Informes
Barranco: La controversia por la instalación de rejas en playas públicas ¿Es legal restringir el acceso?
La instalación de rejas entre las playas Sombrillas y Agua Dulce por parte de la Municipalidad de Barranco ha desatado una fuerte polémica. Mientras las autoridades argumentan razones de seguridad y orden, vecinos y organizaciones cuestionan si la medida vulnera el derecho al libre tránsito y al acceso a los espacios públicos. Expertos en derecho analizan la legalidad de esta restricción y las posibles acciones para revertirla.
Por Denisse Torrico
Lectura de:
La reciente instalación de rejas entre las playas Sombrillas y Agua Dulce, en el distrito de Barranco, ha encendido el debate sobre el derecho al libre acceso a los espacios públicos y las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades locales. La Municipalidad de Barranco ha defendido la medida argumentando que busca garantizar el orden y la protección de los ciudadanos, pero organismos como la Defensoría del Pueblo han solicitado un sustento técnico y legal para justificar esta decisión.
De acuerdo con la Dra. Elena Vera, abogada civilista del estudio Ugaz Zegarra, la Constitución Política del Perú, en su artículo 2, inciso 11, establece que el derecho al libre tránsito es fundamental y abarca la facultad de los ciudadanos de ingresar, salir y desplazarse por el territorio nacional, incluyendo los espacios públicos como las playas. En esta línea, la Ley N° 26856 estipula que las playas son bienes de uso público y su acceso debe ser libre, salvo en casos excepcionales.
LEA TAMBIÉN: Playas Los Yuyos y Las Sombrillas son declaradas intangibles ¿Qué significa esta medida?
¿Seguridad o restricción injustificada?
La Municipalidad de Barranco sostiene que la instalación de rejas responde a motivos de seguridad y orden. No obstante, la Dra. Vera advierte que cualquier restricción a un derecho fundamental debe estar debidamente justificada y ser proporcional al objetivo que busca. «El Tribunal Constitucional ha sido claro al establecer que las playas son bienes de uso público y su acceso no puede ser restringido arbitrariamente», señaló para Stakeholders.
Según la especialista, los casos en los que una municipalidad podría limitar temporalmente el acceso a una playa incluyen emergencias sanitarias, desastres naturales o situaciones que pongan en peligro la seguridad de los ciudadanos, como oleajes anómalos o riesgo de contaminación. Sin embargo, añade que «para que una restricción como la de Barranco sea legalmente válida, debe contar con informes técnicos y legales que sustenten su necesidad y proporcionalidad».
LEA TAMBIÉN: Verano 2025: Descubre qué playas son saludables en Lima y otras regiones del Perú
Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha solicitado a la Municipalidad de Barranco presentar evidencia que justifique la colocación de las rejas. Entre la documentación que podría exigirse están informes técnicos sobre riesgos de seguridad, estudios de impacto y propuestas de mitigación.
Si se llegara a determinar que la instalación de las rejas vulnera derechos fundamentales – señala – los ciudadanos y colectivos afectados podrían interponer una acción de amparo, presentar denuncias ante la Defensoría del Pueblo o solicitar la intervención del Tribunal Constitucional.
¿Segmentación social en el acceso a las playas?
Algunas voces críticas han sugerido que la medida podría responder a una intención de segmentar el acceso a las playas según criterios socioeconómicos. La Dra. Vera sostiene que «para que exista un argumento de discriminación, se tendría que demostrar que la medida afecta desproporcionadamente a ciertos sectores de la población y que no existe una justificación razonable para su implementación».
LEA TAMBIÉN: Susy Díaz recrea su icónico video viral para campaña a favor del reciclaje en las playas
Para conciliar la seguridad con el libre acceso a las playas, la especialista sugiere medidas alternativas como la instalación de cámaras de vigilancia, mayor presencia policial y municipal, y campañas de concientización. «Las restricciones deben ser justificadas, proporcionales y temporales; de lo contrario, se estaría vulnerando el derecho de los ciudadanos al disfrute de los espacios públicos», concluye.
A medida que el debate continúa, se espera una respuesta oficial por parte de la Municipalidad de Barranco que esclarezca la base legal de la medida y garantice el respeto al derecho de acceso a los espacios públicos.
