Medio ambiente - Cambio climático

Perú frente al reloj climático: avances inciertos y brechas sectoriales en el cumplimiento de las NDC

A menos de dos años de la próxima revisión global de los compromisos climáticos, el Perú enfrenta un escenario de avances fragmentados, falta de articulación interinstitucional y escasa transparencia en la implementación de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Especialistas advierten que, sin una hoja de ruta clara por sectores, el país corre el riesgo de incumplir sus metas al 2030.

Por Denisse Torrico

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El cambio climático no es una amenaza futura, sino una realidad presente que redefine las prioridades económicas, sociales y ambientales del Perú. Desde que en 2015 el país presentó sus primeras Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) —los compromisos asumidos ante el Acuerdo de París para reducir emisiones y adaptarse a los impactos climáticos—, los avances han sido desiguales y, en muchos casos, poco verificables.

En 2020, el Perú actualizó su NDC y elevó su meta de mitigación del 30 % al 40 % de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto al escenario sin medidas al 2030. También amplió su enfoque de adaptación, incluyendo sectores clave como el turismo y el transporte, además de agua, agricultura, pesca, silvicultura y salud. Sin embargo, para Denisse Linares, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el nivel de ambición no ha sido acompañado por una gestión coherente y sostenida.

“Hay poca claridad sobre los avances de las NDC. La evaluación se basa principalmente en los mecanismos de participación y acceso a la información, que no han sido implementados para conocer la ruta que han seguido las NDC de cara a esta COP donde se van a reportar los resultados”, advierte.

Avances desiguales y un sector energético rezagado

El sector energético, uno de los pilares de la descarbonización, muestra los mayores rezagos. La transición hacia una matriz más limpia no ha alcanzado ni una cuarta parte de su meta inicial.

“El sector energía es el que menos progresos tiene. Actualmente reporta un 5 % de avance en la matriz de energías renovables, pero la meta era del 20 %. Quizá nuestro análisis es limitado o desactualizado, pero el MINEM no ha respondido a las solicitudes de información ni ha publicado informes que permitan tener mayor certeza”, señala Linares.

Esta falta de transparencia y articulación refleja una problemática estructural: la ausencia de un sistema de monitoreo público y actualizado que permita evaluar la implementación real de las medidas propuestas. A pesar de los compromisos asumidos, los mecanismos de reporte y rendición de cuentas aún son débiles o inexistentes en algunos sectores.

Mientras tanto, el Ministerio del Ambiente (MINAM) intenta sostener espacios de diálogo multisectorial, aunque con resultados limitados. “El MINAM es la única institución que ha generado espacios como los Dialoguemos, pero este año han sido más restringidos. No se ha desarrollado un espacio para la sociedad civil en general; se han transformado en espacios aislados, cuando deberían ser procesos continuos de participación y construcción colectiva”, remarca Linares.

Denisse Linares – Especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

Brechas en la coordinación y financiamiento limitado

Uno de los mayores desafíos para el cumplimiento de las NDC peruanas radica en la coordinación interinstitucional. Las acciones climáticas involucran ministerios con competencias diversas (Energía y Minas, Agricultura, Producción, Economía, Transporte, entre otros) y niveles de gobierno regional que requieren capacidades técnicas y presupuestos adecuados.

“El MINAM debe coordinar con todos los sectores para tener reportes actualizados y coherentes entre las ambiciones climáticas y las estrategias implementadas. Sin embargo, el sector con el que más ha coordinado es el MIDAGRI, lo cual es positivo por el tema de deforestación, pero en el caso de Energía no hay procesos ni espacios de trabajo coordinado. Eso no es una buena señal”, sostiene la especialista.

