Por Osmaro Villanueva
Lectura de:
El 28 de julio de 2025, Dina Boluarte ofreció el Mensaje a la Nación más largo del siglo XXI. Fueron más de cuatro horas y 97 páginas de lectura dificultosa, marcada por reiteraciones, promesas ya escuchadas y una desconexión evidente con la realidad del país.
Con un 97% de desaprobación, la presidenta intentó mostrar una gestión activa en sostenibilidad y cambio climático. Sin embargo, el balance deja más dudas que certezas.
Una agenda verde sobre el papel
En el discurso, Boluarte resaltó una serie de estrategias a largo plazo como la Estrategia Nacional de Cambio Climático al 2050, la Estrategia de Diversidad Biológica y la Hoja de Ruta de Economía Circular. Además, celebró la creación de nuevas áreas protegidas, entre ellas la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau y diversas Áreas de Conservación Regional en Cajamarca, Loreto y Ucayali.
Estos anuncios fueron acompañados por cifras de inversión: S/ 51 millones destinados a planes de negocio en la Amazonía, S/ 4.8 millones para Áreas Naturales Protegidas y S/ 29 millones en créditos a bionegocios. También se destacó la restauración de 250 hectáreas de bosques degradados por minería ilegal en Madre de Dios y el uso de “esferas restauradoras” para combatir la degradación ecológica en regiones amazónicas.
En infraestructura natural, Boluarte informó la construcción de más de 1200 qochas y zanjas de infiltración, y una meta de llegar a 1840 para 2026. Esta intervención beneficiaría a más de 37 mil familias altoandinas y permitiría retener hasta 64 millones de m³ de agua.
LEA TAMBIÉN: Perú impulsa iniciativa regional sobre conservación y uso sostenible de humedales altoandinos
También destacó el impulso de energías limpias: ocho centrales nuevas (entre solares, eólicas e hidráulicas), con una proyección de 1970 megavatios adicionales para 2028, y una inversión que beneficiaría a casi 2 millones de hogares.
En temas urbanos, anunció la implementación de cinco nuevos rellenos sanitarios, la creación de estaciones de monitoreo ambiental de agua y aire, y obras de recuperación en ocho ciudades del país. También se comprometió a destinar más de 7 millones de soles a bionegocios sostenibles en 20 áreas naturales protegidas.
Andrés Dulanto, decano de la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad Científica del Sur, considera que el mensaje presidencial tuvo un balance mixto en materia ambiental. Si bien reconoce avances importantes como la aprobación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático al 2050, la actualización de la política de diversidad biológica y la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, advierte que estos logros se ven desdibujados por omisiones críticas.
Omisiones que pesan más que los anuncios
En el campo ambiental, si bien hubo menciones a programas de restauración y monitoreo, el discurso evitó abordar temas urgentes y estructurales.
Dulanto lamenta la falta de propuestas claras frente a los derrames petroleros, la ausencia de mención al Acuerdo de Escazú, y la omisión de medidas concretas para proteger a defensores ambientales. “No podemos hablar de sostenibilidad si seguimos ignorando la raíz de la deforestación y de los conflictos en la Amazonía”, concluye.
En esa misma línea crítica, el exviceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, advierte que el mensaje presidencial dejó en evidencia una preocupante “falta de coherencia, integración y de ambición ambiental entre las políticas y acciones públicas anunciadas”.
LEA TAMBIÉN: Perú perdió once veces el tamaño de Lima Metropolitana en bosques de la Amazonía: ¿Qué factores incidieron más?
Esta desconexión no es solo programática, sino profundamente ética, si se considera que apenas dos días antes del discurso, fue asesinado Hipólito Quispe, defensor de la Reserva Nacional de Tambopata, coinciden ambos especialistas. También en julio se denunció el crimen de Mariano Isacama, líder kakataibo en Ucayali. Ambos casos ilustran, según Castro, la ausencia de condiciones mínimas para ejercer derechos ambientales en el país.
“El Gobierno no ha cumplido con su compromiso de fortalecer el mecanismo de protección a defensores y ni siquiera ha aprobado los lineamientos para implementar medidas de protección, pese a tener un mandato legal desde 2021”, sostiene Castro. Y agrega con claridad: “Ninguna política pública, proyecto de inversión o plan de vida comunal será viable con estas condiciones de violencia y creciente debilidad estatal, agravada con normas procrimen”.
Promesas latentes
La misma promesa de ejecutar 70 proyectos de inversión hacia 2026 con más de S/ 3,200 millones ya había sido adelantada en presentaciones previas. Lo mismo ocurre con el llamado “Gran Plan Amazónico”, que se anuncia cada año sin que se materialice en reformas estructurales para frenar la deforestación o regular el extractivismo informal.
La creación de áreas protegidas, los planes de restauración, la inversión en comunidades amazónicas y la economía circular ya estaban en la agenda del año anterior.
LEA TAMBIÉN: Perú revierte la superficie de cultivos de coca, pero avanza sobre 15 áreas naturales protegidas
A juicio de Dulanto, los anuncios de restauración y el nuevo plan amazónico son paliativos frente al verdadero núcleo del problema: la impunidad estructural que permite que actividades ilícitas como la minería ilegal continúen operando bajo apariencias de legalidad. «La ampliación del REINFO sigue siendo el mayor obstáculo para una verdadera persecución penal contra la minería ilegal», señala.
Castro también cuestiona el anuncio del “Gran Plan Amazónico”, que ya se ha mencionado en años anteriores sin resultados tangibles. “Es impostergable un plan estratégico real para el desarrollo sostenible de la Amazonía peruana”, subraya, a la vez que recuerda que el gobierno tampoco rindió cuentas sobre avances en evaluación ambiental ni en el fortalecimiento del SENACE, entidad debilitada por intervenciones políticas.
Puntos claves
Según los expertos, algunos de los pendientes del último mensaje de Dina Boluarte abarcarían:
- No se habló de la nueva escala salarial para los guardaparques, pese a su rol clave en la conservación de Áreas Naturales Protegidas.
- No hubo acciones contundentes contra la tala y minería ilegal, más allá de mencionar la recuperación de zonas ya degradadas.
- Se pasó por alto una estrategia nacional para la gestión hídrica, pese a la escasez de agua, el retroceso glaciar y la presión sobre cuencas andinas y costeras.
- El fortalecimiento de instituciones como OEFA o la SUNASS no fue abordado, ni se mencionaron acciones contra la impunidad en delitos ambientales.
- Tampoco se discutió una política integral de conservación marina ni sostenibilidad pesquera, pese a que el país enfrenta una crisis en el mar peruano.
