Por Stakeholders
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En un locutorio público de Sabadell (España), observé accidentalmente un impactante drama telefónico: Una señora, inmigrante ella…
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En un locutorio público de Sabadell (España), observé accidentalmente un impactante drama telefónico: Una señora, inmigrante ella, discutía amargamente con un familiar porque el dinero que había enviado durante meses a sus seres queridos en Ecuador, jamás fue utilizado para la construcción de su anhelada casa, sino para otros fines. La desesperanza de esta mujer era la de miles.
Los inmigrantes ecuatorianos conforman una de las colonias sudamericanas más numerosas en España; aquí como en cualquier otra parte del mundo los sueños e inquietudes de los latinos son comunes y enviar remesas a su país de origen es una prioridad. Es así que las empresas “remesadoras” se convirtieron en gran negocio y duro competidor para la banca, hasta que un día una entidad financiera identificó la oportunidad de ofrecer productos crediticios a colectivos inmigrantes, muchas veces marginados y excluidos socialmente.
Fue el Grupo Banco Popular de España, quien irrumpió en el mercado hipotecario ecuatoriano a través de un acuerdo con el Banco de Pichincha, facilitando préstamos a los inmigrantes desde sus oficinas en España, Francia y Portugal. Esta alianza tuvo un objetivo de responsabilidad social: “Promover lo que más preocupa a los inmigrantes que es poder comprar una casa en su país”. Defnitivamente estamos ante una buena práctica empresarial, se trata de una acción social innovadora que añade valor al contexto de negocio.
La Comisión Europea define a la Responsabilidad Social Empresarial, como un concepto a través del cual la empresa integra de forma voluntaria las dimensiones social y medio ambiental en sus operaciones de negocio y en sus relaciones con los stakeholders. Bajo este enfoque, una empresa socialmente responsable no sólo ofrece productos y servicios que responden a las necesidades de sus clientes, también contribuye al bienestar social, integrándose a la comunidad con sensibilidad e inteligencia y actuando oportunamente para atender de la mejor manera las preocupaciones de sus grupos de interés.
Hoy es el turno de los inmigrantes peruanos que podrán adquirir un inmueble por medio de los programas del Fondo Mivivienda, sin interesar su situación legal sino su capacidad de pago. Se estima que 2.8 millones de peruanos migraron al exterior; sólo entre el 2001 y el 2006 las remesas a nuestro país se incrementaron en 234%, lo que representa unos US$ 3,250 millones que no necesariamente se encaminaron hacia alternativas de inversión que generen una mejor calidad de vida de las familias, como es el acceso a la casa propia.
Estamos ante un buen negocio que no debe perder su sentido social. La “bancarización” del inmigrante representa una gran oportunidad para las entidades financieras y una iniciativa pensada en atender satisfactoriamente las expectativas de sus grupos de interés, en este caso clientes potenciales que luchan diariamente por forjar un mejor futuro a sus familias. Políticas de responsabilidad social como ésta, deben ser adoptadas estratégicamente desde la Alta Dirección; finalmente todos ganan, la empresa y la sociedad.
Fue el Grupo Banco Popular de España, quien irrumpió en el mercado hipotecario ecuatoriano a través de un acuerdo con el Banco de Pichincha, facilitando préstamos a los inmigrantes desde sus oficinas en España, Francia y Portugal. Esta alianza tuvo un objetivo de responsabilidad social: “Promover lo que más preocupa a los inmigrantes que es poder comprar una casa en su país”. Defnitivamente estamos ante una buena práctica empresarial, se trata de una acción social innovadora que añade valor al contexto de negocio.
La Comisión Europea define a la Responsabilidad Social Empresarial, como un concepto a través del cual la empresa integra de forma voluntaria las dimensiones social y medio ambiental en sus operaciones de negocio y en sus relaciones con los stakeholders. Bajo este enfoque, una empresa socialmente responsable no sólo ofrece productos y servicios que responden a las necesidades de sus clientes, también contribuye al bienestar social, integrándose a la comunidad con sensibilidad e inteligencia y actuando oportunamente para atender de la mejor manera las preocupaciones de sus grupos de interés.
Hoy es el turno de los inmigrantes peruanos que podrán adquirir un inmueble por medio de los programas del Fondo Mivivienda, sin interesar su situación legal sino su capacidad de pago. Se estima que 2.8 millones de peruanos migraron al exterior; sólo entre el 2001 y el 2006 las remesas a nuestro país se incrementaron en 234%, lo que representa unos US$ 3,250 millones que no necesariamente se encaminaron hacia alternativas de inversión que generen una mejor calidad de vida de las familias, como es el acceso a la casa propia.
Estamos ante un buen negocio que no debe perder su sentido social. La “bancarización” del inmigrante representa una gran oportunidad para las entidades financieras y una iniciativa pensada en atender satisfactoriamente las expectativas de sus grupos de interés, en este caso clientes potenciales que luchan diariamente por forjar un mejor futuro a sus familias. Políticas de responsabilidad social como ésta, deben ser adoptadas estratégicamente desde la Alta Dirección; finalmente todos ganan, la empresa y la sociedad.
