Derechos humanos - Desarrollo económico

Sector público y privado se articulan en la Política Nacional de Inclusión Financiera

La Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera es el órgano encargado de supervisar el desarrollo y efectividad del Plan Estratégico Multisectorial que permitirá 100% de cobertura del sistema financiero en 2030.

POR JAVIER CHOURIO
jchourio@stakeholders.com.pe

La inclusión financiera significa, para personas físicas y empresas, tener acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades: transacciones, pagos, ahorros, créditos y seguros, prestados de manera responsable y sostenible. Según el Banco Mundial (BM), unos 2.500 millones de personas no utilizan servicios financieros formales y el 75 % de los pobres no tiene cuenta bancaria, de manera que la inclusión es clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad.

Perú ha realizado avances en la materia en los últimos años, lo que permitió llegar más fácilmente a las poblaciones más necesitadas particularmente durante la pandemia. Según el Microscopio Global 2020 sobre el entorno para la inclusión financiera, realizado en 55 países emergentes y elaborado por The Economist Intelligence Unit con el apoyo de BID Lab, BID Invest, el Centro para la Inclusión Financiera (CFI) y la Fundación Bill y Melinda Gates, Perú y Colombia lideran el ranking como los únicos países del índice que obtienen los valores superiores en las cinco categorías analizadas.

Estrategia Nacional de Inclusión Financiera en Perú

En 2014 y a través del Decreto Supremo 029-2014-EF, la Presidencia de la República creó la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, la cual tuvo como objetivo diseñar la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). Esta fue aprobada en 2015 y estaba orientada a promover la inclusión financiera mediante la ejecución de acciones coordinadas que contribuyeran al desarrollo económico descentralizado e inclusivo, con la participación de los sectores público y privado, en el marco de la preservación de la estabilidad financiera.

Su estructura estaba bajo los pilares de Acceso, Uso y Calidad y siete líneas de acción: Ahorro, Pagos, Financiamiento, Seguros, Protección al Consumidor, Educación Financiera y Grupos Vulnerables.

En 2019 la Presidencia aprobó la Politica Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), sustentada en la anterior ENIF y modificó la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF) creada en 2014. Así, la PNIF tiene como objetivo promover y facilitar el proceso de inclusión financiera mediante la ejecución de acciones coordinadas entre las entidades involucradas del sector público y privado.

Objetivos de la PNIF

La Política Nacional de Inclusión Financiera se implementa a través de cinco objetivos prioritarios y dieciséis lineamientos de política.

• OP1. Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el sistema financiero.
• OP2. Contar con una oferta de servicios financieros suficiente y adecuada a las necesidades de la población.
• OP3. Mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado.
• OP4. Desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y plataformas digitales para incrementar la cobertura de servicios financieros.
• OP5. Fortalecer los mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales.

Estos cinco Objetivos Prioritarios sirvieron de base para que la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera elaborara el Plan Estratégico Multisectorial (PEM) de la Política Nacional Inclusión Financiera, que contiene 30 medidas para cumplir cada uno de estos objetivos e implementar los lineamientos de política.

El PEM tiene un fuerte componente digital por lo que espera promover el uso de medios de pago digitales de manera segura para la población, así como desarrollar infraestructura en telecomunicaciones (base sobre la cual se ofertan los servicios financieros) y eliminar progresivamente el uso de efectivo en todas las transacciones privadas y públicas.

De esta manera, la PNIF tiene vigencia hasta diciembre de 2030, fecha para la cual se pretende proporcionar a la población mayores capacidades y competencias financieras, así como mayores niveles de acceso y uso de servicios financieros de calidad.