“Estamos impulsando el fortalecimiento de la banca pública verde”

Han venido apoyando a la elaboración de productos financieros verdes. En los últimos meses, ¿con qué otras entidades financieras han trabajado para diversificar la oferta financiera en favor de emprendimientos, por ejemplo?

En efecto, durante el 2024 hemos apoyado al sector financiero en el desarrollo de productos financieros verdes, trabajado nuevas líneas de crédito con entidades como Caja Cusco y Caja Ica, orientadas a sectores clave como la agricultura, la ganadería y la conservación de la biodiversidad.

Entre las iniciativas desarrolladas, destaca el financiamiento de biodigestores, actualmente en fase piloto, dirigido a pequeños ganaderos para mejorar la gestión de residuos pecuarios y promover la generación de biogás y biol. También se ha implementado un crédito para la conservación de papa nativa, con una colocación proyectada de S/ 800 000, y el Crédito Agroprotector, que fomenta la geolocalización de parcelas y las buenas prácticas agrícolas, fortaleciendo la resiliencia del sector agro frente al cambio climático.

¿Qué otras entidades se han sumado al “Programa para Bionegocios” en lo que va del año?

En el marco del “Programa para Bionegocios”, durante el primer semestre de 2025 se incorporaron dos nuevas entidades financieras intermediarias: COOPAC San Cristóbal de Huamanga y EdpyElvis García, director general de Economía y Financiamiento Ambiental del MINAM, indica que se ha establecido como meta movilizar aproximadamente USD 5.8 mil millones de recursos del sistema financiero privado hacía proyectos ambientales al 2030, en el contexto de la Hoja de Ruta de Finanzas Verdes. me Alternativa, con lo cual se alcanza un total de 11 entidades de ese tipo participantes.

A través de estas, se sigue impulsando el financiamiento de bionegocios en la Amazonía peruana, habiéndose movilizado hasta la fecha más de S/ 29 millones en recursos para dicho fin. Gracias a este esfuerzo, se han otorgado 3935 créditos a bionegocios ubicados en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Piura y Ucayali, permitiendo una conservación y/o manejo sostenible de más de 10 000 hectáreas.

¿Qué otra iniciativa han venido impulsando a la fecha?

Del mismo modo, estamos impulsando el “Programa de Alistamiento para la Inversión de Impacto” (PdA), cuyo objetivo es preparar a los negocios sostenibles para acceder a capital con impacto positivo con la biodiversidad. Entre 2022 y 2024, el programa ha canalizado más de S/14 millones a 9 negocios sostenibles (empresas, cooperativas y asociaciones), beneficiando a 1377 asociados. Esto permitió la conservación y/o manejo sostenible de aproximadamente 40 000 hectáreas de ecosistemas, para el financiamiento de capital de trabajo y activo fijo.

En el corto o mediano plazo, ¿qué planificación tienen para aumentar el grueso de financiamiento climático?

Como Ministerio del Ambiente, estamos fortaleciendo una visión estratégica para movilizar financiamiento climático de forma más ambiciosa, estructurada y articulada con diversos sectores. En el corto y mediano plazo, una de nuestras prioridades ha sido el desarrollo de la “Política Nacional: Estrategia Nacional ante Cambio Climático al 2050”, que nos permita alinear las inversiones públicas y privadas con nuestras metas climáticas, en línea con lo que ya han hecho países como Chile.

También estamos avanzando decididamente en el fortalecimiento del rol del sector privado y del sistema financiero nacional. En este punto, experiencias como las de Colombia —que ha desarrollado una taxonomía verde y promovido mesas de trabajo sobre finanzas sostenibles— son referentes importantes.

En el caso del Perú, ya contamos con una hoja de ruta para finanzas sostenibles y estamos trabajando de la mano con actores del sector privado y financiero para consolidar una taxonomía sostenible peruana que facilite las inversiones en proyectos verdes.

“Seguiremos posicionando al Perú como un actor estratégico ante los fondos internacionales”.

