Por Stakeholders
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La reactivación petrolera en Loreto bajo un eventual gobierno de Keiko Fujimori enfrenta fuertes tensiones en la agenda nacional. Mientras sectores políticos y empresariales promueven la explotación de nuevos lotes como motor económico, organizaciones indígenas y especialistas advierten que estas medidas ponen en riesgo la supervivencia de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, además de profundizar los impactos ambientales en la Amazonía.
Para algunos sectores, una eventual expansión de esta actividad extractiva se ve afectada por la presencia de territorios donde el Estado ha reconocido la existencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), una de las poblaciones más vulnerables del país.
Reactivación petrolera en Loreto
El Plan de Prosperidad de Loreto, elaborado en 2026 con participación de la Cámara de Comercio de Loreto y técnicos vinculados al fujimorismo, identifica a los hidrocarburos como motor económico y plantea reactivar lotes como el 39 y 67, superpuestos a territorios solicitados para la futura Reserva Indígena Napo Tigre y Afluentes. El documento incluso propone “eliminar los candados ambientalistas de las ONG y los PIACI”.
Luis Carranza Ugarte, ex ministro de Economía y miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, participó en la elaboración del plan y defendió públicamente la necesidad de reactivar lotes petroleros. Entre 2022 y 2023 fue director independiente de PetroTal, la principal compañía que opera en Loreto. Actualmente es uno de los nombres en primera línea para ocupar el Ministerio de Economía en el próximo gobierno.
El congresista Jorge Morante Figari celebró en 2025 el rechazo de la categorización de la Reserva Indígena Yavarí Mirim: “No podemos seguir permitiendo que desde Lima se impongan decisiones que afectan directamente a la población amazónica. Estas reservas han sido creadas sin comprobación de la existencia de pueblos en aislamiento y solo han servido para frenar el desarrollo de Loreto”.
Pueblos indígenas en Loreto y los conflictos sociales-ambientales
El antropólogo Fritz Villasante advierte: “Si no se reconoce los territorios y la existencia de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, estamos hablando de una violación de sus derechos. El pueblo Nahua perdió al 50 % de su población cuando entró en contacto por no tener defensas inmunológicas suficientes”.
La Reserva Napo Tigre y Afluentes y la Reserva Yavarí Mirim enfrentan presiones políticas y empresariales. En 2025, la Comisión Multisectorial PIACI rechazó un estudio que documentaba 113 evidencias de pueblos en aislamiento en Yavarí Mirim, debilitando su proceso de reconocimiento.
“No podemos seguir permitiendo que desde Lima se impongan decisiones que afectan directamente a la población amazónica. Estas reservas han sido creadas sin comprobación de la existencia de pueblos en aislamiento, y sólo han servido para frenar el desarrollo de Loreto”, declaró el excongresista Jorge Morante Figari.
Loreto registra 707 derrames de petróleo entre 1997 y 2023, muchos sin remediación. Es la región con mayor número de conflictos sociales activos, con 23 casos según la Defensoría del Pueblo.
El líder Matsés Leo Chuma Tecca Besos denuncia: “El gobierno central y regional son beneficiados, pero la comunidad no. Vamos a seguir abandonados por el Estado”.
La directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, Patricia Figueroa, sostiene que la reactivación generaría inversión, empleo y canon, además de fortalecer la seguridad energética. Sin embargo, el consultor en hidrocarburos José Antonio Mansen Bellina advierte: “Hemos generado más de 40 mil millones de soles en 50 años, pero no ha habido desarrollo en educación, salud, conectividad ni agua potable. El petróleo no va a funcionar si no se cierran esas brechas”.
Loreto se encuentra en el centro de una tensión crítica: el impulso económico vía hidrocarburos frente a la obligación de proteger a los pueblos indígenas más vulnerables. La pregunta es si el país podrá impulsar una nueva etapa de desarrollo sin debilitar las garantías destinadas a los PIACI y sin repetir los errores de contaminación y abandono que marcaron la historia amazónica.
