Por Stakeholders
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Desde este 28 de mayo, los Estados miembros de la Unión Europea deben adaptar sus leyes nacionales a la Directiva sobre Delitos Ambientales (2024/1203), aprobada en abril de 2024. La normativa amplía el catálogo de infracciones contra el medioambiente y establece penas de hasta 10 años de prisión para los casos más graves que provoquen la muerte de una persona.
La medida responde al aumento de actividades ilícitas altamente lucrativas, muchas veces vinculadas al crimen organizado, y busca reforzar la protección ambiental mediante el derecho penal.
¿Cuáles son los nuevos delitos tipificados por la UE?
La directiva incorpora conductas que antes no estaban contempladas, como el reciclaje ilegal de barcos, la extracción ilegal de agua, infracciones graves con sustancias químicas y mercurio, delitos vinculados a gases fluorados de efecto invernadero, el comercio ilegal de madera, daños sustanciales a ecosistemas protegidos, contaminación provocada por buques e introducción de especies invasoras.
Además, se introduce el concepto de “delito cualificado”, aplicable a casos de destrucción generalizada o daños duraderos al medioambiente.
Las sanciones varían según la gravedad: hasta 10 años de cárcel cuando el delito cause la muerte de una persona, hasta 8 años para los delitos cualificados más graves y hasta 5 años para otras infracciones.
En el ámbito empresarial, las multas podrán alcanzar entre el 3% y el 5% de la facturación mundial anual o hasta 40 millones de euros. Las compañías también podrán enfrentar la revocación de permisos, la exclusión de financiación pública y la obligación de restaurar el entorno dañado.
La normativa exige que jueces, fiscales, inspectores y policías especializados cuenten con formación y recursos adecuados. También prevé apoyo para defensores ambientales implicados en procedimientos penales, reforzando la capacidad institucional frente a delitos de gran impacto.
Adaptación nacional y la importancia de la armonización
Aunque el plazo legal venció este jueves, algunos países aún no han transpuesto la directiva. Entre ellos está España, cuya demora fue criticada por WWF: “La protección del medioambiente no puede quedarse en declaraciones políticas. Sin leyes actualizadas, recursos suficientes y tribunales especializados, muchos delitos ambientales seguirán quedando impunes”.
La Comisión Europea podría iniciar procedimientos de infracción contra los Estados que no cumplan.
La nueva normativa amplía el catálogo de delitos de 9 a 18 y evita la existencia de “paraísos legales”. Sus penas severas y disuasorias se acercan al concepto de ecocidio, aunque no se mencione explícitamente.
Además, refuerza la responsabilidad empresarial y reconoce que los delitos ambientales son transnacionales, afectando cadenas de suministro internacionales. La directiva marca un hito en la política penal europea, al pasar de simples multas a consecuencias reales, con el objetivo de frenar la impunidad y proteger ecosistemas estratégicos.