¿En qué otras líneas de financiamiento están trabajando para ofrecer más oportunidades al interior del país?

Estamos impulsando el fortalecimiento de la banca pública verde. Además, exploramos mecanismos financieros como líneas de crédito climáticas, garantías para proyectos resilientes y esquemas de financiamiento innovadores. Esto permitirá facilitar el acceso a recursos por parte de gobiernos subnacionales y de actores privados, incluyendo MIPYMEs, que suelen enfrentar barreras para financiar proyectos climáticos.

Otro eje importante es el fortalecimiento de capacidades a nivel territorial. Se podrían adaptar aprendizajes de modelos eficientes de financiamiento climático en regiones. Buscamos empoderar a los gobiernos regionales y locales para que integren criterios climáticos en sus planes de inversión pública y puedan acceder directamente a fondos climáticos, incluyendo iniciativas en adaptación basada en ecosistemas, gestión del agua y agricultura sostenible, por ejemplo.

¿Qué expectativas tienen en seguir promoviendo un mayor empoderamiento financiero de comunidades y otros grupos?

Seguiremos posicionando al Perú como un actor estratégico ante los fondos internacionales. Estamos elaborando propuestas que respondan a las necesidades del territorio y que incorporen activamente a pueblos indígenas, mujeres y jóvenes. Nuestro compromiso es asegurar que el financiamiento climático llegue de manera efectiva a quienes más lo necesitan y que contribuya a una transición justa y resiliente en todo el país.

Por otra parte, en el marco de la hoja de ruta, ¿qué cifras se van a movilizar financieramente en favor de las finanzas sostenibles?

En el marco de la Hoja de Ruta de Finanzas Verdes, se ha establecido como meta al 2030 movilizar aproximadamente USD 5.8 mil millones de recursos del sistema financiero privado hacía proyectos ambientales, lo que representa cerca del 3.1 % del PBI nacional. Esta movilización es clave para catalizar inversiones que impulsen un sistema financiero más resiliente, competitivo y alineado con la agenda de sostenibilidad.

¿Qué espacios intersectoriales han establecido para involucrar también al sector privado u organizaciones civiles?

Para avanzar en esta dirección, la Hoja de Ruta cuenta con iniciativas clave como el Protocolo Verde, un espacio de trabajo colaborativo entre el sector público y el sector privado. Este mecanismo permite generar lineamientos consensuados que promuevan la incorporación de criterios de sostenibilidad en los proyectos e inversiones que se financien en el país.

¿Cómo va el avance en torno a contar con la Taxonomía de Finanzas Verdes?

Se encuentra en proceso de aprobación la primera versión de la Taxonomía de Finanzas Verdes para el Perú, una herramienta fundamental para orientar y facilitar la canalización de capital hacia actividades económicas ambientalmente sostenibles.

La taxonomía establece criterios técnicos y definiciones claras sobre qué se considera una actividad verde, lo que brinda mayor certeza y transparencia tanto a los inversionistas como a las entidades financieras. De este modo, se convierte en una herramienta habilitadora clave para movilizar capital privado de manera eficiente y efectiva, contribuyendo directamente al cumplimiento de la meta financiera al 2030.

¿Qué rol tienen todos los actores del sistema financiero peruano en esta ruta que se han trazado?

Lograr una movilización efectiva de estos recursos requiere un esfuerzo articulado y sostenido con las entidades del sistema financiero —bancos, aseguradoras, fondos de inversión y entidades del mercado de valores—, así como una estrecha cooperación entre los sectores público y privado.

En este marco, desde 2024, el Ministerio del Ambiente viene organizando el Foro Internacional de Finanzas Verdes, un espacio dinámico de diálogo, colaboración e intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en el ámbito de las finanzas verdes. Este foro busca fortalecer las capacidades de los actores clave del sector financiero, promover la adopción de soluciones innovadoras y sostenibles, y contribuir al desarrollo de un sistema financiero que facilite la movilización de recursos para avanzar hacia una economía sostenible.