
Derechos humanos - Desarrollo económico
Perú en el abismo digital: el desafío de la conectividad en un país fragmentado
Aunque más del 79 % de los peruanos usa internet, la desigualdad digital sigue marcando una frontera entre el campo y la ciudad: mientras Lima roza el 90 %, en las zonas rurales apenas llega a la mitad de la población, una brecha que frena la productividad y profundiza la exclusión social.
En la vorágine de la era digital, Perú avanza a un ritmo dual. Mientras que en las grandes urbes el acceso a la tecnología se consolida, en las zonas rurales la conectividad sigue siendo un lujo que profundiza las brechas de desigualdad.
Un análisis exhaustivo de los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Osiptel y las investigaciones del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y el Instituto Peruano de Economía (IPE) revela un panorama complejo: la falta de una infraestructura digital robusta no solo frena la productividad, sino que condena a gran parte de la población a un rezago social y económico.
El Perú de hoy es un país donde el acceso a la tecnología es una lotería geográfica. Según el informe técnico del INEI sobre Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, el uso de internet en el primer trimestre de 2025 alcanzó al 79.0 % de la población mayor de 6 años, un avance positivo.
Sin embargo, este promedio esconde una realidad profundamente desigual: el uso de internet se dispara al 89.1 % en Lima Metropolitana y al 82.3 % en el resto urbano, pero se desploma al 52.4 % en el área rural. Pese a un incremento de 3.0 puntos porcentuales en el campo, la brecha de más de 30 puntos con las zonas urbanas sigue siendo abrumadora.
La brecha que separa a los dos Perú
La falta de acceso a internet en los hogares es solo el primer síntoma de un problema estructural. Mientras que el 58.9 % de los hogares a nivel nacional cuenta con servicio de internet, esta cifra desciende al 20.5% en las zonas rurales. Esta disparidad es más aguda cuando se observa la infraestructura de internet fijo, clave para el desarrollo productivo. Según Osiptel e INEI, a finales de 2024, solo el 21.7 % de los hogares rurales tenía acceso a internet fijo, creando una brecha de 36 puntos porcentuales con el promedio nacional.
Esta diferencia se explica por factores socioeconómicos y estructurales. El internet móvil es más accesible y asequible, lo que ha permitido una penetración del 80 % en hogares rurales, pero su uso es principalmente recreativo. En contraste, el internet fijo, con sus mayores velocidades y menor latencia, es la base del teletrabajo, el comercio electrónico y los servicios en la nube.
Además, la ausencia de servicios básicos como energía eléctrica y caminos en las áreas rurales dificulta la instalación de redes fijas, lo que revela un círculo vicioso de subdesarrollo. El Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) estimó que, en 2022, el 89 % de los centros poblados a nivel nacional no contaban con cobertura, la mayoría de ellos rurales. Este problema se agrava porque, en muchos casos, los operadores privados no ven rentable invertir en comunidades pequeñas.
El alto costo de la desconexión: productividad, desigualdad y exclusión
La brecha digital no es solo una cuestión de acceso, sino de un costo económico y social que el país no puede permitirse. En términos económicos, un estudio de BID Invest y NTT Data de 2023 demostró que por cada 10 % adicional de conexión de banda ancha en economías como la peruana, el PBI crece en un 3.19 %, y la productividad se incrementa en un 2.69 %. Esto significa que la desconexión digital está frenando el potencial de crecimiento de todo el país.
Pero, como señala la investigadora Carolina Trivelli del IEP, el mayor costo es social. «La diferencia (…) lo que hace es perpetuar e incluso ampliar las brechas entre las oportunidades que enfrentan los urbanos y los rurales», menciona.

El impacto en la productividad, aunque relevante, no resuelve otros problemas estructurales. Trivelli insiste en que la sola conectividad no es suficiente si persisten otras brechas enormes, como la falta de agua potable de buena calidad, servicios financieros, infraestructura vial o acceso a la educación.
Las capacidades digitales son otro factor crítico que el artículo del BID Invest y NTT Data destaca. Si bien el uso de computadoras en hogares rurales es de apenas 8.2 %, los datos del INEI muestran que entre quienes sí las usan, las competencias informáticas han aumentado, con un 70.8 % de la población de 15 a más años transfiriendo archivos y un 72.3 % utilizando fórmulas aritméticas. Sin embargo, Trivelli subraya que el grueso de la población rural trabaja en actividades productivas básicas, donde la adopción digital es lenta. «No es solamente un tema de conectividad sino también de capacidades», explica.
El Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2025 del IPE refuerza esta tesis. Mientras que regiones como Lima, Callao e Ica superan el 85 % de acceso a internet, otras como Huancavelica, Loreto y Apurímac apenas superan el 55 %. Esta falta de infraestructura digital limita la inserción dinámica de las personas en los mercados regionales y globales, lo que reduce la calidad de vida y el potencial de atraer inversiones.
No obstante, no es el único factor a considerar. «Las capacidades digitales de los pobladores rurales también son muy bajas. La mayoría trabaja en actividades productivas básicas, por lo que la brecha no es solo un tema de infraestructura, sino también de habilidades para aprovechar la tecnología”, acota Trivelli.
“El Estado tiene un rol fundamental en la infraestructura y en la promoción del establecimiento de un modelo de negocio que sea sostenible”.
Estrategias para cerrar las brechas: del canon a la integración
Para superar estas deficiencias, se requieren políticas públicas integrales que trasciendan la simple instalación de redes. Luciana Cáceda, economista sénior del IPE, recomienda promover el acceso a internet de banda ancha en zonas urbanas y rurales como una medida fundamental para acelerar la productividad. “Si no hay articulación entre sector privado, sector público, sociedad civil y la ciudadanía, va a ser muy difícil poder ejecutar reformas y políticas para el bienestar de la población”, resalta Cáceda.
En este sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha sugerido medidas clave:
- Fortalecer el canon por cobertura: destinar el 60 % del canon por el uso del espectro radioeléctrico a inversiones para aumentar la cobertura en zonas alejadas.
- Revisar el sistema de asignación de redes: priorizando metas de cobertura y fijar objetivos de velocidad más graduales.
- Crear regulación específica: desarrollar normativas que consideren la dificultad y los altos costos de establecer infraestructura en zonas alejadas.

Además de estas medidas, es crucial continuar y fortalecer programas como Internet para Todos y los proyectos regionales de banda ancha liderados por Pronatel. Esto debe incluir el desarrollo de puntos de conectividad comunitaria y una capacitación digital adaptada a las necesidades de las comunidades indígenas y rurales.
La investigadora Carolina Trivelli insiste en que el Estado tiene un rol fundamental en la infraestructura y en la promoción del establecimiento de un modelo de negocio que sea sostenible.
“[El problema] es que el modelo de negocio es muy complejo. Las iniciativas privadas que llevan conectividad se enfrentan a un desafío: la adopción en el mundo rural es lenta, lo que dificulta generar el tráfico suficiente para cubrir los costos de operación. El Estado, por tanto, debe asegurar que estas empresas reciban un soporte adicional para alcanzar la sostenibilidad”.
Solo así, al conectar a los peruanos con la tecnología, se podrán cerrar las brechas históricas de desigualdad y abrir un camino hacia un futuro más próspero y equitativo para todos.