Derechos humanos - Desarrollo económico

Inseguridad ciudadana pone en riesgo democracia y crecimiento económico nacional

Las cifras son claras en relación a la ola de inseguridad ciudadana y criminalidad que vive el Perú. Según el INEI, 9 de cada 10 personas temen ser víctimas de un delito en los siguientes 12 meses. Los efectos de este escenario no se han limitado al estado de alerta constante en el que vive la población, sino que también viene impactando en la economía y lo podría hacer en nuestro sistema político.

¿Pero en dónde se hallan las causas de esta coyuntura? Para Nicolas Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, estas se relacionan con que Perú es un proveedor de recursos para ciertas actividades ilegales. Por ejemplo, sucede con la producción de hoja de coca y la presencia de yacimientos de oro para el narcotráfico y la minería ilegal, respectivamente.

“Tiene que ver con algunas posibilidades de producir insumos básicos para mercados ilegales. Eso se puede observar en términos de oportunidades delictivas”, indica.

El especialista añade que un segundo factor determinante es la gran tasa de informalidad que existe en el país, caldo de cultivo para actividades delictivas. En ese sentido, Noam López, profesor del Cisepa de la PUCP, señala que la falta de planificación urbana, así como la desigualdad y un comercio fuera de los márgenes de la formalidad han influido en la inseguridad. “Ciertas ciudades han crecido desorganizadas, sin necesariamente garantizar el bienestar y la seguridad de las personas”, afirma. El aspecto político ha profundizado también este escenario nacional. Nicolas Zevallos refiere que experimentar seguidamente crisis políticas ha generado que sea inviable tomar medidas de largo plazo. A ello se suma el continuo cambio de autoridades como ministros o mandos policiales.

Ibis Villalobos, especialista en Gerencia Pública y Criminología, reflexiona en torno al rol de autoridades como los ministros. Señala que la volatilidad en sus cargos se debe a una falta seria de compromiso con la ciudadanía: “Cada vez que se presenta una alerta por algo, se ponen a sueldo del enemigo o buscan cuidar la imagen del Gobierno, desbocándose con medidas muy de carácter político mediático. Es imposible verlos como ciudadanos preocupados”.

Emprendimientos y sistema democrático

Los principales sectores afectados por la inseguridad ciudadana y criminalidad son dos que mueven gran parte de la economía peruana: los emprendimientos y la minería. En el caso de los primeros, según Produce, las micro y pequeñas empresas representan más del 99 % del tejido empresarial.

“Los emprendedores son el canal de distribución económica de la clase media. No obstante, son también las víctimas más críticas porque generan trabajo y alimentan la cadena de pagos. Hay que entender lo que sucede como una barrera para el desarrollo”, hace hincapié Nicolas Zevallos.

Cifras como las del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Videnza Instituto dan cuenta de que solo en el 2023 las pérdidas por criminalidad e inseguridad en el Perú se calcularon en 35 000 millones de soles. Esto hubiera representado un crecimiento del PBI similar a un 3 %.

“Se sabía que este escenario venía en aumento, que claramente había una expansión de mercados ilegales, presencia de redes criminales”, manifiesta el representante del Instituto de Criminología.

Sin embargo, el impacto negativo no se ciñe a lo económico, sino que puede poner en peligro la noción de democracia en el país. Nicolas Zevallos indica que estudios del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) e Ipsos revelan que el 24 % de personas estaría de acuerdo con un gobierno autoritario ante la ola de inseguridad. Asimismo, 8 de cada 10 peruanos respaldarían suspender los derechos civiles y apoyaría el control militar.

“La libertad y los derechos son las bases de la democracia. La criminalidad está llevando a justificar e incluso exigir un líder con mano dura que no le importe el Estado de derecho, con tal de que solucione este problema. Eso es un enorme riesgo de cara a la estabilidad democrática a largo plazo”, agrega.

Dentro de una conceptualización amplia de democracia, Noam López comparte esta perspectiva, y complementa con que validar estas prácticas tiene vínculo también con lo mediático que ha sido la figura del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Ante la falta de respuestas efectivas, las personas son más propensas a considerar ese tipo de acciones.

“Me parece que todavía no hemos agotado las herramientas disponibles en nuestro sistema político para poder combatir el delito”, afirma.

Asimismo, detalla otra situación preocupante en relación: la infiltración de la criminalidad en el ámbito público a través del financiamiento político: “Pueden ganar elecciones, lo cual hace posible que se favorezcan a ciertos actividades ilegales”.

En búsqueda de soluciones

Comenzar a reducir los altos grados de inseguridad ciudadana y criminalidad necesita como basamento la articulación entre los actores y la ejecución de políticas públicas eficientes. Ibis Villalobos explica que para que estas últimas funcionen deben existir indicadores que reflejen fidedignamente el escenario a resolver.

“Con frecuencia faltan indicadores óptimos y mientras el tomador de decisiones no disponga de ellos, se aplican los aproximados, se repite lo conocido o se cometen graves errores. Es el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski que abrió la puerta a la migración, un acto generoso que corresponde hacerlo por reciprocidad y solidaridad, pero aquella decisión política carecía de respaldo técnico, planificación y estrategia”, apuntala.

Por otra parte, Nicolas Zevallos sostiene que es indispensable la coordinación entre Policía, Fiscalía, Poder Judicial y sistema penitenciario. Lamenta que, en la actualidad, entre las dos primeras haya una tensión continua que se agudiza también con la crisis política.

“Además, es necesario un acompañamiento del Ministerio del Interior a los Gobiernos locales, a los alcaldes que son los líderes políticos en sus regiones. Las municipalidades pueden acompañar logísticamente y operativamente la labor policial con equipamiento e infraestructura”, resalta.

En definitiva, la inteligencia y la prevención son claves en todo este contexto. Noam López menciona que es importante el análisis de datos para la planificación y la implementación de programas preventivos. Empero, subraya que la Policía cuenta con muy poco presupuesto para este tipo de acciones en todo el año.

Para finalizar, Ibis Villalobos, desde otra arista, comenta que más allá de preguntarse sobre cuáles son las consecuencias de este escenario complejo de inseguridad, habría que hacerlo también por si son estas primeras el origen de la segunda. Es aquí donde queda mucho por avanzar en el país.

“¿Qué tanto afecta la desigualdad social, la crisis ambiental y la inseguridad económica endémicas de nuestro país a los objetivos de la seguridad ciudadana? Porque son las primeras las causas de esta última, y no al revés”, finiquita.