíos distintos
En Ecuador, la criminalización alcanza el 53,1% de los casos registrados. El informe documenta investigaciones penales, bloqueos de cuentas bancarias y restricciones que afectan el funcionamiento de organizaciones indígenas.
Amazon Frontlines sostiene además que algunas decisiones normativas han generado limitaciones al ejercicio de la protesta social, lo que incrementa la vulnerabilidad de las comunidades que defienden sus territorios.
En Colombia, los riesgos están asociados principalmente a la presencia de grupos armados, la deforestación, el reclutamiento y las presiones sobre comunidades rurales e indígenas.
Como referencia, el estudio recoge información de Global Witness, que registró 48 asesinatos de defensores de la tierra y el ambiente en Colombia durante 2024.
Además, el informe advierte que los mecanismos individuales de protección no siempre responden adecuadamente a los riesgos colectivos que enfrentan las comunidades y guardias indígenas en territorios amazónicos.
Protección insuficiente y llamados a los gobiernos
La investigación muestra que el 29,4% de las acciones de apoyo registradas estuvo dirigido a organizaciones indígenas, comunidades y entidades de derechos humanos. Otro 23,5% benefició a guardias indígenas y el 17,6% a defensores individuales.
Entre las medidas más frecuentes figuran la asistencia legal, que concentra el 25% de los casos, seguida por el apoyo para movilización segura con 16,7%. También aparecen acciones de seguridad física, asistencia médica y psicológica, así como mecanismos de protección espiritual y comunitaria.
A partir de estos hallazgos, Amazon Frontlines pidió a los gobiernos de Perú, Colombia y Ecuador fortalecer los sistemas de protección, investigar las agresiones y desarrollar mecanismos colectivos diseñados junto a los pueblos indígenas.
La organización también solicitó la ratificación del Acuerdo de Escazú en Perú y una implementación más efectiva del tratado en Colombia y Ecuador.
Respecto a los presuntos responsables de las amenazas, el informe registra 14 menciones relacionadas con policías, militares y otros actores estatales. Asimismo, identifica 13 menciones vinculadas a empresas extractivas o personas relacionadas con estas actividades, ocho menciones a grupos armados irregulares y cuatro a empresas agroindustriales.
El estudio concluye que la mayoría de los casos se concentra en territorios rurales y zonas fronterizas de la Amazonía, donde la disputa por los recursos naturales continúa generando un escenario complejo para quienes defienden los derechos de las comunidades y la conservación de los ecosistemas.
