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En entrevista a Stakeholders, Francisco Barrón Velis, profesor de la Maestría de Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN, señala que el Perú ha respondido a los retos ambientales desarrollando y fortaleciendo su marco de gestión ambiental, pero se necesita mayor planificación para definir rigurosamente las prioridades ambientales y destinar recursos adecuadamente.

POR DAVID RODRÍGUEZ ANDARA
drodriguez@stakeholders.com.pe

Francisco Barrón Velis, Profesor de la Maestría de Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN

¿De qué manera se puede ver al Perú como un país vulnerable a los impactos del cambio climático?
Por su biodiversidad y las características de su economía. Como uno de uno de los 15 países con mayor diversidad ecológica en el mundo, contamos con un extenso territorio con una enorme variedad de recursos naturales. Sin embargo, los recursos naturales no se destinan a una economía resistente y variada.

Ello porque a lo largo de nuestra historia hay un patrón de dependencia hacia un determinado recurso que genera un auge económico, seguido por la reducción de los recursos y el colapso. Esto se observa en diversas industrias como la pesca industrial (anchoveta en particular), en la minería o industrias informales, como la tala maderera en diversas zonas del país.

Esta dependencia hacia la producción y explotación económica de recursos nos hace vulnerables a las consecuencias del cambio climático. La explotación informal o sobreexplotación sin políticas medioambientales definidas genera una amenaza adicional, pues las industrias que se desean preservar se vuelven a su vez amenazas altamente contaminantes que potencialmente acrecentarían la crisis de cambio climático y contaminación en el país. Dichas actividades informales incumplen estándares medioambientales fijados por las autoridades y escapan a la posibilidad de fiscalización posterior.

La fragilidad de los microclimas en las diversas ecorregiones del país (con 84 de las 117 zonas de vida del mundo) de las que dependen muchísimos peruanos, incide en la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.

¿Cómo evalúa los compromisos que ha asumido el Perú para avanzar en la lucha contra el cambio climático y proteger su biodiversidad?
El Perú ha respondido a los retos ambientales desarrollando y fortaleciendo su marco de gestión ambiental, pero se necesita mayor planificación para definir rigurosamente las prioridades ambientales y destinar recursos adecuadamente.

La Política Nacional del Ambiente (PNA), se estableció el año 2009 y se encuentra desfasada. A la fecha hay un proceso de actualización hacia el 2030 que es vital, pues urge incorporar las nuevas tendencias y actualizar las prioridades ambientales teniendo un enfoque comprehensivo con el contexto global, los acuerdos internacionales, el cambio climático la diversidad biológica y la pandemia de COVID- 19, teniendo como eje principal la aplicación, ejecución y fiscalización de estas políticas a nivel nacional.

Considero que actualmente hay una escasa voluntad política debido a la falta de sentido de urgencia. Las consecuencias del cambio climático en el país serán potencialmente irreversibles e inminentes si seguimos como seguimos. Y no se ve. Evidencia de esto es por ejemplo en la votación en contra de ratificar el Acuerdo de Escazú en el actual Congreso de la República, pues en lugar de ver la ratificación de este acuerdo internacional necesario para la preservación de nuestros ecosistemas es visto como una “afectación a la soberanía nacional”.

¿Usted considera que se han realizado hasta ahora los análisis técnicos económicos suficientes para medir el impacto real del cambio climático en todo el país?
Hay una brecha con respecto a análisis técnicos económicos que midan el impacto real del cambio climático en todo el país. Esta clase de estudios constituyen un reto, pues al contar el Perú con una diversidad biológica y climática tan variada es sumamente complejo analizar las consecuencias en un territorio tan heterogéneo. Sin embargo, es un reto que se debe asumir.

Sin perjuicio de ello, diversas entidades como el MINAM, el SENACE, el SENAMHI el IEP y otras realizan comunicaciones y estudios diversos sobre la materia, siendo una de las más comprehensivas las Comunicaciones Nacionales del Perú a las Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático del Ministerio del Ambiente.

¿Es posible alcanzar la meta de reducir en 30% las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 2030 y de carbono neutralidad al 2050?
Para poder alcanzar estas metas se deben hacer cambios profundos en nuestra cosmovisión, con énfasis en políticas medioambientales estrictas a nivel mundial enfocadas en la reducción de actividades contaminantes y la preservación y promoción de actividades económicas ambientalmente responsables.

