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Conflictos Sociales y Minería: Puntos claves para entender una compleja realidad

En la actualidad, un gran porcentaje de los conflictos sociales tienen que ver con la minería en nuestro país. En este contexto, es preciso tener una adecuada mirada sobre este difícil tema, el cual necesita medidas urgentes para su destrabe.

POR RENZO ROJAS
rrojas@stakeholders.com.pe

 

Mucho se habla sobre los conflictos sociales en el Perú, dada la dimensión especial que cobran estos en todo el territorio nacional. Sin embargo, también se desconoce sobre algunos aspectos básicos que, en definitiva, son necesarios para poder comprender las circunstancias y proponer soluciones al respecto. Parte de este entendimiento está muy relacionado a las estadísticas que, en un inicio, direccionan este proceso importante; pero queda claro que siempre existe algo más que analizar.

Para iniciar, es necesario que sepamos definir qué es un conflicto social, para así desterrar ciertas percepciones sesgadas; como, por ejemplo, relacionar al conflicto social puramente a un proyecto minero y a los episodios de bombas lacrimógenas, muertos, heridos, etc. Por ende, es preciso señalar que tienen una tipología variada, que van desde temas socioambientales – los más comunes – hasta de derechos laborales y demás.

Lo anterior, también va de la mano con estereotipar al conflicto social como un acontecimiento de índole negativo; donde lo único que hay que resaltar, por parte de algunos sectores de los medios de comunicación y de la sociedad, son las variopintas escenas de violencia presentadas en las pantallas. A propósito, Rolando Luque, adjunto para los Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, brindó para este informe un cariz muy distinto del convencional sobre el conflicto social.

“Evaluar la conflictividad desde los valores positivo y negativo, no es correcto. La interpretación que tiene la Defensoría del Pueblo sobre el conflicto social es que es la oportunidad para el cambio social. Nosotros no vemos el conflicto como una especie de patología social, sino como parte del lenguaje en el que se expresan sectores de la sociedad cuando tienen algunas demandas que plantear, cuando quieren ser críticos del comportamiento del Estado o del mercado, y cuando quieren demostrar alguna insatisfacción que tienen dentro de la realidad nacional”, señaló.

Por consiguiente, se colige que no hay que confundir conflicto y violencia, dos términos con significantes muy distintos; pero que a nivel de significados se ha acostumbrado a relacionarlos muy estrechamente.

La conflictividad social en la minería

Según el Reporte de Conflictos Sociales N⁰185, que presenta mensualmente la Defensoría del Pueblo, hasta el mes de julio del presente año son 184 conflictos sociales vigentes en el Perú. De ellos, 135 se encuentran activos y el resto latentes; es decir, en más del 70 % de estos es posible percibir el desacuerdo entre los actores involucrados. De igual manera, su evolución tampoco muestra una disminución clara: en los últimos años, la cantidad de ellos ha oscilado siempre entre los 180 y 200 (Ver cuadro 1).

Haciendo un puntual énfasis en los concernientes a la minería, 62 son los casos activos registrados hasta la fecha, listado en el que se encuentran coyunturas mediáticas como las de Tía María y Quellaveco.

No obstante, y ante un escenario poco alentador, el Perú se mantiene a la cabeza en la producción minera de ciertos metales a nivel latinoamericano y mundial. Por ejemplo, según el Mineral Commodity Summaries 2019 de la U.S. Geological Survey, somos los primeros productores de oro, zinc, plomo, entre otros minerales, de Latinoamérica; a la vez que estamos en el Top 10 de los mismos en el planeta (Ver cuadro 2).

Cálculos reconfortantes, pese a que la actividad minera tiene una conflictividad considerable. Entonces, ¿por qué esta recurrencia de los conflictos sociales en el sector?

Augusto Cauti, viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), dialogó con Stakeholders y señaló perspectivas sobre esta cuestión.  “En muchos casos tienen que ver con reclamos de las poblaciones que traen años de retraso, en cuanto a déficit de infraestructura y de servicios públicos. Entonces, cuando llega un proyecto minero se generan reclamos a este, que no necesariamente tienen que ver con sus actividades. Pero también existen algunos casos puntuales, donde sí algunas empresas no han podido elevar sus estándares a lo que hoy en día se exige a la actividad minera, hablamos de estándares tipo socioambiental”.