La falta de presupuesto específico también limita la ejecución de las medidas. Linares señala que, si bien existen programas con financiamiento relevante, como el Programa DCI, con más de una década de ejecución en el sector land use, land use change and forestry (UTCUF), la situación es distinta en energía:

“No es claro si existe un presupuesto para transitar de los combustibles fósiles a las renovables. Existen proyectos, muchos con iniciativas privadas, pero no sabemos si son parte del conteo para la meta o si son esfuerzos aislados sin relación con la agenda climática”, asevera.

Este escenario genera incertidumbre para los actores del sector privado, que encuentran marcos regulatorios poco predecibles y una falta de señal política contundente hacia la descarbonización. La ausencia de hojas de ruta claras por sectores, especialmente en energía, transporte y residuos, debilita la capacidad del país de atraer inversiones verdes sostenibles y dificulta la planificación empresarial de largo plazo.

Hojas de ruta y gobernanza, tareas pendientes

El cumplimiento efectivo de las NDC exige no solo metas ambiciosas, sino también hojas de ruta sectoriales con indicadores verificables, cronogramas definidos y responsabilidades institucionales claras. Aunque el Perú ha avanzado en la formulación de estrategias sectoriales en algunos ámbitos, estas no se han traducido en una política de Estado con mecanismos de monitoreo y participación consolidados.

Según Linares, el rol del Ministerio del Ambiente debe fortalecerse como entidad articuladora del proceso.

“El MINAM debe coordinar, dirigir y evaluar los avances de cada sector con metodologías claras y eficientes. Para ello también se requiere presupuesto que incluya espacios de participación. No debería ser un motivo de su falta de implementación. El MINAM es la institución que debe liderar este proceso, como en los demás países.”

El reto va más allá de la gestión central. Las regiones más vulnerables al cambio climático, sobre todo aquellas con alta dependencia de recursos naturales, requieren fortalecimiento de capacidades técnicas y financiamiento directo con enfoque intercultural, sostiene la especialista de DAR.

“Hay que revalorar los conocimientos ancestrales para la toma de decisiones y reducir las zonas de extracción de combustibles fósiles, que suelen ser zonas de sacrificio. No debemos repetir ese modelo extractivo sin derechos ni participación efectiva”, enfatiza.

Transición justa: oportunidad y desafío

De cara a la próxima revisión de las NDC en 2025, la noción de una transición justa se posiciona como uno de los pilares de la acción climática. En el caso peruano, ello implica reconocer que las comunidades indígenas y rurales no solo son las más afectadas por la crisis climática, sino también actores clave en la conservación de los ecosistemas.

“Una transición justa debe desarrollarse con los pueblos indígenas mediante procesos que aseguren mecanismos efectivos de gobernanza. La participación y el acceso a la información son claves para que las organizaciones presenten sus propuestas y recomendaciones sobre los cambios que proponen al sistema político y económico”, subraya Linares.

Asimismo, la titulación y el reconocimiento jurídico de los territorios son fundamentales para garantizar justicia climática y sostenibilidad a largo plazo. Según la especialista, las energías renovables comunitarias podrían ser una alternativa estratégica: “Ayudarían a reducir la brecha de acceso a la energía, democratizarla y cambiar el modelo extractivo, pero aún hay desafíos en su inclusión dentro de las políticas, el presupuesto y los proyectos nacionales”.

Urgencia y responsabilidad compartida

El tiempo corre. El Balance Global del Acuerdo de París ha evidenciado que los compromisos actuales no bastan para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 °C. En este contexto, el Perú debe no solo reportar avances, sino acelerar la implementación real de sus compromisos climáticos.

Lograrlo requiere una mayor coherencia institucional, un marco financiero claro y una alianza sólida entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil. Las NDC no son solo metas ambientales, sino rutas de desarrollo sostenible que pueden fortalecer la competitividad del país y su resiliencia frente a los impactos del cambio climático. En palabras de Denisse Linares, “si se quiere hablar de un cambio con justicia, se debe reconocer que quienes mejor han protegido los bosques son los pueblos indígenas. Su participación no es un complemento, sino una condición para el éxito de las NDC.”




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