Por Stakeholders
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La preocupación por el futuro de Machu Picchu ya no se limita al turismo descontrolado. A la deficiente gestión de visitantes se suma un nuevo peligro: la minería ilegal que avanza de forma silenciosa sobre las áreas cercanas al santuario, amenazando con erosionar las terrazas incas y contaminar los ríos que recorren el Valle Sagrado.
Durante la reciente cumbre Perumin 37, celebrada en Arequipa, el especialista en políticas públicas y minería Iván Arenas alertó sobre la gravedad del problema. «Un 70% de la economía nacional opera en la informalidad, facilitando actividades ilícitas como la extracción minera y el turismo desregulado. Es un Estado débil que no garantiza desarrollo», advirtió.
Machu Picchu: el crimen organizado y el riesgo ambiental afectan al santuario histórico
Arenas recordó el caso de Marco Antonio Cutipa Farfán, condenado a ocho años de prisión por explotación no metálica en un área de 20 metros cuadrados dentro del santuario histórico, a finales de 2024.
El proceso fue resultado de la coordinación entre la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp). Sin embargo, este tipo de acciones, según el experto, son excepciones que no resuelven la raíz del problema: la falta de fiscalización constante.
La amenaza no es solo ambiental. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la minería ilegal paraliza proyectos formales por más de US$ 7,000 millones, al tiempo que destruye ecosistemas y debilita el tejido productivo local. Mientras el turismo genera millones en divisas, la extracción informal —aunque no metálica— contamina ríos y suelos y pone en riesgo el equilibrio económico de las comunidades que dependen del patrimonio cultural.
En el foro minero también se advirtió sobre la expansión del crimen organizado hacia zonas de alto valor patrimonial. Organizaciones ligadas al narcotráfico en regiones como Pataz (La Libertad) y Puno podrían extender sus operaciones hacia el entorno de Machu Picchu, donde la débil presencia del Estado deja un terreno fértil para actividades ilícitas.
La informalidad, el mal que obstaculiza el crecimiento económico
Expertos en la cumbre coincidieron en que el gobierno, pese a la Estrategia Nacional contra la Minería Ilegal, prioriza medidas reactivas en lugar de fortalecer la fiscalización. Esto no solo genera impactos ambientales sino que limita el desarrollo regional.
En Cusco, donde el turismo representa el corazón de su economía, hasta el 15.1%, según el Instituto Peruano de Economía, la informalidad minera compite deslealmente con el sector formal y desalienta la inversión.
La informalidad no solo amenaza con sanciones internacionales, también frena el crecimiento económico. El IPE alerta que la minería ilegal es uno de los mayores riesgos para el desarrollo del sector minero formal, impidiendo la creación de empleo en regiones empobrecidas.
Ante este panorama, gremios y organizaciones ciudadanas han propuesto la creación de una autoridad autónoma dedicada a la protección de patrimonios críticos como Machu Picchu, con poder efectivo de fiscalización y respuesta rápida.
Como concluyó Iván Arenas, “la defensa del patrimonio y el desarrollo sostenible deben ser prioridad nacional. Cada día que el Estado cede terreno a la informalidad, el país pierde un poco más de su identidad y futuro”.