Análogamente, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), compartió un punto de vista parecido al del viceministro, aunque fue agudo en recalcar el rol que el Estado debe de asumir. “Guarda más relación con la precariedad institucional, que con la actuación pública nuestra. No es posible que, a pesar de todos los recursos transferidos vía canon, que son 40 mil millones de soles en la última década, sigamos arrastrando los enormes déficits en acceso a servicios básicos como salud, educación, electrificación, agua y saneamiento. La persistencia de esas enormes brechas, en materia de bienestar, es lo que genera una enorme asociación por parte de la población de la zona minera, que es consciente de los enormes aportes que se han generado; sin embargo, a la vez tienen que soportar el hecho de que sus condiciones de vida no hayan variado de manera significativa”, detalló.

¿Puede afectar la conflictividad a la inversión minera?

Según el Boletín Estadístico Mensual Minero de la SNMPE, la etapa enero – junio del 2019 tuvo una variación positiva de 26,2 % en la inversión minera en comparación con el mismo período del año pasado, debido a los proyectos que han venido desarrollándose (Ver cuadro 3); sin embargo, las exportaciones han sido 11,1 % menos en el mismo lapso del 2018 (Ver cuadro 4).

Así, escenarios conflictivos en el sector pueden afectar a proyectos potenciales y, por lo tanto, frenar las inversiones. Para el director ejecutivo de la SNMPE, el gobierno debe ser escrupuloso a la hora de abordar los conflictos para no afectar al desarrollo de la inversión.

“Los inversionistas vienen observando con especial cuidado lo que está pasando en el país sobre la conflictividad. Esto genera importantes dudas entre los distintos sectores interesados en invertir en el país, indudablemente eso viene dándose. De ahí, le doy importancia a tener cuidado a cómo vienen manejándose este tipo de conflictos sociales y lo que el Estado pueda actuar de manera prudente, pero a la vez con firmeza; para asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho y el imperio de la ley. De lo contrario, estas condiciones van a devenir en el desinterés de las empresas por esperar definir la ejecución de los proyectos en el país, esto es una coyuntura muy compleja y el Estado debe tener especial cuidado”, explicó Pablo de la Flor.

En una posible hipótesis, lo acontecido en Tía María podría ser el estimulante de la reactivación de otros conflictos en el sector que pudieran afectar a las inversiones en un largo plazo. Dada la estadística mencionada en el Reporte de Conflictos Sociales, tengamos en cuenta que hay catalogados casos nuevos como el de Champamarca, Pasco, relacionados a la minería. En ese sentido, el viceministro abordó este supuesto efecto “contagiante” de los conflictos y expuso cómo va el desenvolvimiento de esta rama económica.

“Las operaciones, que están en un curso normal, se vienen reinvirtiendo porque son las que se mantienen y siguen operando, ahí tenemos a un sinnúmero de empresas. En cuanto a los proyectos que están en construcción, hay también ejemplos, ahí tenemos a Mina Justa en Ica de más de 1600 millones de dólares, la ampliación de Toromocho en Junín y más. Donde podría sí a ver una afectación, es en la inversión de los nuevos proyectos, esa es la parte que nos toca como sector público y también al privado, ver qué acciones o medidas reforzar para encaminar estas inversiones y que nuestro país crezca”, aseveró.

¿Sobre si podría tener un trasfondo político la conflictividad? El funcionario no lo niega. “Tampoco descartemos que en algunos lugares específicos se está dando un tema político, se utiliza también políticamente a la minería como excusa para levantar una bandera que tiene un trasfondo político, que no necesariamente tiene que ver con la actividad, pero se está generando un rédito político a ciertas personas”, complementó.

¿En qué debemos trabajar?

La implementación de los proyectos mineros tiene como protagonistas a tres actores fundamentales: la empresa privada, el Estado y la comunidad. Empero, es menester labrar una relación positiva con los vecinos de la zona de intervención desde los inicios. Para ello, existen los mecanismos de participación ciudadana, que en su aplicación el Perú tiene un balance desfavorable. El adjunto de la Defensoría del Pueblo para los Conflictos Sociales y la Gobernabilidad consideró que estos mecanismos deben de contar con gran presencia del Estado, a la vez que la empresa debe ver en ellos la oportunidad adecuada de fortalecer lazos con la comunidad.

