Por Stakeholders
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La deforestación, la contaminación del aire y la escasez de agua configuran un escenario ambiental que ya impacta en la salud pública, la economía y la calidad de vida de millones de peruanos. Entre 2001 y 2024, el país perdió 3,2 millones de hectáreas de bosques amazónicos, según el Ministerio del Ambiente, una actividad que representa el 51 % de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero.
A ello se suma que, solo en el primer trimestre de 2025, el OEFA emitió 248 alertas por alta contaminación del aire, de las cuales 181 se registraron en Lima. La disponibilidad de agua también es un desafío estructural: la OCDE advierte que la costa concentra el 60 % de la población y genera el 80 % del PBI nacional, pero dispone de menos del 2 % del agua dulce del país.
Desafíos urgentes y la brecha ambiental entre regiones
“El Perú enfrenta desafíos ambientales urgentes, como la pérdida de bosques impulsada por la expansión agrícola, tala ilegal y cultivos ilícitos. En las ciudades, la contaminación del aire y la deficiente gestión de residuos son problemas cotidianos”, señaló Javier Quino, director de la Carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Lima.
El especialista también alertó que el país es altamente vulnerable frente al cambio climático, con eventos extremos cada vez más frecuentes e intensos. A ello se suma la contaminación de ríos y fuentes de agua por mercurio y cianuro producto de la minería ilegal, mientras que la degradación de los suelos compromete la producción de alimentos y los medios de vida de numerosas comunidades.
Según el Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental (IRESA), Tacna, Arequipa y Lima lideran el desempeño ambiental gracias a mejoras en gestión de residuos y capacidad institucional, mientras que Loreto, Huánuco y Madre de Dios registran los mayores rezagos por problemas de gobernanza, deterioro de áreas verdes, incendios forestales, minería ilegal y mala calidad del aire.
“El informe revela una brecha profunda entre regiones. Algunas avanzan gracias a una mejor gestión institucional y planificación, mientras que otras retroceden por el avance de actividades ilegales. El problema no es solo la ilegalidad, también influyen disparidades estructurales que el proceso de descentralización no ha logrado corregir”, explicó Quino.
El costo de no actuar y los tres frentes prioritarios
Las consecuencias van más allá del deterioro ambiental. “En lo económico, se traduce en pérdida de producción, mayores costos energéticos y restricciones comerciales por incumplir estándares internacionales de sostenibilidad. En salud pública, las condiciones climáticas favorecen la expansión de enfermedades como el dengue y aumentan los casos de enfermedades digestivas”, añadió Quino.
Si bien el Perú cuenta con un marco legal para enfrentar estos desafíos, el especialista considera que el principal reto está en acelerar su implementación. “El instrumento más importante en materia climática es la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático para el 2050, pero su avance es lento y los esfuerzos actuales no son suficientes. El gran reto está en fortalecer leyes y, sobre todo, en hacer frente a las economías ilegales”, subrayó.
Para revertir esta situación, Quino señala que las prioridades deben enfocarse en:
- Adaptación al cambio climático: proteger ecosistemas estratégicos y mejorar la gestión de recursos hídricos.
- Reducción de emisiones: luchar contra la deforestación e impulsar energías renovables.
- Gobernanza ambiental: mejorar la gestión de residuos, invertir en investigación científica e incorporar criterios de sostenibilidad en la inversión pública.
Para el especialista, avanzar en estos tres frentes es indispensable para reducir las brechas ambientales entre regiones y construir un desarrollo más sostenible y resiliente.
