Por Stakeholders
Lectura de:
, regulando el financiamiento extranjero y las actividades que realizan en el país. La norma, impulsada por la fujimorista Auristela Obando, otorga mayores poderes a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para fiscalizar el uso de fondos externos y penalizar a aquellas entidades que, según su criterio, realicen actividades contrarias al “orden público y la seguridad nacional”.
Más poder para la APCI y sanciones más severas
El nuevo marco legal permite a la APCI denunciar ante el Ministerio Público a las ONG si considera que sus recursos son usados para movilizaciones, protestas o asesoría legal contra el Estado en instancias nacionales e internacionales. Además, establece sanciones que van desde multas de hasta 500 UIT hasta la cancelación de la inscripción de la organización.
Otro punto clave de la ley es que la APCI estará conformada por representantes del Ejecutivo, lo que acentúa el control político sobre la supervisión de las ONG.
División en el Congreso y críticas a la norma
El bloque fujimorista y sus aliados (APP, Renovación Popular, Avanza País, el Bloque Magisterial y Somos Perú) respaldaron la iniciativa, argumentando la necesidad de una mayor transparencia en el uso de fondos internacionales. En contraste, Juntos por el Perú, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular rechazaron la ley, calificándola como un intento de censura y persecución a organizaciones de derechos humanos y ambientales.
La congresista Susel Paredes alertó sobre la posible inconstitucionalidad de la norma, ya que restringiría la libertad de asociación y expresión, mientras que el legislador Alex Flores denunció que la ley busca debilitar a ONG críticas con el gobierno, dejando intactas a aquellas vinculadas a intereses políticos o religiosos.
Dina Boluarte tiene la última palabra
Tras ser exonerada de una segunda votación, la ley será enviada al despacho de la presidenta Dina Boluarte, quien puede promulgarla o presentar observaciones. Sin embargo, dado el alineamiento del Ejecutivo con el Congreso, todo apunta a que la norma entrará en vigor sin cambios.
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil advierten que esta medida podría ser utilizada para intimidar, restringir y sancionar a entidades que fiscalizan al Estado o denuncian abusos de poder, representando un retroceso para la democracia y los derechos fundamentales en el país.
LEA TAMBIÉN: El gas en tu cocina contamina más de lo que imaginas (incluso cuando no lo usas)
