“La política debe financiarse de manera adecuada y con apego a una institucionalidad”

Felipe Ortiz de Zevallos, fundador y presidente del Grupo Apoyo

En entrevista a Stakeholders, Felipe Ortiz de Zevallos, fundador y presidente del Grupo Apoyo, señala la necesidad de regularizar la relación entre la política y el sector privado para una mayor transparencia, especialmente con miras a las próximas elecciones generales de 2021.

POR RENZO ROJAS
rrojas@stakeholders.com.pe

La corrupción es una mala práctica que frena el desarrollo del país y, en especial, desnaturaliza el propósito de las instituciones públicas que deben buscar el bienestar de todos los peruanos. Felipe Ortiz de Zevallos, fundador y presidente del Grupo Apoyo, es una palabra autorizada para poder discernir sobre los avances o retrocesos en esta continua lucha, la cual no ha bastado y que la pandemia ha demostrado hasta dónde pueden llegar sus consecuencias.

En el CADE Ejecutivos de este año, el también diplomático, educador y empresario estará a cargo de la exposición del panel de Ética empresarial.

¿De qué manera definiría Ud. el actuar empresarial en la lucha anticorrupción en los últimos cinco años?
Se han planteado algunas iniciativas positivas. CONFIEP puso en marcha en 2016 un Consejo Privado Anticorrupción (CPA) y un grupo de empresarios y ejecutivos, entre los que me incluyo, ha constituido Empresarios por la Integridad. El CPA entiendo que viene avanzando en propuestas de desregulación y simplificación administrativa y Empresarios por la Integridad busca generalizar una certificación similar a la ISO 37001, que constituye un estándar global de gestión empresarial antisoborno. Tal vez no se ha avanzado con el ritmo y la intensidad que hubieran sido deseables.

¿Cuál es su apreciación sobre la legislación peruana para tratar temas de corrupción entre el sector privado y público?
El Gobierno peruano es uno muy engorroso, que en su conjunto funciona mal. En el índice de democracia que la revista The Economist actualiza anualmente, por ejemplo, en lo que se refiere a la evaluación del funcionamiento del aparato estatal, el Perú resulta calificado detrás de Ecuador y Paraguay, países cuyo PBI per cápita es como 20% inferior al nuestro. Así, si bien en el PBI per cápita, estamos a media tabla, en el puesto 86 en el mundo; en corrupción, estamos en el 101, mal.

Eso demuestra que el aparato estatal, la legislación y la administración de justicia son inadecuados en nuestro país. Son desafíos que debemos enfrentar de inmediato.

El soborno es una de las prácticas corruptivas más comunes. ¿Qué mecanismo tienen en la actualidad los líderes empresariales para hacerles frente?
Reafirmar ante sus trabajadores que cualquier práctica de ese tipo es contraria a los valores y a la ética de sus respectivas empresas. Establecer políticas y mecanismos que la combatan. A nivel público, resulta importante divulgar más el concepto que: corrupción = monopolio + discrecionalidad – transparencia. Abogar, por tanto, por una mayor competencia, una menor discrecionalidad y una mayor transparencia.

Un estudio del 2019 de la Universidad del Pacífico señala que más de 90% de directivos entrevistados percibe que en el Perú hay sobornos. ¿Cree usted que este tipo de prácticas se han normalizado?
Hay encuestas que revelan que un 30% de la población ha pagado algún tipo de soborno en los últimos 12 meses. Hay que eliminar las causas implícitas para estas prácticas: mejorar la calidad ética y profesional de la burocracia estatal, combatir el criterio de quienes asumen en la política que el Estado es un botín, simplificar y desregularizar en lo posible. Combatir el clientelismo, jugar limpio.

La pandemia ha “desnudado” las flaquezas del Perú. ¿Qué sector considera usted que ha sido el más afectado por la corrupción en el país?
Todo acto de corrupción genera un mal uso de recursos escasos, un deterioro de la calidad de los servicios públicos y un golpe a la legitimidad democrática. Hay diversos trabajos de investigación que postulan y demuestran que quienes más sufren con la corrupción son los más pobres.

La informalidad tiene aún una considerable presencia en el Perú. ¿Puede ser esta el principal motivo de futuras prácticas corruptivas?
La informalidad facilita la corrupción, eso es evidente. Es importante establecer una dinámica de gradual formalidad. No podremos reducir significativamente la corrupción si en paralelo no reducimos la informalidad que es muy alta en el Perú.

A su juicio, ¿cuál es la relación entre informalidad y corrupción?
Comparten una falta de atención al bien común y a las obligaciones ciudadanas. El informal busca sus objetivos al margen de la institucionalidad. Lo mismo pasa con el que corrompe o es corrompido. Falta incorporar en ambos actuares un sentido del bien común, de ciudadanía.

Circunstancias diversas han relacionado a la política y a la empresa en prácticas no éticas. ¿Pueden relacionarse ellas dos? Y de ser posible, ¿de qué manera pueden hacerlo?
La política debe financiarse de manera adecuada y con apego a una institucionalidad. Ya se ha acordado el aporte del sector público. Hay que regular mejor los aportes que provengan del sector privado. Y este debe ser abierto y transparente.

Para tener partidos políticos que merezcan el nombre, ello requiere de recursos. Y, además de partidos, requerimos de think tanks que analicen y propongan políticas públicas.