Por Stakeholders
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El Gobierno de Colombia decidió recurrir a la eutanasia para controlar la creciente población de hipopótamos descendientes de los ejemplares introducidos ilegalmente por Pablo Escobar en 1981. La medida se adopta tras el fracaso de gestiones internacionales para trasladar a estos animales a otros países.
La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, confirmó que no existe interés externo en recibir a los animales; “el silencio administrativo nos indica que no hay interés en recibirlos”, señaló, al tiempo que advirtió que sin una intervención directa la población podría alcanzar los 500 ejemplares en 2030 y hasta 1.000 en 2035.
¿Cuántos hipopótamos de Pablo Escobar existen en Colombia?
Actualmente, se estima que hay cerca de 160 hipopótamos distribuidos principalmente en la cuenca del río Magdalena, tras su expansión desde la Hacienda Nápoles, el antiguo zoológico privado de Escobar. La ausencia de depredadores y las condiciones climáticas favorables facilitaron su rápida reproducción.
El impacto ambiental de esta especie invasora es significativo; los hipopótamos, que pueden pesar hasta tres toneladas y consumir grandes volúmenes de vegetación, alteran la calidad del agua mediante la acumulación de desechos orgánicos, reducen el oxígeno disponible en ríos y afectan a especies nativas como el manatí y la tortuga de río. Además, generan daños en suelos agrícolas y representan riesgos para comunidades locales.
“Es en responsabilidad con nuestros ecosistemas que tenemos que tomar estas acciones”, enfatizó Vélez, al justificar la decisión del Ejecutivo en la necesidad de proteger la biodiversidad.
El plan gubernamental contempla la eutanasia de al menos 80 ejemplares a partir del segundo semestre de este año; la estrategia prioriza métodos químicos, que incluyen sedación seguida de la administración de fármacos, aunque no se descarta el uso de eutanasia física mediante caza controlada en casos específicos. La inversión prevista asciende a 7.200 millones de pesos.
Durante la última década, la comunidad científica ha advertido sobre la urgencia de controlar la especie; el biólogo Jorge Moreno Bernal sostuvo que las alternativas como el traslado a santuarios no eran viables y calificó estas propuestas como “una maniobra publicitaria”, mientras que las esterilizaciones realizadas hasta ahora resultan insuficientes frente al ritmo reproductivo.
No obstante, la medida genera controversia; sectores animalistas cuestionan la eutanasia y proponen opciones como la esterilización o el confinamiento, aunque estas alternativas enfrentan limitaciones técnicas, altos costos y dificultades logísticas. Además, la posibilidad de trasladar animales al extranjero requiere permisos sanitarios complejos, especialmente para una especie en riesgo en su hábitat original en África.
El profesor Germán Jiménez, de la Universidad Javeriana, advirtió que la decisión implica un alto costo político y operativo; “es un proceso complejo, que requiere equipos muy bien entrenados. ¿Quién va asumir el costo?”, cuestionó, al tiempo que señaló la necesidad de considerar el impacto económico en comunidades que dependen del turismo vinculado a estos animales.
La decisión marca un punto de inflexión en la gestión ambiental del país. Colombia enfrenta el desafío de equilibrar la protección de su biodiversidad con el manejo de una especie invasora emblemática, cuyo origen está ligado a uno de los episodios más singulares de su historia reciente.
