Medio ambiente - Agua

Cuando el agua no basta: calidad, desigualdad y gobernanza

Pese a los avances registrados en las últimas décadas, el acceso universal al agua potable y al saneamiento continúa siendo una deuda pendiente en el Perú. Más de tres millones de personas aún no cuentan con agua potable proveniente de la red pública, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Se trata de una problemática estructural que no solo involucra la cobertura del servicio, sino también su calidad, sostenibilidad y el modelo de gestión que lo respalda.

La carencia de estos servicios básicos impacta directamente en la calidad de vida de millones de peruanos y evidencia profundas desigualdades territoriales. El acceso limitado al agua segura afecta la salud, restringe las oportunidades económicas y perpetúa brechas sociales, especialmente en las zonas más vulnerables del país.

Paolo Cruz, cofundador de la ONG Peruanos Sin Agua, advierte que, ante la falta de acceso formal, numerosas comunidades adquieren el recurso mediante camiones cisterna. “En numerosos casos, esta agua no cumple necesariamente con los estándares mínimos de calidad para el consumo humano”, señala. Además, este sistema informal implica un gasto considerable para los hogares, que terminan pagando tarifas mucho más altas que quienes cuentan con el servicio regular.

Brechas territoriales que profundizan la desigualdad

La falta de acceso al agua potable se manifiesta de manera desigual en el territorio nacional. La brecha entre las zonas urbanas y rurales continúa siendo significativa: “Si hablamos de la costa, la sierra y la selva, existe una desigualdad marcada. He podido ser testigo directo de la falta de agua en distintas regiones del país”, comenta Cruz. Esta afirmación se ve respaldada por las cifras oficiales. El INEI revela una diferencia superior al 13 % en el acceso al agua de red pública a favor de la población urbana frente a la rural.

No obstante, el problema no se limita al acceso físico a una conexión. Si bien los indicadores de cobertura pueden mostrar avances progresivos, ello no garantiza que el agua que llega a los hogares sea realmente apta para el consumo humano. La calidad del servicio continúa siendo uno de los principales desafíos pendientes.

De acuerdo con el INEI, en el área urbana solo el 47.7 % de la población consumió agua de la red pública con niveles adecuados de cloro. En las zonas rurales, la situación es aún más crítica: apenas el 4.7 % accedió a agua con estas condiciones mínimas de seguridad sanitaria. Estas cifras reflejan una brecha silenciosa que suele pasar desapercibida en el debate público.

Calidad del agua y gobernanza institucional

Ronald Ancajima, experto en Planificación y Gestión de Recursos Hídricos, identifica dos desafíos centrales en la gestión del agua en el país. El primero está relacionado con la calidad del recurso. “No basta con que el agua llegue a los hogares; es indispensable que cumpla con los parámetros necesarios para su consumo”, enfatiza.

El segundo desafío está vinculado a la gobernanza del agua. “Se trata del cumplimiento de las funciones que tienen las instituciones competentes en las cuencas”, explica Ancajima. La fragmentación institucional, la superposición de competencias y la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno dificultan una gestión eficiente y sostenible del recurso hídrico.

Paolo Cruz coincide en que el nivel de gobernanza es crítico. “A nivel nacional, regional y municipal no se están cumpliendo los objetivos trazados”, sostiene. A ello se suman los bajos niveles de inversión y, sobre todo, los problemas de ejecución presupuestal destinados a cerrar las brechas existentes.

Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), en las próximas tres décadas se requerirá una inversión aproximada de 138 000 millones de soles para cerrar las brechas de agua y saneamiento. Sin embargo, el problema no radica únicamente en la magnitud de la inversión necesaria, sino en la capacidad de ejecución. El Reporte de Seguimiento de Inversiones advierte que, de las 50 empresas prestadoras evaluadas, solo siete alcanzan niveles de ejecución considerados “aceptables” o “buenos”.

