Por Stakeholders
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Tras casi dos décadas de espera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un fallo que responsabiliza a Perú por la violación de los derechos de 80 residentes de La Oroya, que se vieron afectados por la contaminación por metales pesados. Esta decisión otorga justicia a las víctimas, incluyendo medidas de indemnización económica y acciones específicas para remediar el daños causado a la salud y el bienestar de la comunidad.
El veredicto de la Corte IDH obliga al Estado peruano a tomar medidas inmediatas, incluyendo un plan de reubicación para las familias afectadas, tratamiento médico especializado y apoyo psicológico gratuito. Además, se han establecido indemnizaciones económicas, que van desde los US$ 15,000 para cada víctima directa hasta los US$ 35,000 para las familias de los fallecidos como resultado de la contaminación.
Desde 1922, La Oroya ha sido testigo de la actividad minera en la región, lo que ha resultado en una exposición prolongada a metales pesados por parte de sus habitantes. La sentencia de la Corte IDH reconoce el sufrimiento y el impacto en los proyectos de vida de los afectados, asignando compensaciones específicas para grupos vulnerables como niños, niñas, mujeres y personas mayores.
Este fallo marca un hito en la lucha por la justicia ambiental y los derechos humanos en Perú. No solo resalta la responsabilidad del Estado en casos de contaminación ambiental, sino que también subraya la importancia de prevenir situaciones similares en el futuro. La sentencia refleja un paso significativo hacia el reconocimiento y la reparación de las injusticias sufridas por las comunidades afectadas por la degradación ambiental.
Yolanda Zurita, representante ante la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, expresó su satisfacción por la sentencia: «Es una buena noticia frente a este sufrimiento que por muchos años estamos sufriendo por la afectación de la contaminación. La recibo con ese sueño de tener una atención integral, multisectorial, de prevención y de tratamiento a esta afectación que ahora la Corte ha reconocido y nos está dando razón».
