Por Renzo Rojas
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¿Cuáles son los principales desafíos pendientes para lograr que todos los peruanos tengan acceso al agua?
El país ha avanzado en materia de acceso al agua, especialmente en las zonas urbanas; en el ámbito rural, el progreso ha sido menor. En las ciudades, los principales retos se concentran en las periferias. En el caso de Lima, por ejemplo, las zonas altas suelen carecer de servicios básicos. Al estar por encima de los reservorios, estas poblaciones dependen de cisternas que, además de cobrar tarifas elevadas, muchas veces operan de manera informal. Esto implica no solo un mayor costo para las familias, sino también la falta de garantías sobre la calidad del agua que consumen.
¿Cuál es el diagnóstico para las zonas rurales del Perú?
También se han registrado avances, pero los desafíos más grandes persisten en las zonas rurales con población dispersa. El país mantiene una alta tasa de migración del campo a la ciudad, generalmente por la falta de oportunidades. Como consecuencia, en las zonas rurales queda cada vez menos población y esta se encuentra más dispersa. Esto incrementa significativamente el costo per cápita de las inversiones en agua, sobre todo en comunidades pequeñas, donde puede haber apenas una decena de viviendas muy distantes entre sí.
En materia de saneamiento, ¿sigue siendo urgente ampliar la cobertura para las poblaciones más vulnerables?
El desafío en saneamiento es aún mayor. En las zonas periurbanas, la población está muy concentrada y no hay espacio suficiente para soluciones alternativas, por lo que se requiere necesariamente sistemas de alcantarillado, que son costosos.
En las zonas rurales, el acceso supera el 60 %, generalmente mediante soluciones implementadas por las propias familias. Sin embargo, el gran pendiente es la capacitación: muchas veces no se cuenta con educación adecuada sobre la operación y el mantenimiento de estos sistemas. Más allá de la inversión —que es considerablemente más alta en saneamiento que en agua, especialmente en el ámbito rural—, es fundamental destinar tiempo y recursos a la formación de las familias para que sepan cómo mantener adecuadamente los sistemas.
¿Cuál es el rol de Water For People en este panorama de acceso a agua y saneamiento?
Somos una organización sin fines de lucro que trabaja principalmente en el hemisferio sur. Aunque nuestra base está en Estados Unidos, nuestra labor se enmarca en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Contamos con un programa denominado “Cobertura total para siempre”, cuyo objetivo es contribuir a un acceso sostenible a los servicios de agua y saneamiento, especialmente en las zonas rurales del Perú.
Si bien nuestras operaciones han estado concentradas en el norte del país, en regiones como La Libertad y Lambayeque, en los últimos años hemos identificado procesos clave con potencial de impacto a nivel nacional. Uno de ellos es el fortalecimiento de competencias.
“A ello se suma la acidificación del agua producto de la desglaciación, que provoca el arrastre de metales como hierro, boro o manganeso”.
¿Por qué es tan importante la capacitación de los operadores de los sistemas de agua y saneamiento?
Podemos realizar grandes inversiones en infraestructura, pero muchas veces se asume que cualquier persona puede operar un sistema de agua y saneamiento, algo que ocurre con frecuencia en las zonas rurales. Junto a varios gobiernos regionales, venimos impulsando procesos de certificación de competencias que van más allá de una simple capacitación y que buscan garantizar asistencia técnica sostenida a las poblaciones rurales.
Además, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, estamos por iniciar procesos de certificación para operadores de sistemas rurales. El objetivo es avanzar hacia la profesionalización de los servicios de agua y saneamiento rural.
¿Qué impacto tiene una mala administración de los sistemas de agua?
Un ejemplo claro es que solo el 4 % de la población rural consume agua clorada o desinfectada. Esto ocurre, muchas veces, porque los operadores no saben cómo clorar adecuadamente. Se puede invertir en instalar sistemas de cloración, pero si nadie capacita al operador, el problema persiste. Además, el cambio climático exige cada vez mayores esfuerzos para garantizar que el agua sea segura para el consumo humano.
Justamente sobre el cambio climático, ¿cómo está afectando la seguridad hídrica en el país?
Cajamarca, por ejemplo, ha atravesado largos periodos de racionamiento por escasez de agua y ha tenido que depender de cisternas durante meses. La situación es aún más crítica en el sur del país. En regiones como Tacna, la gestión del agua es extremadamente compleja y los periodos de estiaje son cada vez más prolongados.
A ello se suma la acidificación del agua producto de la desglaciación, que provoca el arrastre de metales como hierro, boro o manganeso. En un país con muchos sistemas de gravedad sin tratamiento, debido a la geografía andina, esto representa un riesgo para la salud una vez que se superan ciertos límites. Por eso, el tratamiento del agua resulta esencial, aunque también más costoso.
¿Qué papel cumplen la tecnología, la innovación y los saberes ancestrales en la llamada “siembra y cosecha de agua”?
En el distrito de Asunción, en Cajamarca —cabecera de cuenca del río Jequetepeque—, hemos desarrollado diversos pilotos de siembra y cosecha de agua. Se trata principalmente de proyectos de reforestación acompañados de zanjas de infiltración, orientados a aprovechar al máximo el agua de lluvia. Esta infraestructura natural permite retener el agua durante la temporada de lluvias y facilitar su infiltración, con el objetivo de enfrentar los periodos de estiaje.
Este trabajo se realiza junto con las comunidades. ¿Implica también algún tipo de retribución por el cuidado del recurso hídrico?
Es importante entender que la deforestación no ocurre necesariamente por falta de voluntad, sino por necesidades económicas. Los proyectos de reforestación, especialmente en cabeceras de cuenca y a gran altitud, son complejos y demandan mucho esfuerzo. Ese trabajo debe ser retribuido.
Afortunadamente, la normativa peruana contempla mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. En muchas ciudades, los usuarios pagan una pequeña cuota que se destina al trabajo de las poblaciones rurales encargadas de proteger el recurso hídrico. El agua tiene dos dimensiones: el servicio de agua y saneamiento que llega a los hogares, y el recurso en sí mismo. De poco sirve contar con la mejor infraestructura si, al final, no hay agua disponible que fluya.
