Por Jimena Sologuren, copresidente del Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS) 2026
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El desarrollo de un país no depende solo de la inversión o de sus recursos naturales. Depende también de la calidad de sus instituciones y de las decisiones que tomamos como ciudadanos.
Sin embargo, cuando hablamos de desarrollo solemos enfocarnos en lo que las empresas pueden hacer a través de proyectos e inversiones, o en lo que los gobiernos deben hacer por los ciudadanos. Con frecuencia dejamos fuera del centro del debate un elemento fundamental: el rol que tiene la ciudadanía en el fortalecimiento de la institucionalidad del país.
Sabemos que para que haya desarrollo se requieren reglas claras, estabilidad institucional y condiciones que permitan atraer inversión. Pero pocas veces nos preguntamos: ¿qué rol tenemos nosotros mismos, como ciudadanos, para que esas condiciones existan?
En el caso de la minería, como en cualquier actividad productiva, las empresas no operan en el vacío. Su desarrollo depende de un entorno institucional que funcione: un Estado capaz de garantizar seguridad, ordenar el territorio, proveer servicios públicos y gestionar los conflictos de manera legítima. Cuando ese rol se debilita o no logra desplegarse plenamente, ese vacío termina trasladándose inevitablemente hacia las operaciones y hacia las relaciones con las comunidades.
Es entonces cuando comienzan a aparecer tensiones que ninguna empresa puede —ni debe— resolver por sí sola. La ausencia o debilidad del Estado genera una distorsión de roles que termina trasladando hacia las empresas responsabilidades que corresponden al ámbito público.
En muchos territorios, las comunidades comienzan a depositar en la actividad minera expectativas vinculadas a seguridad, infraestructura, servicios básicos o incluso a la resolución de disputas sociales. Si bien muchas empresas realizan importantes esfuerzos de inversión social y de diálogo con su entorno, pretender que estas sustituyan al Estado no solo es inviable en el largo plazo, sino que además debilita la gobernanza local.
El desarrollo sostenible de los territorios requiere instituciones que funcionen, reglas claras y autoridades con capacidad de liderazgo. Pero también exige reconocer que la gobernanza territorial no es responsabilidad exclusiva del Estado. Es una construcción colectiva.
Empresas, autoridades, comunidades y sociedad civil forman parte de ese ecosistema. Cuando estos actores logran articularse, se generan condiciones mucho más favorables para el desarrollo. Los espacios de diálogo, la coordinación público-privada y el fortalecimiento de capacidades en los gobiernos locales son herramientas clave para construir confianza y transformar las oportunidades del territorio en bienestar concreto para las personas.
Desde esa perspectiva, la minería puede ser un catalizador de progreso cuando existe un ecosistema institucional sólido y una visión compartida sobre el futuro del territorio. Pero ese ecosistema no aparece de manera espontánea, se construye con liderazgo, responsabilidad y participación activa de todos los actores.
En ese proceso, la ciudadanía tiene un rol central. La calidad de nuestras instituciones no es ajena a nuestras decisiones colectivas. Las autoridades que gestionan los recursos del territorio, que deciden cómo se ejecuta la inversión pública o que lideran los procesos de diálogo en las regiones, son elegidas por los ciudadanos.
«Por eso, por el desarrollo se vota.»
Elegir representantes con integridad, capacidad técnica y visión de largo plazo es clave para que los recursos naturales se conviertan en oportunidades reales para las personas. Cuando las instituciones funcionan y existe una ciudadanía comprometida con la calidad de la representación pública, se crean las condiciones para que sectores como la minería puedan aportar plenamente al desarrollo del país.
Si uno de los vértices de este triángulo —Estado, empresa y ciudadanía— se debilita, el desarrollo territorial pierde equilibrio. Pero cuando los tres se fortalecen y actúan con una visión compartida, el enorme potencial de nuestros territorios puede transformarse en bienestar, oportunidades y progreso sostenible para todos.
Porque, al final, el desarrollo de un país no solo se planifica ni se invierte. También se vota.
