Por Stakeholders
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Grave crisis de derechos humanos. Amnistía Internacional acusó a las autoridades peruanas de ensañarse contra las poblaciones indígenas y campesinas durante las protestas que viene afrontando el país desde diciembre, según un informe publicado el último jueves.
Según la organización estas poblaciones fueron especialmente atacadas por esta violencia policial. El Ejército y la Policía Nacional del Perú les han disparado de forma ilegítima con armas letales durante las manifestaciones
Según la Defensoría del Pueblo, el mayor número de posibles muertes arbitrarias por las fuerzas del orden, se concentran en regiones con población indígena.
El documento revela que los departamentos donde hay mayor población indígena, representan el 13% de la población total de Perú; sin embargo, estos abarcan el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis.
Un ejemplo de ello es Puno, un departamento con gran porcentaje de población indígena, que tuvo 17 personas asesinadas por proyectiles de armas de fuego en enero.
Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional manifestó que no es casualidad que decenas de personas dijeran a la organización que las autoridades las trataban como animales. “El racismo sistémico que hay en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz” expresó.
Cabe resaltar que las protestas estallaron debido a que la presidenta Dina Boluarte asumió el cargo el pasado 7 de diciembre tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. Los manifestantes exigen su renuncia, el cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones generales y la formación de una Asamblea Constituyente.
Las manifestaciones fueron violentamente reprimidas y dejaron decenas de fallecidos desde diciembre.
A la fecha hay 48 personas muertas, así como centenares de personas heridas. Las autoridades peruanas no han impedido el uso excesivo y letal de la fuerza.
Posibles ejecuciones extrajudiciales
En su investigación, Amnistía Internacional registró 12 casos de muertes por uso de armas de fuego en los departamentos de Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima entre el 29 de enero y el 11 de febrero.
De estos 12 casos, se comprobó que los disparos fueron en el pecho, el torso o la cabeza, lo que conlleva a un uso intencional de la fuerza letal.
Además, la organización logró analizar al menos 36 piezas de material en foto y videográfico, comprobando que unas 11 apuntan al uso excesivo e indiscriminado de la fuerza letal por parte de la autoridad.
Pedido al Gobierno Español
La organización también pidió al Gobierno español que pare de exportar armas y material antidisturbios a Perú, considerando los «ataques generalizados» hacia la población por parte de las fuerzas del orden.
«Amnistía Internacional España pide al gobierno evaluar las ventas de armas a Perú, y si lo hacen deben aplicar el protocolo para comprobar que uso tendrán las armas exportadas a fin de garantizar que armas españolas no se usen para cometer violaciones de derechos humanos” indicó la organización.