Para ello es necesario un cambio en el enfoque declarativo de los acuerdos internacionales en materia ambiental y pasar a un enfoque fiscalizador y operativo de las políticas y regulaciones necesarias para lograr dichas reducciones, así como la promoción de incentivos a industrias menos contaminantes y de sanciones específicas a industrias altamente contaminantes.

No puede ser que tengamos que aceptar que, según cifras del INEI, se pierdan anualmente en el Perú entre 80 mil y 140 mil hectáreas de bosques a causa de la deforestación o que según el Consorcio de Investigación Económica y Social, las enfermedades generadas por la contaminación ambiental del aire por PM10 (combustible, quema de basura, etc.) causen la muerte de más de 1,000 personas al año.

¿Qué hace falta aún por hacer en materia legal para poder alcanzar los objetivos en la lucha contra el cambio climático en el país?
Conjugar una explotación sostenible de la diversidad de recursos para actividades económicas con salvaguardas ambientales adecuadas, actualizar permanentemente nuestro Plan Nacional Ambiental de acuerdo con avances anuales y efectuar revisiones periódicas de la Ley General del Ambiente

Considero fundamental un cambio de estrategias de mitigación o compensación por actividades contaminantes, por un enfoque de legislación centrada en la promoción de actividades y prácticas ambientalmente responsables, y en mecanismos de fiscalización y aplicación de sanciones.

El actual ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, señaló que se debe impulsar la acción climática con una visión de competitividad y generación de oportunidades. A su juicio ¿Cómo se puede lograr esa visión y qué factores son primordiales para alcanzarla?
La acción climática está siendo impulsada globalmente y debemos focalizar nuestras energías en ello. Muchas veces se plantea la contradicción entre protección del ambiente y desarrollo y empleo, pero debemos educar para dar cuenta de esta falsedad. El desarrollo que necesitamos es sostenible, que satisfaga las necesidades humanas conservando el ambiente, los recursos, la flora y la fauna.

Para lograr la sostenibilidad debemos apostar por la educación e información combatiendo las tendencias desinformativas. Además, debemos estar dispuestos a modificar conductas cotidianas a nivel individual y colectivo, interiorizando que nuestros actos tienen consecuencias y un impacto en el mundo. Es elemental: Nadie comprende lo que no sabe, ni se preocupa por lo que no entiende.

¿Qué papel deben jugar el sector privado, las universidades y la sociedad civil en esta importante visión?
El sector privado debe establecer estrategias para reducir sus emisiones de CO2, impulsando energías renovables en detrimento de las fósiles en sus actividades, invirtiendo en I+D+i para desarrollar innovaciones tecnológicas más sostenibles y menos intensivas en emisiones.

Las empresas pueden contribuir de diferentes maneras, por ejemplo:

• Contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenibles adoptados en el Acuerdo de París, específicamente con el objetivo 13, centrado en la disminución de niveles de CO2 y mantener el aumento de temperaturas por debajo de 2 grados centígrados

• Acogiendo las propuestas contenidas en el Global Opportunity Explorer 2019, entre tantas, midiendo la huella de carbono en todas sus actividades y extendiéndola a su cadena de suministro para establecer objetivos públicos de reducción de emisiones a corto y largo plazo, o desarrollar tecnologías más sostenibles e introducirlas progresivamente en las actividades de la empresa.

Las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, han sido las primeras en defender y proteger el ambiente. Hace años que alzan la voz, y cada vez son más personas, de todas las edades, las que se unen en esta causa.
Debe haber un trabajo conjunto, dejando los intereses monetarios y políticos, aprender de la experiencia y conocimiento de los que llevan ya tiempo en esto.

Dos ejemplos concretos de participación civil podrán darse en el proceso de actualización de la PNA al 2030, realizándose talleres y mesas de trabajo virtuales para recoger los aportes y sugerencias de la ciudadanía durante los meses de setiembre y octubre del presente año y pre publicar el proyecto para el pronunciamiento y aportes de la sociedad civil.

Los y las jóvenes se forman en las universidades y es allí donde viven la etapa intelectualmente más inquieta de su vida. Necesitamos cambiar el enfoque que se les enseña a los jóvenes sobre productividad y crecimiento empresarial, para que sean líderes que formen parte de la solución y no del problema. Es necesario que los intereses que mueven a la economía empiecen a regirse por algo más allá de un crecimiento acelerado a costa de pasivos medioambientales.







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