“Los mecanismos de participación ciudadana, en general en el Perú, no son lo suficientemente efectivos como para garantizar que la población sea escuchada por la empresa antes de que se apruebe el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La licencia social no es otra cosa que los mecanismos de participación ciudadana, pero estos en nuestra legislación ponen el acento en los temas ambientales”, agregó.

Igualmente, en su criterio es imperioso que los EIA tomen en cuenta con mayor profundidad a los aspectos sociales y no estén basados solamente en los ambientales. En esa misma línea, se debería evitar ver a la participación ciudadana como un obstáculo a superar para finalmente hacer a un proyecto viable.

“Entonces, en el EIA uno encuentra que el 80 % a 90 % de los aspectos están concentrados en el orden ambiental y unos cuantos párrafos al tema social. Es decir, nos estamos preocupando en los temores de la población que es el impacto ambiental, y no nos estamos preocupando por las expectativas de la población, y es ahí donde se discute el desarrollo, los temas sociales: qué beneficios va traer explotar un yacimiento minero para la población. Se dice simplemente que la empresa se compromete a contratar a la gente de la zona, falta una serie de indicadores”, enfatizó.

Visión de la Minería al 2030

Para trabajar en relación al meollo que convoca la conflictividad en la minería, el Estado viene interviniendo mediante la creación de ciertas dependencias. Esto, en el marco de que el 4 de setiembre del 2018 se realizó la primera reunión del Grupo Visión Minería 2030 (GVM 2030), que articuló a representantes del Estado, de las empresas, de la academia y de la Sociedad Civil. En dicho evento, se sincronizaron líneas estratégicas para el futuro de la minería en el Perú de acá a una década: “Al 2030, la minería en el Perú es inclusiva, está integrada social, ambiental y territorialmente, en un marco de buena gobernanza y de desarrollo sostenible. Se ha consolidado como una actividad competitiva e innovadora y goza de la valoración de toda la sociedad”, sintetiza el Anuario Minero 2018 del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

De esta manera, se ha tramitado direcciones como la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera, la Oficina General de Gestión Social y también los Comités de Gestión e Información. El viceministro de Minas lo resaltó: “Nosotros como objetivo tenemos promover las inversiones mineras sostenibles y eso, desde el viceministerio de Minas, tiene que ver con la parte ecológica, económica y social. Puntualmente a lo que corresponde al tema social, a nosotros nos toca ver que las empresas tengan un buen relacionamiento con sus entornos, especialmente con el de influencia directa del proyecto”, señaló.

Acciones importantes, que deben de seguir su curso en favor de la disminución de los conflictos sociales en el Perú; donde el papel del Estado sea preponderante y de facilitador en el contacto entre los inversionistas y los habitantes de la zona de operación. Pablo de la Flor valoró el alcance que tiene el gobierno.

“Sin esa dinámica será muy difícil que las empresas puedan de manera autónoma hacer demasiado sobre la problemática de la conflictividad, creemos que la actuación pública en ese sentido es fundamental para resolver esta cuestión. No obstante, las empresas deben seguir insistiendo en la mejora de su relacionamiento con las comunidades en sus zonas de influencia, para ir afinando y mejorando su comunicación de los distintos grupos de interés con los que se involucra”, recalcó.

Mejorar la institucionalidad es apremiante y Rolando Luque lo reconoce, en tanto que la minería es una actividad de la que el Perú obtiene grandes beneficios económicos en aportes como el Canon Minero, Regalías Mineras y Derecho de Vigencia y Penalidad.

“¿Qué ha ocurrido en estos 10 años? No podemos decir que ha habido un impacto fuerte en el descenso de la conflictividad social, allí están los números, esta sube y baja. Solo podemos hablar de un descenso importante cuando haya reformas institucionales y los propios mecanismos regulares del Estado puedan resolver la conflictividad social y no se necesiten de mesas de diálogo, ni mesas técnicas; es decir, eso funcione dentro de la institucionalidad, pero no la tenemos, aunque hay un proceso en marcha”, aseguró.

La fisionomía de los conflictos sociales hace que abordar su dificultad, más allá de ser una manifestación dentro de los cauces democráticos, sea compleja y que necesite de aportes interdisciplinarios para su resolución. Se requiere de debates, colaboraciones y sólidas articulaciones para generar propuestas que ayuden asistir y familiarizar los proyectos mineros con la población. Esperamos que pronto el Perú encuentre su rumbo saludable en el sector, en un plazo en el que el Bicentenario de la República se aproxima como una fecha importante.