Impactos sociales, sanitarios y económicos

Las consecuencias de la falta de acceso al agua potable y al saneamiento son múltiples y transversales. La salud es uno de los ámbitos más afectados. La ausencia de agua segura incrementa la incidencia de enfermedades gastrointestinales y otras afecciones, especialmente en niños, adultos mayores y poblaciones rurales.

“Además, se presentan cuadros como la diarrea, que pueden llegar a provocar la muerte. La falta de acceso continuo a agua segura también influye en la aparición de enfermedades como el dengue y el zika, entre otras”, explica Cruz. Estas enfermedades generan una presión adicional sobre los servicios de salud y afectan la productividad de las familias.

En el ámbito económico, la escasez de agua impacta directamente en la agricultura, principal fuente de ingresos en muchas zonas rurales del país. La falta de riego limita la productividad, reduce los ingresos y refuerza los ciclos de pobreza.

El sector educativo tampoco es ajeno a esta problemática. Cruz destaca la importancia de la higiene en los centros educativos. “La falta de agua influye directamente en la asistencia a clases y en los resultados educativos. Un estudiante enfermo puede contagiar a los demás”, señala, evidenciando cómo la carencia de servicios básicos afecta el desarrollo a largo plazo.

Afianzamiento hídrico: soluciones estructurales 

Para avanzar hacia la seguridad hídrica, existen alternativas de mediano y largo plazo, como el afianzamiento hídrico. Ronald Ancajima recuerda que culturas ancestrales lograron represar lagunas altoandinas y construir canales para captar y distribuir el agua hacia los valles.

“Se trata de un trabajo inteligente que refleja conocimiento, ciencia y tecnología desarrollados hace muchos años”, destaca. Añade que, hace cerca de un siglo, en la cuenca de Chancay (Huaral), se represaron 16 lagunas con una visión de sostenibilidad y aprovechamiento del recurso.

Estas prácticas permiten asegurar la disponibilidad del agua en épocas de estiaje y mitigar los efectos de la variabilidad climática. “Fenómenos como El Niño, las sequías o las inundaciones son eventos previsibles”, afirma Ancajima, lo que refuerza la necesidad de planificación.

El especialista considera que el país debe apostar por la construcción de represas en zonas altoandinas. “Tenemos agua, pero es estacional. Es necesario cuidarla, almacenarla y distribuirla”, sostiene. Esta estrategia permitiría fortalecer la agricultura y reducir los impactos de las lluvias intensas.

Ancajima recuerda que propusieron ante la Autoridad Nacional del Agua un programa nacional de afianzamiento hídrico. “El cambio constante de funcionarios impidió la continuidad de esta propuesta”, lamenta.

Atrapanieblas: respuestas inmediatas 

Entre las soluciones de corto plazo destacan los atrapanieblas, una tecnología que permite captar la humedad ambiental y transformarla en agua utilizable. Paolo Cruz explica que se trata de una alternativa inmediata, de bajo costo y replicable en distintas zonas del país.

En Villa María del Triunfo (Lima), una malla de seis por cuatro metros permitió captar entre 288 y 900 litros de agua por día. “Con poco presupuesto, un atrapanieblas pudo abastecer de agua a dos familias de diez personas cada una durante varios meses”, detalla.

Asimismo, en el distrito de Chinchaypujio, en Cusco, se instalaron atrapanieblas que captan cerca de 300 litros diarios, aprovechando las corrientes de viento. “Incluso podrían instalarse en zonas altas de la Panamericana Norte, como el serpentín de Pasamayo, para riego y otros usos”, señala Cruz.

Garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento no es solo un desafío técnico, sino un compromiso social impostergable. Requiere inversiones sostenidas, fortalecimiento institucional y una articulación efectiva entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado.

Cerrar las brechas existentes permitirá mejorar la calidad de vida de millones de peruanos, reducir las desigualdades territoriales y fortalecer la resiliencia del país frente al cambio climático. La seguridad hídrica debe dejar de ser una promesa recurrente y convertirse en una política pública sostenida, capaz de garantizar un derecho fundamental para todos.