El pequeño archipiélago de Vanuatu logró que la Asamblea General de la ONU aprobara con 141 votos a favor una resolución climática que insta a abandonar los combustibles fósiles, pese a la oposición de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump y de petroestados como Arabia Saudí.

La iniciativa, respaldada por 75 países, reconoce que la inacción frente al cambio climático puede generar responsabilidades legales y compensaciones. Foto: Stakeholders.

Por Stakeholders

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El pequeño archipiélago de Vanuatu, con apenas 320,000 habitantes, logró que la Asamblea General de la ONU aprobara una resolución climática histórica con 141 votos a favor, pese a la oposición de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump y de petroestados como Arabia Saudí. El texto insta a abandonar los combustibles fósiles y abre la posibilidad de compensaciones para los países más afectados por el calentamiento global.

El origen en la justicia internacional

La iniciativa se inspiró en un pronunciamiento del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) en julio de 2025, cuando los jueces concluyeron que no combatir el cambio climático constituye una violación del derecho internacional. Aunque no vinculante, ese dictamen abrió la puerta a que otros tribunales puedan exigir responsabilidades a países y empresas contaminantes. Vanuatu trasladó el caso a la ONU y elaboró un texto para que la Asamblea General reconociera oficialmente el fallo.

El primer borrador incluía la creación de un registro internacional de daños climáticos y un mecanismo de reparación, pero fue recortado tras las presiones de Estados Unidos y Arabia Saudí.

Aun así, el texto final mantiene referencias claras a la necesidad de abandonar los combustibles fósiles y eliminar subsidios millonarios al carbón, gas y petróleo. La resolución contó con 75 copatrocinadores, entre ellos España, Alemania, Francia, Países Bajos, Colombia y México. La Unión Europea defendió el texto frente a las enmiendas impulsadas por petroestados.

Alcance y reacciones internacionales

La resolución fue aprobada con 141 votos a favor, 28 abstenciones y 8 en contra, entre ellos Israel, Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudí e Irán. Al no requerir consenso, bastó con mayoría simple, lo que permitió superar los vetos habituales en las cumbres climáticas. El texto señala que la inacción frente al cambio climático puede tener “consecuencias jurídicas”, como la obligación de reparar a los Estados afectados mediante restitución, indemnización o satisfacción. Aunque no vinculante, pide al secretario general de la ONU presentar en 2027 un informe sobre cómo promover el cumplimiento de estas obligaciones.

Greenpeace celebró el “apoyo abrumador” a la resolución y recordó que “la acción climática es una obligación legal irrefutable”. Amnistía Internacional destacó que el texto abre un nuevo camino para la cooperación internacional en un momento de fragmentación global. Expertos en litigios climáticos consideran que la resolución es un paso más hacia la posibilidad de exigir responsabilidades legales a países y empresas contaminantes.

Trump y el negacionismo climático

El presidente de Estados Unidos reiteró su oposición, cuestionando los escenarios científicos sobre el calentamiento global y defendiendo el uso de energías fósiles. Su postura contrasta con el avance de las renovables, que han evitado que se cumpla el escenario más pesimista de aumento de 5 °C hacia finales de siglo.

La resolución liderada por Vanuatu demuestra cómo un pequeño Estado insular puede desafiar a las grandes potencias y abrir un camino hacia la justicia climática. Aunque no vinculante, el texto aprobado por la ONU marca un precedente histórico al reconocer que la inacción frente al cambio climático puede generar responsabilidades legales y compensaciones.

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