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Oro manchado: cómo la minería ilegal ha tomado el control en el Perú
Por Osmaro Villanueva
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En la profundidad de la Amazonía peruana, en las punzantes alturas de los Andes y en los desiertos costeros, una misma actividad avanza sin freno: la minería ilegal de oro. Bajo el paraguas de la informalidad, la violencia y el crimen organizado, esta actividad ha capturado territorios, debilitado la institucionalidad estatal y generado una economía paralela que, en el 2025, podría alcanzar cifras récord.
Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), las exportaciones de oro ilegal podrían ascender a US$12.000 millones, superando el 60% de lo registrado en 2024. Una bonanza dorada manchada por sangre, corrupción y destrucción ambiental.
Una economía ilícita que crece al ritmo del precio del oro
La minería ilegal ha encontrado en el alza sostenida del precio del oro un incentivo para extender su dominio. A medida que la incertidumbre geopolítica global impulsa la demanda del metal, nuevas zonas mineras emergen, nuevas bocaminas se abren y nuevas empresas procesadoras se registran. Solo en el tercer trimestre de 2024, cuando el oro subió 29% frente al año anterior, se duplicaron los registros de comercializadoras y procesadoras de oro. Un auge que, lejos de significar progreso, oculta una expansión descontrolada de redes de lavado y tráfico de oro sin trazabilidad.
En este contexto, los países de destino también han cambiado. Mientras que en 2014 el 75% del oro peruano se dirigía a Suiza, Estados Unidos y Canadá, en 2024 casi la mitad fue a India y Emiratos Árabes Unidos, naciones con estándares más laxos para verificar el origen del mineral. Una señal clara de cómo el circuito ilegal se globaliza y adapta.
El REINFO: un registro que encubre más de lo que formaliza
La creación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en 2016 supuso una esperanza para integrar a la minería artesanal y de pequeña escala al marco legal. Sin embargo, hoy esa promesa parece fallida. De los más de 87,000 inscritos, apenas el 2.4% ha logrado formalizarse. El 79% ha sido suspendido por no cumplir requisitos básicos como presentar instrumentos ambientales, declarar producción o contar con un contrato de explotación válido. Un sistema disfuncional que ha sido utilizado como escudo por quienes nunca buscaron formalizarse.
“La minería ilegal se escuda en la informalidad para operar con total impunidad”, alerta Ramón Escobar, del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS). El principal cuello de botella, según Escobar, es la imposibilidad de firmar contratos de explotación. “El 95% de los mineros artesanales trabaja en concesiones de terceros, lo que genera conflictos con la minería formal y bloquea la ruta a la legalidad”, explica.
A la par, entre 300,000 y 500,000 personas operan completamente al margen del sistema, según ComexPerú. Este universo paralelo ha tejido una red económica ilícita tan robusta que representa hasta el 74% de la producción de oro de la minería artesanal en el país.
Pataz: el espejo más brutal de una economía criminal
El reciente asesinato de 13 mineros informales en Pataz, región La Libertad, expuso con crudeza la violencia estructural que acompaña a la minería ilegal. Bandas armadas disputan territorios, secuestran trabajadores y controlan con explosivos los accesos a las minas. La minera Poderosa ha denunciado al menos 39 homicidios en los últimos años, además de 25 zonas tomadas por criminales que operan a plena vista.
La situación ha obligado al Gobierno a declarar estado de emergencia, imponer un toque de queda y suspender todas las actividades mineras en la provincia. Pero estas medidas, más reactivas que estratégicas, parecen insuficientes ante una mafia profundamente enraizada.
Impactos que desbordan lo económico
La minería ilegal no solo socava la economía formal, también arrasa con el medio ambiente y deteriora la salud pública. Un estudio del Centro de Innovación Científica Amazónica revela que más del 70% del mercurio presente en la atmósfera de Madre de Dios proviene de esta actividad. En zonas como Laberinto, las concentraciones de mercurio en el aire superan hasta en 8.000 veces los límites permitidos por la OMS.
Además, imágenes satelitales y sensores de CO₂ utilizados por la Universidad de Chicago han confirmado que zonas con fuerte presencia de minería ilegal muestran ingresos per cápita más altos que el promedio nacional, pero también una mayor concentración de actividades ilícitas y violencia.
Fiscalización: entre avances puntuales y debilidades estructurales
Frente a este escenario, algunas instituciones han intensificado acciones. La SUNAT, por ejemplo, ha intervenido más de 146.000 vehículos y 85 plantas procesadoras solo en 2025. Ha incautado 9.536 toneladas de mineral y 339 toneladas de insumos químicos. Sin embargo, las acciones siguen siendo fragmentadas y reactivas.
Andrea Buitrago, directora ejecutiva de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), resume el problema: “No tenemos un sistema de medición integral. Sin datos claros, no podemos diseñar ni evaluar políticas efectivas. El uso de imágenes satelitales o drones ha permitido avances, pero sigue siendo insuficiente”.
¿Una nueva ley para perpetuar el caos?
El Congreso discute actualmente la Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala), que busca reemplazar al REINFO. Sin embargo, varias iniciativas legislativas en juego —algunas respaldadas por el Bloque Magisterial y Fuerza Popular— apuntan a mantener los beneficios del registro sin control efectivo. Esto podría generar un sistema de “formalización perpetua” y poner en riesgo la seguridad jurídica de la minería formal.
“El principal riesgo es que la ley reconozca a terceros el derecho de explotar concesiones inactivas, lo cual puede abrir la puerta a invasiones y conflictos legales”, advierte la abogada Nathalie Málaga, de DLA Piper Perú. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha pedido que el foco esté en crear un marco técnico y regulatorio nuevo, sin repetir los errores del pasado.
El costo de no actuar
La minería ilegal de oro ya no es un problema marginal. Es un sistema económico paralelo que moviliza miles de millones de dólares, captura territorios, degrada el ambiente y erosiona la gobernabilidad. Su expansión amenaza con deslegitimar la minería formal, aumentar los conflictos sociales y profundizar la crisis ambiental.
Cerrar el REINFO, implementar un sistema robusto de trazabilidad, invertir en fiscalización inteligente y construir una política estatal coherente ya no es una opción: es una urgencia.
