Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) resalta que cada vez más personas van hasta instancias judiciales para hacer que los gobiernos y empresas cumplan con respetar y acelerar los compromisos respecto al cambio climático.
El documento revela que en los últimos cuatro años el número de casos de litigios ha aumentado. En la actualidad, se registran 1550 en 38 países. El país con mayor cantidad de casos es EE.UU con 1200 contabilizados, hasta el 1 de julio del año pasado. Los restantes 350 se hallan en el resto de naciones.
Con el transcurso del tiempo los casos han crecido significativamente. Cuando se realizó por primera vez una investigación de este tipo, el total era de 884 casos. Nuevamente la nación norteamericana ocupaba el primer lugar al albergar 654 casos, mientras que los otros 230 eran de 23 países.
Para Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, «esta marea de casos climáticos está impulsando un cambio muy necesario. El informe muestra cómo los litigios climáticos están obligando a los gobiernos y a los actores corporativos a perseguir objetivos más ambiciosos de mitigación y adaptación al cambio climático».
En el balance se encuentran a gobiernos nacionales y locales, así como empresas. Todos ellos forman parte de un proceso legal llevado a cabo por personas, lo que incluye a niños y comunidades indígenas entre los demandantes.
Entre los casos yacen, por ejemplo, denuncias amparándose en legislación nacional e internacional frente a empresas petroleras para que no exploten combustibles fósiles, o gobiernos con la finalidad de que dicten medidas de protección al clima. Asimismo, gobiernos locales que llevaron a instancias legales a sus propios gobiernos nacionales y empresas por no asumir su deber de protegerlos ante fenómenos como las inundaciones, los incendios forestales, etc.
Para la elaboración del informe se contó con la asistencia del Centro Sabin para el Cambio Climático de la Universidad de Columbia. También se determinó que algunas empresas ponían en práctica el «Greenwashing», que consiste en exagerar acciones de sostenibilidad para desviar la atención de otros temas.
Michael Burger, director ejecutivo del Centro Sabin para el Cambio Climático de la Facultad de Derecho de Columbia, señaló que «el litigio climático es una palanca clave para mantener a los gobiernos y corporaciones enfocados en la lucha para combatir el cambio climático, y es una herramienta poderosa para hacerlos responsables de su incumplimiento. Los tribunales pueden igualar los desequilibrios de poder en la sociedad y dar fuerza al estado de derecho».
En Latinoamérica, Brasil registra tres demandas relacionadas a las regulaciones sobre la extracción de madera. Colombia es otro país en el que los casos han aumentado acerca del cambio climático desde el 2017.
“Los niños y los jóvenes exigen un clima seguro y están forzando un cambio positivo, lo que ayuda a demostrar que el cambio climático está a la vanguardia de un movimiento global de derechos ambientales. Y, como se ilustra en este informe, los poderes judiciales de todo el mundo están desempeñando cada vez más un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático”, indicó Inger Andersen.