Por Stakeholders
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En el marco de la segunda vuelta electoral del 7 de junio, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) advirtió que las propuestas de los partidos Fuerza Popular y Juntos por el Perú presentan enfoques distintos, pero insuficientes frente a uno de los principales problemas del país: la minería ilegal. Esta actividad es considerada la mayor economía ilícita del Perú, vinculada a crimen organizado, trata de personas, corrupción y violencia, además de generar graves daños ambientales y a la salud.
El vocero legal del OMI, César Ipenza, señaló que ninguno de los partidos plantea eliminar el REINFO, mecanismo transitorio de formalización que, según él, ha facilitado la impunidad durante los últimos 20 años. “Lo que nos muestra de alguna manera es una apuesta a seguir facilitando la impunidad lo que queda de este año y que seguramente podría ser ampliado”, comentó.
Ipenza subrayó que el reto central del próximo gobierno no debe ser prolongar regímenes transitorios, sino recuperar la capacidad estatal de gobernanza sobre la cadena de valor del oro, desde la extracción hasta el comprador final. También insistió en la necesidad de distinguir a los verdaderos pequeños mineros de aquellos medianos o grandes que se disfrazan bajo este régimen para evadir controles.
10 propuestas para los primeros 100 días
El OMI presentó un paquete de 10 medidas prioritarias para los primeros 100 días de gobierno, orientadas a fortalecer la lucha contra la minería ilegal y avanzar hacia una formalización efectiva:
- Cerrar definitivamente el REINFO y diseñar un nuevo régimen MAPE con trazabilidad obligatoria, estándares ambientales mínimos y salida automática por incumplimiento.
- Tomar control de las Plantas de Beneficio, con monitoreo digital de producción, fiscalización tributaria y ambiental, y trazabilidad del mineral recibido.
- Asignar recursos extraordinarios al Ministerio Público, Policía Nacional y Marina de Guerra para operativos de interdicción.
- Aplicar el principio de responsabilidad ambiental, obligando a los mineros a asumir costos de reparación por daños causados.
- Eliminar la exención de responsabilidad penal, civil y administrativa de los inscritos en el REINFO, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de abril de 2025.
- Implementar medidas anticorrupción en la Dirección General de Formalización Minera, incluyendo el ISO Antisoborno.
- Promover la eliminación progresiva del mercurio en la MAPE y aprobar el Plan de Acción Nacional en línea con el Convenio de Minamata.
- Poner en marcha el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA) para trazabilidad, control tributario y monitoreo ambiental.
- Centralizar la formalización minera en el Ejecutivo, obligando a los gobiernos regionales a transferir expedientes de mineros en proceso.
- Prohibir concesiones mineras en ríos amazónicos, reforzando la protección de cuerpos de agua frente a la explotación ilegal.
El OMI concluyó que la lucha contra la minería ilegal será uno de los principales desafíos del próximo gobierno y requerirá decisiones firmes desde el primer día para recuperar la gobernanza del territorio y proteger los ecosistemas amazónicos.
