Por Stakeholders
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El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) oficializó la Resolución de Consejo Directivo N.° 00005-2026-OEFA/CD, que establece una nueva metodología para el cálculo de multas en el sector ambiental.
La norma busca mayor transparencia y proporcionalidad en las sanciones, reemplazando el esquema vigente desde 2013 y respondiendo a la necesidad de fortalecer la capacidad sancionadora frente a la creciente presión sobre los recursos naturales.
¿Cuáles son los cambios en la nueva metodología del OEFA?
La metodología introduce el concepto de impacto ambiental negativo, que sustituye al “daño ambiental real probado”. Con ello, se sancionan alteraciones desfavorables al ambiente sin necesidad de demostrar un daño irreversible. Además, se incorporan factores de graduación vinculados a ecosistemas frágiles, pueblos indígenas, salud de las personas y reincidencia.
El esquema contempla tres fórmulas diferenciadas:
- Para incumplimientos formales sin impacto ambiental.
- Para infracciones que generan impacto ambiental negativo.
- Para casos con impacto ambiental negativo significativo, cuantificable con información suficiente.
El cálculo considera el beneficio ilícito obtenido por el infractor y la probabilidad de detección, que se clasifica desde muy alta hasta baja. Estos elementos buscan desincentivar la impunidad y garantizar que las sanciones sean proporcionales al riesgo y al daño causado.
La norma exceptúa a entidades públicas de ciertos costos relacionados con inversiones y mantenimiento de infraestructura cuando el servicio es esencial para la ciudadanía. Con ello, se reconoce la necesidad de equilibrar la fiscalización con la continuidad de servicios básicos.
Participación ciudadana y sociedad civil
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) participó en el proceso normativo y logró que se incluyera la definición de impacto ambiental negativo significativo y la afectación a ecosistemas frágiles como factores agravantes. “La mejora continua de las herramientas de fiscalización debe orientar la actuación de las entidades públicas”, señaló Vera Morveli, especialista de la SPDA, quien destacó la importancia de publicar los comentarios recibidos durante el proceso participativo como práctica de transparencia y gobierno abierto.
Con esta actualización, el OEFA busca fortalecer su capacidad sancionadora y garantizar que las multas reflejen de manera proporcional el daño ambiental y las circunstancias de cada caso. La medida apunta a reducir la impunidad y proteger ecosistemas críticos en un contexto de creciente presión sobre los recursos naturales del país.
