La UE retrasará tres años el compromiso de reducción de emisiones

La presidencia francesa y el Parlamento Europeo han alcanzado un principio de acuerdo para retrasar de 2012 a 2015 la plena entrada en vigor del recorte obligatorio de emisiones de CO2 de los coches. Con ello, se otorga a los fabricantes de automóviles tres años más para que adapten los vehículos de acuerdo con el límite de emisiones de dióxido de carbono, establecido en los 130 gramos por kilómetro. En la actualidad, la media se sitúa en 160 gramos de CO2 por kilómetro. A cambio de esta mayor flexibilidad, se ha introducido un nuevo objetivo a largo plazo: emisiones de 95 gramos por kilómetro hacia 2020.

 

El compromiso recientemente acordado entre la presidencia francesa y la Eurocámara diluye ahora este antiguo objetivo y apuesta por introducirlo progresivamente. En 2012, los fabricantes sólo deberán cumplir el límite de 130 gramos en el 65% de su flota; en 2013, en el 75%; en 2014, en el 80%; y sólo a partir de 2015 el límite será obligatorio para el 100% de la flota.

La patronal del sector, ACEA, señaló que el acuerdo no es una "buena noticia" porque no da a la industria automovilística europea “la flexibilidad que necesita en tiempos de crisis como los actuales”. Las críticas también llegan desde el lado completamente opuesto, ya que los ecologistas consideran que el resultado final ha quedado vacío de contenido.

El grupo socialista en la Eurocámara aseguró que el acuerdo es "muy satisfactorio" porque "proporciona la protección medioambiental que necesitamos pero también da a la industria seguridad para planificar las inversiones para el futuro y tiene en cuenta las necesidades económicas, incluyendo los puestos de trabajo", según afirmaba su presidente, Martin Schulz, a través de un comunicado.

También los populares europeos expresaron su respaldo a este compromiso y señalaron que la nueva norma incentivará a los productores automovilísticos europeos a "optar por lo verde" pero "sin expulsarlos del mercado", según declaraciones el eurodiputado conservador británico, Martin Callagan.

Para que finalmente se haga efectivo este nuevo plazo, la propuesta deberá ser ratificada tanto por los veintisiete países de la UE como por el pleno del Parlamento Europeo, que votará a finales de diciembre.